El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) denunció que la sugerencia de adicionar un delito en el caso Asocambio realizada por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, tiene «intención de "salvar" el caso y pretende con ello una sentencia condenatoria, aunque sea menor».
“Consideramos que esta posible modificación responde a que es insostenible ya cualquier pretensión de la Fiscalía General de la República de probar delito alguno, ante la abrumadora contundencia de la prueba de descargo; pero advertimos, a la vez, la posibilidad de una intención de "salvar" el caso y pretender con ello una sentencia condenatoria, aunque sea menor”, señala el comunicado publicado por Cofappes en su cuenta de X (Twitter).
#URGENTE | En el cierre de la audiencia de ayer, los jueces instruyeron el posible cambio de tipificación del delito de peculado a administración fraudulenta para "salvarle" el caso a la Fiscalía, y pretender una sentencia condenatoria, aunque sea menor.#IndependenciaJudical
— COFAPPES (@cofappes) October 2, 2024
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Según declaraciones brindadas por el abogado defensor Pedro Cruz, al cierre de la jornada judicial el martes, los jueces habían sugerido preparar los alegatos finales con un tipo penal adicional para su discusión.
“La ley permite esto, pero siempre es un nivel de supuesto, no están aseverando porque no pueden hacerlo que hay un cambio de calificación. En todo caso, nosotros vamos a atender la sugerencia del Tribunal”, manifestó.
Cofappes explicó que los jueces indicaron a las partes incluir en sus argumentaciones finales del juicio el delito de administración fraudulenta, en vez de peculado, pero para la defensa con las pruebas presentadas no se ha demostrado el cometimiento de delitos.
“Sabemos que con el desfile probatorio que se ha dado no existen indicios de ningún delito, de lo que ha acusado la Fiscalía y tampoco del (delito) de la sugerencia del tribunal”, expresó Cruz.
Los representantes de Cofappes sostienen que al final de esta etapa, en la que han declarado testigos, peritos y se han ofrecido como prueba diferentes documentos e informes, “ha quedado suficientemente establecido que no hay en absoluto ninguna prueba en contra de los procesados”.
“En vista de lo anterior, Cofappes hace un enérgico llamado a los jueces que tienen en sus manos el presente caso, a emitir una sentencia teniendo en consideración la prueba aportada en el proceso, con independencia y de acuerdo con la ley”, destaca el documento.
Asimismo alertaron a la comunidad internacional estar pendientes y vigilantes a que, en éste y otros casos, las instituciones públicas “realicen su trabajo con sentido ético y justo".
Esa organización defensora de los presos políticos sostiene que en el proceso judicial se ha demostrado que la constitución Asocambio fue un acto legal, en cumplimiento a un deber por parte de los funcionarios que la integraron y que nunca existió desvío o apropiación de fondos de tiendas penitenciarias de la Dirección General de Centros Penales.
“Se constató en la vista pública que desde el inicio, se trató de persecución política contra los acusados”, agrega el comunicado.
La Fiscalía ha acusado a 20 personas, entre ellas al exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y el exinspector de Centros Penales Ramón Roque Mártir, por el desvío de medio millón de dólares de las tiendas penitenciarias a través Asocambio, entre 2018 y 2019.
En la declaración brindada por el exministro Ramírez Landaverde ante el tribunal aseguró que la cuota mensual que los familiares depositaban para el privado de libertad se les entregaba completo y de manera directa para que compraran en las tiendas, mientras que el dinero se administraba en Asocambio era el excedente generado producto de esas ventas.