La recompra de $1,031 millones en bonos por parte del Gobierno de El Salvador gracias a una garantía del banco de desarrollo internacional de Estados Unidos es vista por economistas consultados como un reconocimiento tácito de que no existía un mecanismo de mercado que pudiera resolver esa necesidad de hacer un roll-over, es decir, lanzar hacia adelante los vencimientos de la deuda pública.
Para el salvadoreño Otto Rodríguez, vicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR) en el primer año de la administración Bukele, y para el guatemalteco Miguel Gutiérrez, de la Fundación Economía para el Desarrollo, El Salvador es un país prácticamente insolvente.
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El préstamo es del banco JP Morgan (de unos $940 millones), pero lo garantiza el gobierno de los Estados Unidos a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC). Esto es por si El Salvador no es capaz de pagarlo. Este aporte se hace en concepto de seguro de riesgo político (PRI).
En términos sencillos, la nación norteamericana ocupa el lugar que en un crédito personal tiene la figura del "fiador", aquel que pone su nombre como aval a quien no puede garantizar una deuda por sí mismo. Aunque, en este caso, el respaldo es en dinero, exactamente $1,000 millones, como si usted garantizara, por ejemplo, una deuda con el monto de una cuenta de ahorro a plazos.
Además, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) proporciona una Carta de Crédito Standby (SBLC) de $200 millones. Esto último, la SBLC, se utiliza como "segunda fuente de pago", lo que significa que el banco cancelará esa suma solo si el cliente no puede cumplir con sus obligaciones financieras.
"No es una figura común. Es un instrumento ad-hoc para dar oxígeno a las restricciones eventuales que se dan en el acceso al crédito en el mercado internacional, que terminan encareciendo más el "roll over" de la deuda. En ese sentido, es un 'second best' del 'roll over' de la deuda que bajo circunstancias normales se podría hacer en el mercado internacional", comenta Rodríguez.
De allí que haya tenido la necesidad de que otro Estado, a través de una de sus agencias, le arrojara esta suerte de salvavidas, que le permitirá enfrentar mejor sus compromisos, sobre todo los más inmediatos.
En efecto, el del vencimiento más cercano, el de 2027, fue el que se adquirió en un porcentaje más importante, el 38.8%. En total, el gobierno recompró $245.7 millones de los $633.1 millones que todavía estaban en circulación, por lo que han quedado pendientes para pagar en ese año un poco más de $387 millones. Otros $167 millones fueron recomprados en la operación de recompra de abril con la emisión de $1,000 millones en bonos.
Es un alivio importante si se toma en cuenta que, en el 2027, el Gobierno deberá volver a pagar los intereses y capital de su deuda con el Fondo de Pensiones, para la que contó con un periodo de gracia de cuatro años. Son en torno a $600 millones anuales, que podrían ampliarse debido a los años en el que el Gobierno no pagó.
Según el economista guatemalteco José Luis Moreira, para hacer atractivo el que inversionistas aceptaran vender sus bonos fue necesario que El Salvador ofreciera comprarlos a un precio un poco mayor que el de mercado. Para hacerse una idea, el de 2052 se pagó a $97 a pesar de que en ese momento valía unos $94.
"Eso es parte del incentivo. El Gobierno está ofreciendo una ´prima´, como se le dice popularmente, para que los inversionistas decidan poner los bonos a la venta para que el Gobierno los pueda sacar de circulación", comenta Moreira. Sin embargo, para Otto Rodríguez estas operaciones de recompra pueden convertirse en un arma de doble filo.
"Es conveniente para salir del atasco y lograr un poco de oxígeno, mejorar la imagen de que un gobierno de los grandes le está dando un salvavidas, que podría interpretarse como señal de confianza. Pero implica que no puede abusar de esa figura, porque entonces el mercado internacional va a comenzar a desconfiar que siempre le van a hacer la misma jugada (comprarle a menor precio sus inversiones); y entonces el inversionista optaría en el futuro a ya no invertir en nuevas emisiones de bonos de este país", opina Otto Rodríguez.
Operación de gran magnitud y secretismo
Según el economista Rafael Lemus, nunca antes un gobierno extranjero había colaborado en un canje de deuda con El Salvador a una magnitud como esta, cercana a los $1,000 millones. Se habían reportado, por ejemplo, intercambios por una centésima parte de ese valor para destinar los fondos, por ejemplo, a Educación, como los varios realizados con el gobierno de Alemania.
El trato le ha significado un ahorro a El Salvador de $352 millones en el pago de capital e intereses y $350 millones de ellos se destinarán a la conservación del río Lempa, en una especie de "bono azul", enfocado directamente a la cuenca hidrográfica más importante del país. Por ello, ha sido catalogado como un movimiento inteligente.
Sin embargo, la arquitectura del instrumento fue llevada con total secretismo dentro de las instituciones involucradas, incluso para altos ejecutivos dentro de JP Morgan, el banco prestamista. Y al público no le han sido revelados detalles tan básicos como la tasa de interés obtenida o el plazo, aunque se intuye esto último debido a que el proyecto de conservación del río Lempa es de 20 años.
El trato tomó por sorpresa a todos aquellos que no estaban involucrados directamente en la operación. Y, sobre todo, plantea una pregunta: ¿por qué el banco de desarrollo internacional de Estados Unidos decidió avalar la deuda de un país que es, prácticamente, insolvente?
Para los economistas consultados, esto es porque el pago se respalda en los ingresos tributarios y en la voluntad del gobierno de honrar su deuda. Además, en el hecho de que no cumplir con sus compromisos significaría un golpe fuertísimo para su imagen y sería el último clavo en el ataúd del acceso a financiamiento de El Salvador.
"Tiene una presión complicada. Estados Unidos tiene una gran influencia en prácticamente todos los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Comete un pecado aquí y le sale peor. El riesgo, por tanto, es uno medido. Y se otorga a un país que está más o menos, no a uno como Argentina o Grecia", comenta el economista Rafael Lemus.
Para el experto, también es posible que en este apoyo del Gobierno de Estados Unidos haya implícitas otras razones, como evitar un enfriamiento total en la economía de El Salvador que incremente la migración hacia ese país o que el Gobierno se acerque más a naciones como China.