Familiares de personas capturadas en el régimen de excepción con el apoyo de varias organizaciones y movimientos sociales presentaron este miércoles un escrito ante la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para solicitar que se reactiven las visitas en las cárceles.
Los demandantes exigieron a las autoridades penitenciarias eliminar la restricción de visitas familiares, proporcionar información actualizada sobre la situación de salud y ubicación de los detenidos y asegurar el cumplimiento de derechos de las personas privadas de libertad de acuerdo a la Ley Penitenciaria y la normativa internacional.
"Hoy vamos a la Dirección de Centros Penales y esperamos encontrar al director general Osiris Luna, para que explique ¿por qué no permite las visitas familiares?, queremos que se permitan esas visitas, queremos saber si están vivos. En ningún país del mundo, donde supuestamente hay democracia, se restringen las visitas a las personas detenidas", manifestó Samuel Ramírez, vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir).
Los representantes de las organizaciones explicaron que la situación del régimen de excepción se ve agudizada debido a la incomunicación con las personas privadas de libertad y a la falta de información sobre el estado de salud y la situación jurídica de las mismas.
"La falta de comunicación de los internos se ha traducido en una forma de desaparición forzada, las familias reciben mínima información número al entregar los paquetes alimenticios, sin acceso a detalles de sus seres queridos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que estas prácticas pueden considerarse tratos crueles e inhumanos", alegaron.
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Por otra parte, el representante de Movir explicó que por el número de personas enfermas que están llevando a los hospitales, los que han liberado con graves afectaciones de salud y las personas fallecidas debido a la grave desnutrición, sospechan que hay una crisis humanitaria dentro de las prisiones.
"Pedimos las visitas familiares porque queremos saber cómo están estas personas en la cárcel, sabemos que hay una crisis humanitaria en las cárceles, son muchas las personas que se están muriendo y lo que sabemos es a través de las redes, es lo que se le sale al régimen, pero hay mucha información que están ocultando", agregó Ramírez.
Asimismo, Sonia Vásquez, vocera de Movir, explicó que lo que están solicitando son los derechos que están establecidos en la Ley Penitenciaria y los convenios internacionales.
"Nosotros lo que andamos pidiendo es que se nos validen nuestros derechos en este país, algo que ahorita está exento para las personas más pobres que andamos buscando justicia y pedimos que faciliten el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", declaró.
Las organizaciones presentaron el escrito dos días después de haber llevado una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que se investiguen las muertes y la condición de salud de las personas dentro de los centros penales.
En la denuncia, las organizaciones argumentaron que el Estado por medio de varias instituciones está violentado el derecho a la vida, a la integridad, a la salud y al debido proceso de las personas que han sido capturadas en el contexto del régimen de excepción, pero que no tienen vínculos con estructuras pandilleriles.
En los últimos días, Movir ha informado en sus redes sociales al menos seis muertes bajo custodia del Estado en los últimos días, entre ellos la de un joven albañil que fue liberado esquelético y moribundo.
Según datos de las organizaciones sociales, más de 320 personas han muerto bajo custodia del Estado mientras eran procesadas, en su mayoría por acusaciones de agrupaciones ilícitas, luego de ser capturadas en el régimen de excepción.
Del total de personas muertas, más del 40% se encontraban recluidas en el penal de Izalco. Sobre estas muertes, las autoridades del gobierno se han limitado a decir que no hay delitos que investigar.