La diputada del partido ARENA, Marcela Villatoro, señaló este jueves que congelar los escalafones para los empleados de los ministerios de Salud y Educación no se puede realizar de forma arbitraria, al estar respaldados en leyes vigentes y que hacerlo sería una violación a los derechos laborales.
“Ninguna persona puede decir arbitrariamente que solo lo va a congelar porque quieren. Si quieren modificar el escalafón tendrían que hacerlo cambiando la ley, reformándola. Pero no solo porque el funcionario quiere removerlo”, expresó.
El articulado del proyecto de Ley de Presupuesto incluye en el artículo 4 la congelación de los escalafones: “Se congelan los Escalafones Salariales en los ramos de Salud y Educación, independientemente de lo que establezcan la Ley de creación de Escalafón del Ministerio de Salud, y Ley General de Educación y Ley de Carrera Docente”.
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Villatoro mencionó que en algún momento que no se pagó el escalafón fue en situación de calamidad pública, “y eso no está pasando en este momento dentro de nuestro país”.
Señaló como “irrespeto a la ley” que no se otorgue el escalafón, lo que conlleva una penalidad. “Porque estaría haciendo una omisión de hacer algo que la ley se lo mando”. Villatoro valora como un retroceso a los derechos laborales del personal de salud y de educación.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, dijo que “es importante repensar” el tema de los incentivos que se dan al sector de Educación y Salud.
“Creo que es necesario que existan incentivos para los servidores públicos que atienden la salud o que hacen posible la atención de salud en nuestro país, a la población salvadoreña, y a los que brindan el servicio de educación”, expuso Ortiz.
Calificó como “medida bastante radical” el congelamiento de los escalafones y no debería ser una medida permanente. Agrega que debe basarse en evaluaciones y lo que debería revisarse es que en realidad funcione como un incentivo para mejorar el servicio.
Añadió que al momento de discutirse el proyecto, el Ministerio de Hacienda debe explicar cómo conciliará la falta de ese incentivo para los servidores públicos versus si en otras carteras de Estado habrá aumentos de recursos.
Además, en el artículo 3 del proyecto se prohíbe la creación de plazas nuevas por Ley de Salarios y contratos y por cualquier fuente de financiamiento, en todas las entidades de los tres Órganos del Estado y municipalidades, incluyendo entidades autónomas.
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“Únicamente cuando existan casos excepcionales, generados por motivos de fuerza mayor, respaldados con las justificaciones y razones que sustenten esta condición, las instituciones respectivas, podrán solicitar al Ministerio de Hacienda que se realice el análisis correspondiente, para que éste pueda emitir la resolución razonada que defina esta situación”, agrega en el inciso segundo dicho artículo.
ARENA propuso ley de la función pública
En el contexto del Presupuesto para 2025, la diputada Villatoro presentó una propuesta de ley de la función pública, que brinde protección a los trabajadores, al inicio de la sesión plenaria de este jueves.
Indicó que es una medida de estabilidad laboral, protección a la libertad sindical y negociación de los contratos colectivos, que pondera que las personas lleguen por méritos a los puestos de trabajo en el sector público. También que haya concursos, exámenes, entre otras regulaciones para que puedan acceder a formar parte de las instituciones.
“También proteger a los empelados de los acosos laborales que muchas veces se dan, también de los acosos sexuales y discriminación que se da dentro de las instituciones. Todo eso es una forma de apoyar a que exista una tecnicidad dentro de la administración pública”, expuso.
La petición de modificación de agenda para incorporar la petición a estudio de comisiones no tuvo el respaldo de Nuevas Ideas.