Cuatro años sin sancionar vulneraciones a Ley de Inclusión

La Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad lleva cuatro años de haber sido aprobada, pero hasta ahora no puede ser aplicada porque Nuevas Ideas postergó la entrada en vigencia de su apartado sancionador por seis ocasiones.

La referida ley se aprobó en junio de 2020 y entraba en vigencia tras su publicación en el diario oficial (03 de septiembre de 2020), pero desde entonces se prorrogó la entrada en vigencia de su capítulo XVIII referente al Tribunal Sancionador.

La última prórroga se aprobó el 19 de marzo de este año y concluye el 1 de enero del próximo año. Mientras tanto, personas con discapacidad consultadas por El Diario de Hoy externaron que ocurren violaciones a los derechos de este sector poblacional y lamentaron la falta de acceso a denunciar por el aún inexistente Tribunal Sancionador.

El presidente de la Asociación de Personas con discapacidad de Tonacatepeque, Jorge Barrera, lamentó que la falta de aplicación de la ley los deje en una condición de vulnerabilidad.

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"Básicamente, esa ley no la han aprobado. Tenemos problemas, pero tratamos aunque sea a regañadientes de que se conozca con tal de favorecer a las personas con discapacidad", aseveró Barrera.

La asociación la conforman 560 personas con discapacidad y según Barrera entre las principales vulneraciones que afrontan está la falta de obtención de un empleo digno.

Rafael García, consultor en temas de discapacidad, explicó que al no tener vigente al Tribunal Sancionador los derechos de este sector de la población son como "un cheque sin fondo".

"Cuando queremos hacer efectivo ese cheque nadie puede garantizarnos ese cumplimiento. La letra es muy bonita, muy garante, pero nadie la conoce, ni siquiera los policías. En 2022 me atropellaron y el policía me echó a mí la culpa, porque dijo que no tenía que andar solo en la calle", comentó García.

"Así estamos las personas con discapacidad ahorita, en donde no se puede poner una denuncia por un parqueo de personas con movilidad reducida usurpado, falta de empleo, la vulneración en el transporte público; entonces, estamos totalmente echados a un lado", añadió.

Tema sin estudio

La última vez en que las y los diputados estudiaron el tema de la inclusión de las personas con discapacidad fue en julio de 2023 porque el gobierno así lo quiso, según el mismo oficialismo.

Nuevas Ideas aprobó prórrogas seis veces a la entrada en vigencia del capítulo que castiga las infracciones por las violaciones a los derechos de las personas con discapacidad. Según su última extensión, se prevé que inicie su vigencia el 1 de enero de 2025; la vigencia pudo haber iniciado el pasado 1 de abril, según la anterior solicitud de prórroga.

Para justificar este último plazo, la diputada Suecy Callejas, vicepresidenta de la Asamblea, aseguró que a partir de junio se retomaría la discusión, pero no fue así.

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"Esta prórroga corresponde al estudio que en este momento está en este momento por parte de la comisión de la Familia, que ha sido suspendido solamente por un momento a solicitud del Ejecutivo; pero yo les recuerdo que el presidente Nayib Bukele va a tomar posesión de nuevo el 1 de junio de 2024, por lo que el estudio continuará a partir de esa fecha", dijo el 19 de marzo de este 2024 en la plenaria ordinaria 149.

El expediente del proyecto de reforma a la ley estaba en la Comisión de La Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad; la cual fue absorbida por la nueva comisión de Niñez e Integración Social en la presente legislatura, la cual no ha retomado el estudio.

"Lo que nos habían dicho son excusas y mentiras. La comisión correspondiente ni siquiera se reúne de una forma periódica o si se convoca se suspende", expresó la diputada, Claudia Ortiz, del partido Vamos.

En 2023 la comisión de la Familia aprobó un fondo especial para las necesidades de personas con discapacidad, integrado por los recursos obtenidos de las multas que se impongan en procedimientos sancionatorios y los fondos por pago de reposición de carnés de personas con discapacidad.

Los recursos irían al fondo general de la nación y luego se trasladarían al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONAIPD).

Tribunal Sancionador

El capítulo XVIII titulado "Tribunal Sancionador, infracciones, sanciones y procedimiento" establece la conformación del Tribunal Sancionador.

"Funcionará de manera permanente e independiente y estará integrado por tres miembros… Para el ejercicio de sus atribuciones el Tribunal contará con personal técnico y administrativo, cuyo perfil será determinado por los miembros del Tribunal", establece la ley.

En su artículo 108, dedicado a los Principios del Procedimiento, se establece que las actuaciones del Tribunal se sujetarán a los principios establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos, evitando los obstáculos que impidan injustificadamente el inicio, tramitación y conclusión del procedimiento.

"Facilitando en todo momento los ajustes de procedimiento necesarios para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y sin discriminación", manda también la ley.

Los ajustes de procedimiento incluyen, entre otros, la interpretación en lengua de señas, información en formatos accesibles, medios de comunicación diversos.

También, regula sanciones pecuniarias y no pecuniarias, en faltas leves habría multas de uno a tres en salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios; de cuatro a seis salarios para infracciones graves y de siete a nueve salarios para infracciones muy graves.

Este apartado también manda al Tribunal a remitir trimestralmente al Pleno del Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) o cuando este así lo requiera, informes estadísticos con el objeto de generar diagnósticos que faciliten el monitoreo del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

"Califico al CONAIPD con una nota muy baja, abajo de cinco, porque no ha mostrado su presencia. En 2021 se intentó vetar la figura de nosotros los consultores en el tema de discapacidad, hubo un comunicado donde se decía que solo el gobierno podía trabajarlas, me parece bien complicado, ni ellos mismos lo están haciendo", apuntó García.

Barrera y Rebeca Soundy, especialista en educación especial, coinciden en que debiera haber un apoyo monetario para las personas con discapacidad con dificultades para acceder a un empleo.

"El gobierno debe apoyar a las personas con discapacidad dando una mensualidad para las necesidades básicas de la vida, porque no es fácil encontrar trabajo para las personas con discapacidad",, dijo Soundy