Por trigésimo primera ocasión, Nuevas Ideas y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron la prórroga al decreto del régimen de excepción, el cual suspende garantías constitucionales del derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
Como es costumbre, la petición del consejo de ministros ingresó a la sesión plenaria por modificación de agenda y por dispensa de trámites. El decreto correspondiente a la última prorroga vence el 7 de octubre, por lo que los nuevos 30 días del régimen serán desde el 8 de octubre al 6 de noviembre de 2024.
Pese a que el régimen de excepción es promocionado por el gobierno como una medidas de éxito en el combate a las pandillas y, por ende, ha mejorado los niveles de seguridad del país, el argumento para prolongarlo por más de dos años y medio es porque aún persiste el accionar de las estructuras criminales.
Según el consejo de ministros, durante la vigencia del régimen de excepción se han capturado a más de 82,500 personas, incluidos principales líderes de los grupos de pandillas.
Añade que la “continua captura” de los miembros es un indicador que esos grupos persisten en su funcionamiento delictivo y que buscan fortalecerse.
“Es indispensable seguir avanzando en las labores estratégicas de inteligencia y operativas que permitan enfrentar y desarrollar el combate efectivo en contra de las organizaciones criminales responsables de los altos índices de criminalidad registrados en el país”, dice uno de los considerandos.
Según el gobierno, sigue siendo un “objetivo prioritario y extraordinario de seguridad combatir, reprimir y desarticular” a dichos grupos y con eso se pretende justificar la continuidad del régimen de excepción por más tiempo.
El mismo presidente Nayib Bukele expone que El Salvador es el país “más seguro” del hemisferio occidental y promocionó sus políticas de seguridad tanto en su visita oficial al parlamento de Argentina como en su discursos en la última Asamblea General de las Naciones Unidas.
La medida se mantiene pese a los constantes llamados de organismos internacionales de derechos humanos de no prolongar por más tiempo el régimen de excepción, debido a las denuncias de detenciones arbitrarias, abusos, torturas y hasta muertes de personas que estaba bajo custodia del Estado en centros penitenciarios.
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El régimen de excepción también es un aspecto que toman en cuenta otras entidades en cuyos informes se refleja un retroceso democrático del país y en el acceso a la justicia.
Recientemente, la asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Doctora María Julia Hernández y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) presentaron 530 nuevos casos de violaciones a derechos humanos cometidos en el contexto del régimen de excepción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).