Ana Mercedes García Grande, de 63 años de edad, lleva un año cargando en su bolso la carta de libertad emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).
Comenta que, en múltiples ocasiones, se ha acercado al penal La Esperanza, conocido como "Mariona", con este documento para exigir la liberación de su hijo, Ricardo Martínez.
Sin embargo, hasta la fecha no tiene conocimiento de su estado de salud, ni siquiera sabe si aún se encuentra en el penal, ya que desconoce si ha sido trasladado y no le brindan ningún tipo de información.
"Cada mes voy a dejarle su paquete. Gasto $105 mensualmente", comentó Ana, quien es ama de casa y no tiene un ingreso económico estable, por lo que su pareja le ayuda a pagar los paquetes de limpieza, comida y otros artículos.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Ana Mercedes no sabe a quién más recurrir, ya que le han cerrado las puertas y las opciones para lograr la libertad de su hijo, capturado el 10 de mayo de 2022. "Primero Dios, pueda volver a ver a mi hijo con vida y no como otras madres, a quienes se los entregan ya muertos", comentó.
Ana, junto a otras mujeres que comparten lo que podría ser injusticias del Estado, llegó este lunes, acompañada del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para entregar un escrito denunciando múltiples irregularidades en los procesos judiciales.
Las tres organizaciones decidieron reunirse en esta ocasión para aprovechar el nombramiento de los nuevos magistrados que estarán a cargo de la CSJ y denunciar las cientos de capturas arbitrarias realizadas por agentes de seguridad.
Además, denuncian que los tribunales contra el crimen organizado de San Salvador, Santa Ana y San Miguel no aceptan las peticiones que hacen los abogados en favor de los detenidos al solicitar audiencias especiales para entregar arraigos que comprueben que los privados de libertad no forman parte de grupos delictivos. También señalan que, al obtener una carta de libertad, no se acatan las órdenes judiciales de liberación, lo que constituye una privación ilegal.
Rudy Joya, abogado de UNIDEHC, comentó que, en múltiples ocasiones, los abogados defensores solicitan una revisión médica de los detenidos, pero que el Instituto de Medicina Legal no puede ingresar a los centros penales al no tener autorización de Centros Penales, lo que violenta el derecho a la salud. "Eso es corrupción, desde el ámbito judicial hasta el administrativo", señaló Joya.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Samuel Ramírez, de MOVIR, comentó que el movimiento de víctimas cuenta con información de jueces y abogados que indican que, hasta la fecha, hay aproximadamente 20 mil cartas de libertad que no han sido acatadas por los centros penales. Además, mencionó que ellos exigen visitas familiares.
"Hay una crisis humanitaria dentro de las cárceles", afirmó, refiriéndose a múltiples casos de personas que han muerto por enfermedades dentro de los centros penales y otras que han sido liberadas en un estado deplorable de salud.
Francisco Omar, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, pidió a la nueva Sala de lo Constitucional que revise la continuidad del régimen de excepción, el cual ha generado vulneraciones a los derechos humanos a lo largo de casi tres años, y que verifique la constitucionalidad de los juzgados especializados que se han creado bajo esta ley.