El Gobierno de El Salvador y la Embajada de Estados Unidos anunciaron el miércoles el acuerdo financiero de $1,000 millones para la recompra de $1,031 millones de bonos vigentes de El Salvador a descuento sobre su valor nominal, como parte de una reestructuración de su deuda pública. Se trata de un 14% de los que se pretendía adquirir, que van desde 2027 a 2052.
El préstamo es del banco JP Morgan, pero lo garantiza el gobierno de los Estados Unidos a través de su banco de desarrollo, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los EE. UU. (DFC). Esto es por si El Salvador no es capaz de pagarlo. Este aporte se hace en concepto de seguro de riesgo político (PRI).
En términos sencillos, la nación norteamericana ocupa el lugar que en un crédito personal tiene la figura del "fiador", aquel que pone su nombre como aval a quien no puede garantizar una deuda por sí mismo. Aunque, en este caso, el respaldo es en dinero, exactamente $1,000 millones, como si usted garantizara, por ejemplo, una deuda con el monto de una cuenta de ahorro a plazos.
Además, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) proporciona una Carta de Crédito Standby (SBLC) de $200 millones. Esto último, la SBLC, se utiliza como "segunda fuente de pago", lo que significa que el banco cancelará esa suma solo si el cliente no puede cumplir con sus obligaciones financieras.
Por tanto, este préstamo realizado por JP Morgan cuenta con una doble garantía externa al Gobierno de El Salvador, que no hubiera sido capaz de contratar esta deuda a menos que lo hiciera a intereses superiores al 10 %, como en los bonos que se emitieron en abril de 2024, con una tasa del 12%. Esto es porque, según explica el economista Carlos Acevedo, el riego país de El Salvador todavía es alto.
El representante del CAF en El Salvador, Oscar Avalle, ilustró que el hecho de que el banco de inversión de Estados Unidos garantice la operación permitió que se obtuviera una tasa "acorde al AAA" que tiene esa entidad. No fue preciso en el número, pero debe ser inferior al 5%.
La calificación de AAA es para entidades con "capacidad extremadamente fuerte de cumplir con sus obligaciones financieras". El Salvador cuenta con una CCC, que considera al país "actualmente vulnerable y dependiente de condiciones económicas, financieras y del negocio favorables, para cumplir con sus obligaciones financieras". Según el representante del CAF, tiene un plazo de 20 años.
"La operación es un paquete que tiene distintos actores. Sin la sociedad civil para ejecutar el proyecto, no funciona… sin DFC no funciona, sin CAF no funciona, sin JP Morgan no funciona… es muy difícil desconectar, es todo un paquete", dijo Oscar Avalle, representante del CAF en El Salvador.
Canje de deuda por naturaleza
El Gobierno de El Salvador obtendrá más de $352 millones en ahorros a lo largo del vencimiento de la deuda mediante una combinación de ahorros inmediatos nominales y reducciones sustanciales en los costos del servicio de la deuda.
Son $350 millones (casi el 100%) que se aplicarán al Programa de Conservación y Restauración del Río Lempa durante los próximos 20 años, en apoyo a los esfuerzos nacionales de preservación de su cuenca. Por tanto, no se usarán para gasto corriente o cualquier otro destino diferente a ese.
A este tipo de operaciones se le conoce como "canje de deuda por naturaleza", algo que fue vaticinado por la agencia de calificación Fitch Ratings en su informe sobre El Salvador publicado el martes. Estos acuerdos consisten en que parte de los fondos se pagan con el compromiso de destinar recursos a proyectos ambientales.
"Apoyamos el proyecto a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Es una muestra más de la fortaleza de la relación entre El Salvador y los Estados Unidos de América", dijo el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, al anunciar el acuerdo.
El programa de conservación será gestionado por la ONG estadounidense Catholic Relief Services (CRS) y el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES).
Además estará regido por una junta directiva de siete miembros que incluye un representante del Gobierno de El Salvador, un representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y cinco representantes no gubernamentales (sociedad civil).
Específicamente, $200 millones, o un promedio de $9.75 millones anuales durante 20 años, financiarán directamente el programa, mientras que $150 millones, o aproximadamente $7 millones al año, financiarán un fideicomiso.
Los fondos del fideicomiso se invertirán y están destinados a convertirse en una fuente de financiamiento continuo para el programa más allá del 2044.
ArtCap Strategies, basada en Islas Caymán, actuó como asesor financiero y coordinador global de la transacción. JPMorgan Chase Bank, N.A. actuó como estructurador único del préstamo y J.P. Morgan Securities LLC actuó como intermediario financiero.