Ha pasado un año y tres meses desde que Manuel salió libre del penal La Esperanza, conocido como "Mariona", luego de pasar 15 meses detenido injustamente. Él fue el tercer hermano, de los cinco capturados, en lograr su libertad luego de que un juez lo declarara inocente por no tener ningún vínculo con pandillas ni antecedente penal alguno.
Los primeros en salir fueron sus dos hermanos Chepe y Antonio. Ellos pasaron cuatro meses detenidos en los cuales los alimentaron solo un plato de arroz blanco rancio al día; y por eso, cuando salieron, lucían irreconocibles incluso para sus padres, ya que de los hombres fornidos que trabajaban en construcción, abriendo pozos y cultivando, solo resaltaba la piel tensada sobre huesos.
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Edwin y Miguel Ángel, los hermanos de mayor edad, aún se encuentran en prisión.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Una vez en libertad, los tres hermanos se han ido recuperando físicamente, pero aún persisten los hongos en la piel, de los que se contagiaron en la cárcel y que les afectan sobre todo las zonas íntimas.
El padre de todos ellos, Aquiles, tuvo fe de que sus hijos serían encontrados inocentes de cargos y se empeñó en hacer todo tipo de trabajos en terrenos ajenos para que una vez sus hijos volvieran a casa, ya tuvieran un lugar donde trabajar también.
Así que ahora tienen a su cargo seis terrenos en los que cultivan y pagan el arrendamiento con parte de la cosecha. Un terreno es para Aquiles, tres lotes son para Chepe, Antonio y Manuel; los otros dos restantes son para Edwin y Miguel Ángel, y como ellos están presos, los demás hermanos les dan mantenimiento en espera de que vuelvan a casa.
El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consigna que entre el 27 de marzo de 2022, fecha del inicio del régimen de excepción, hasta inicios de noviembre de 2024, 73,000 personas habían sido detenidas bajo el régimen de excepción, a la mayoría de los cuales se les mantiene en prisión preventiva. La CIDH fue enfática en recomendar al Estado salvadoreño derogar dicha medida.
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El documento indica que durante el primer año de vigencia del régimen de excepción fueron perpetrados 4,825 detenciones arbitrarias, 402 casos de torturas y 193 desapariciones forzadas, entre otros detalles.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Edwin y Miguel Ángel, con carta de libertad pero siguen presos
Actualmente tienen casi tres años de estar en el penal Mariona, pero según la última conversación que tuvo Mercedes, la madre de los jóvenes, con el abogado de oficio de la Procuraduría General de la República (PGR), ellos ya cuentan con una carta de libertad y por esto les anunció que ya no trabajaría en los casos de la familia Rivera.
El defensor ha visto los casos de los cinco hermanos, así que Chepe, Antonio y Manuel lo conocen, al menos su nombre, porque nunca lo han visto en persona, a pesar de que el abogado decía a los padres que estaba presente en las audiencias y, al parecer, no era así.
Antonio recuerda que cuando él y Chepe tenían ya una semana de estar de regreso en sus casas, el abogado llamó a su madre para decirle que les harían una audiencia especial. "Nosotros ya en la casa y él ni tenía idea", comentan Antonio y Chepe.
A pesar de este y otros desencuentros con el abogado, no le recriminan por su trabajo, sino de estar sobrecargado con responsabilidades que no puede cumplir. "Los abogados defensores que llegaban a las audiencias no iban solo por un caso, sino que miraban a un montón de personas. Era lógico que, si entre tantas personas juzgadas al mismo tiempo había un pandillero, la sentencia iba a ser que debíamos de seguir todos detenidos", dijo Antonio.
A principios de octubre, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular llegaron a la Corte Suprema de Justicia para entregar un escrito con múltiples denuncias sobre restricciones e incumplimiento de órdenes judiciales.
Samuel Ramírez, de MOVIR, explicó en esa ocasión que el movimiento de víctimas cuenta con información de jueces y abogados de que hay aproximadamente 20,000 cartas de libertad que no han sido acatadas por los centros penales. Una de ellas el caso de los dos hermanos Rivera aún en prisión.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Según una memoria de labores elaborada por la PGR, desde junio de 2022 hasta mayo de 2023, la institución pública recibió a alrededor de 548,078 personas buscando asesoría legal pública. De estas resultaron 46,261 personas beneficiadas con el servicio de defensa; es decir, se aceptó el caso y se buscó defender a un acusado de distintos delitos. De todos esos casos solamente 12,726 resultaron favorables, lo que significa que se logró llegar a un acuerdo de libertad condicional o bjao fianza solamente en el 27.8% de todos los casos.
Al tener solamente a 27 personas destinadas a la defensa pública, cada uno de ellos debió tener alrededor de 168 casos. Esto solamente como un aproximado, ya que la memoria de labores no menciona ese dato concreto.
Además, en septiembre del presente año, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció que más de 300 empleados de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron notificados de la cesación de sus funciones y les solicitaron una carta de renuncia voluntaria. Lo cual ha generado más congestionamiento de casos en un solo defensor público.
La última persona de la que han tenido algo de información sobre Edwin y Miguel Ángel ha sido precisamente de Manuel, quien pudo encontrarse con ellos cuando aún estaba preso en algún taller o charlas que recibían juntos los reos en el penal La Esperanza.
No los vio con la salud deteriorada, pero igual se siente preocupado, porque conoce las condiciones dentro de la cárcel y cómo son tratados los reos por los custodios.
Foto EDH/ Francisco Rubio
En ese afán por tener información actualizada del estado de salud de los detenidos bajo el régimen, esta semana, familiares de personas capturadas presentaron un escrito ante la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para solicitar que se reactiven las visitas en las cárceles. Los parientes quieren saber si sus familiares siguen vivos.
En general, los hermanos Rivera no se sienten cómodos hablando de sus recuerdos de la estadía en la prisión y expresamente piden que no se les pregunte sobre eso, que prefieren seguir adelante con sus vidas.
Aquiles, por su parte, se lamenta por lo que pasaron y lo que deben estar pasando sus otros hijos. Él sabe que son jóvenes trabajadores. Para evitar que las pandillas de su original Zacatecoluca los asesinaran por no querer unírseles, huyeron a Santa Clara, pero no contaban con no ser bien recibidos por los nativos; el hecho de ser varios varones y jovencitos hacía pensar que se podía tratar de pandilleros que huían de otro lugar.
Al poco tiempo de su llegada al nuevo cantón hubo un robo de un par de gallinas y los hermanos fueron los primeros sospechosos. Ese acontecimiento además de rumores se prolongaron hasta el inicio del régimen de excepción, cuando por medio de una llamada anónima fueron denunciados de ser pandilleros.
A pesar de haber logrado su libertad, la policía de la zona aún los acosaba y amenazaba con que, si llegaban a cometer delito o si los encontraban en un lugar sospechoso, los volverían a encerrar.
Los hermanos Rivera tienen fe de que pronto estarán todos reunidos. Aquiles comenta que, durante la infancia de sus hijos, siempre les inculcó que debían de estar siempre juntos, apoyarse el uno con el otro y es algo que han cumplido hasta la fecha, ya que siempre que uno de ellos necesita ayuda, los otros no dudan en brindar ambas manos.