La Plataforma por la Seguridad Ciudadana presentó este martes su tercer informe sobre seguridad en el que señala la necesidad en el país de una política o de políticas de seguridad ciudadana, en las que se adopten lineamientos tanto para la ciudadanía como para los servidores públicos.
La Plataforma planteó que esta política debería incluir medidas para el combate a la corrupción, encaminadas a la prevención de la violencia, a la reinserción social, rehabilitación y justicia.
“Si recordamos el Plan Cuscatlán, en su momento, articulaba una serie de elementos, sin embargo eso quedó como buena voluntad y se pasó a otras estrategias más de carácter punitivo”, señaló Dina Martínez, abogada de la Plataforma.
Además, el informe destaca las medidas esencialmente punitivas adoptadas por el gobierno salvadoreño, la reducción de los homicidios; pero otros tipos de violencia aún vigentes.
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“Tanto en el contenido como en la práctica, estas comparten características esencialmente punitivas, de políticas de seguridad pública impulsadas por gobiernos de la postguerra, por lo cual sería más apropiado hablar de un continuum en el militarismo y el autoritarismo, con matices particulares, es decir, se han adoptado el uso de poderes de emergencia en las políticas de seguridad", señaló la Plataforma.
Asimismo, las organizaciones integrantes lamentaron que bajo la visión "punitiva populista" se aprobaron reformas que amplían las facultades restrictivas de derechos y garantías, así como las competencias de las autoridades estatales, el aumento de los tipos y sanciones penales, el despliegue cada vez mayor de militares en tareas de seguridad pública y la aprobación de hasta 32 prórrogas al régimen de excepción.
Si bien califican con optimismo la baja en el índice de homicidios, señalaron que ven con preocupación los registros con los que cuentan de uso excesivo de la fuerza de las autoridades "porque se sigue manteniendo el estándar internacional del 10% en el índice de letalidad".
Por su parte, Nery Rivas, integrante de la Plataforma, enfatizó en la necesidad de que las políticas de seguridad respondan a todos los factores de la violencia, para que se construya una verdadera política de seguridad humana sin que deje de lado los derechos humanos, la perspectiva de género y el respeto a las garantías constitucionales.
Enfoque Juvenil
Sobre el eje de estudio de la prevención del delito, la Plataforma indicó que evidenciaron una mejora en las tasas de empleo juvenil, pero ven inconsistente el acompañamiento del ministerio de Educación.
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Según la Plataforma falta la promoción de temáticas como abordaje alterno de conflictos, derechos humanos, equidad y respeto. Por tanto, para Martínez, los planes de seguridad en el país no están siendo integrales.
"Ha bajado la cantidad de actividades que tenía el ministerio de Educación para promover la resolución de conflictos o la formación en Derechos Humanos, el ministerio ejecutó 130 actividades formativas en el 2022 y para el año 2023 solo se habían registrado cuatro, esto es preocupante", amplió Martínez.