La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia la pena máxima para los principales procesados en el caso denominado Asocambio por el presunto desvío de fondos de las tiendas penitenciarias.
Los fiscales del caso solicitaron 16 años de prisión para el exministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, cuatro por el delito de actos arbitrarios y 12 por peculado. Además, un pago de 60,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Raúl Antonio López, viceministro de Seguridad; Marco Tulio Lima, exdirector de Centros Penales; José Roberto Cativo Melara, exdirector Jurídico del Ministerio de Justicia; Luis Barrera Peñate, exdirector Ejecutivo del Ministerio de Justicia, la Fiscalía solicitó cuatro años de prisión por actos arbitrarios y el pago de 60,000 dólares en responsabilidad civil.
Por otra parte, el ente fiscal pidió 19 años de cárcel para Orlando Elías Molina Ríos, ex subdirector general de Centros Penales y el pago de 60,000 dólares; cuatro años y una responsabilidad civil de 495 dólares para Ramón Roque Mártir, exinspector de Centros Penales.
Flor de María Hernández Alfaro, exempleada de la dirección general de Centros Penales enfrentaría una pena 20 años de prisión por los delitos de actos arbitrarios y peculado el pago de 60,000 dólares.
José Luis Hércules Ávalos enfrentaría 11 años de cárcel por los delitos de falsedad documental y cohecho propio y el pago de responsabilidad civil en abstracto.
Para los 11 empleados de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) los fiscales solicitaron penas de dos a tres años por actos arbitrarios y montos por responsabilidad civil que van de 1,417 a 3,394 dólares.
Defensa pide absolución
Por su parte, los abogados defensores de los acusados argumentaron durante la presentación de los alegatos que no se configuran los delitos planteados por la Fiscalía por lo que solicitaron que sean absueltos.
El abogado defensor Pedro Cruz expuso que no se configura el delito de actos arbitrarios debido a que Asocambio no era un ente público y fue creada debido a una orden emitida por la Corte de Cuentas, para que administrara los fondos de las tiendas penitenciarias, por lo que no hubo ninguna anomalía, ni irregularidad.
“Se destruye el planteamiento de la Fiscalía, en tanto que estas personas no estaban emitiendo acuerdos ministeriales, en ese momento, no estaban dando una orden de carácter pública”, aseguró.
Cruz agregó que la prueba pericial demostró que las actividades realizadas por Asocambio fueron en beneficio de los privados de libertad o para el mejoramiento del funcionamiento de los Centros Penales.
El abogado explicó que los fondos de las tiendas que se utilizaron para pago de planillas, prestaciones laborales, adquisición de bienes y muebles, arrendamiento de locales fue para beneficiar a los privados de libertad de manera indirecta y satisfacer las necesidades en los centros penales.
Cruz puso de ejemplo un hospital público donde hay gastos que no se destinan directamente al paciente, pero sí para brindarle la atención como: pago de secretarias, compra de equipo, pago de alquileres y no por ellos se está ante un acto arbitrario.
Por su parte, el abogado defensor, Gustavo Zavaleta, expuso que no se configura el delito de peculado debido a que los fondos manejados de Asocambio, una asociación sin fines de lucro, no tienen la calidad de públicos y en ningún momento se trata de una recaudación de dinero.
Asimismo manifestó que no se estableció que haya habido una apropiación indebida por parte de los imputados (Molina Ríos y Ramírez Landaverde) ni para Asocambio.
“Se estableció que no existía trazabilidad o flujo de dinero de las cuentas bancarias hacia las cuentas de nuestros representados”, señaló.