Insafocoop sabía de anomalías en cooperativa señalada de lavar $49 millones

Dos familias crearon una asociación cooperativa que registraron legalmente y otra que actuó bajo las sombras de la ilegalidad para poder defraudar dinero de personas que confiaron que ganarían más dinero con los altos intereses que ofrecía la cooperativa, según investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) que se enteró de las irregularidades mucho antes de que la estructura fuera desbaratada y varios de sus miembros (sospechosos) capturados.

De acuerdo con documentos a los que se ha tenido acceso, los responsables del fraude financiero por $49 millones, según la Fiscalía,  son las familias Bonilla Saravia, de Santa Elena (Usulután) y los Jiménez Martínez, de Jocoro (Morazán), así como una persona jurídica (empresa), Bonilla Saravia, Sociedad Anónima de Capital Variable (BOSA, S.A. de C.V.).

La  Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores en el Área Empresarial de Responsabilidad Limitada (ACOTEMIC de R.L.)  fue creada el 10 de noviembre de 2018 y autorizada por el INSAFOCOOP para captar fondos del público y gozar de las prerrogativas legales que se les conceden a las cooperativas.

Dos años después, el 23 de noviembre de 2020, las mismas personas constituyeron otra cooperativa, la la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito ACOMATIC de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (ACOMATIC de R.L. de C.V.), la cual nunca fue registrada en el INSAFOCOOP y nunca fue autorizada para captar fondos del público; esta entidad nunca fue sujeta de fiscalización por parte de Insafocoop ni de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

El hecho de que fuera creada como asociación cooperativa pero bajo el régimen patrimonial de capital variable, según las investigaciones, fue precisamente una acción deliberada por parte de sus fundadores, para dejarla en una “zona gris”, de tal manera que no pudiera estar sujeta a fiscalización por ninguna autoridad.

Lee también: “No estamos con buena salud mental por no saber cuándo nos darán nuestros ahorros”: clientes de cooperativas

Sin consultarlo con los ahorrantes o socios y sin seguir el procedimiento que dicta la Ley de Asociaciones Cooperativas, ACOTEMIC transfirió todas sus operaciones a ACOMATIC, según las investigaciones del caso.

De esa forma, la supuesta estructura delictiva logró apropiarse de los fondos ajenos,  de forma ilegal, a través de transacciones de dinero con personas jurídicas con fines de lucro (la empresa Bonilla Saravia, S.A. de C.V., según la Fiscalía), creada para los mismos fines, la cual fue admitida como socia de Acotemic, y de la autorización, aprobación y otorgamientos de créditos  a favor de los miembros de la estructura o de sus allegados, por montos elevados, incluso cuando algunas de esas personas no tenían el perfil para el otorgamiento de grandes sumas.

Las investigaciones revelan que la supuesta estructura delictiva también simuló entrega de millonarios créditos a sus fundadores y miembros del consejo de administración y junta de vigilancia, así como a familiares y amigos, para convertirlos en certificados de depósitos a plazo cuyos intereses eran pagados de manera anticipada, así como de la cancelación de créditos millonarios en plazos excesivamente cortos.

Uno de esos créditos fue el otorgado a BOSA, S.A. de C.V. por un monto de $450,000.00, supuestamente para la compra de 177 manzanas de terreno, ganado y maquinaria agrícola. Según los informes del Insafocoop, la aprobación de ese préstamo violó el Art. 6 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas. El crédito, fue cancelado de manera irregular, indican los informes del Insafocoop.

 De acuerdo con varios afectados, esa empresa era propiedad de la familia Bonilla Saravia, (Pedro Bonilla y Flor Saravia, esposos entre sí). Algunas víctimas consultadas afirmaron que parte de las propiedades de BOSA era un rancho ganadero donde se comercializaba ganado y productos lácteos, así como tiendas de granos básicos.

El 19 de mayo de 2023, la Fiscalía informó en su cuenta de X que había capturado a seis implicados en los delitos de lavado de dinero y defraudación a la economía pública; estos fueron identificados como Hilda Lorena Martínez Hernández, Héctor Manuel de Jesús Jiménez Ayala, Pedro Antonio Bonilla Alcantar, Flor de María Saravia de Bonilla, Alba Lilian Martínez de Aquino y Pablo Alexander Jiménez Benavides. Este último, a la fecha de arresto, era miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) según la investigación fiscal.

"Insafocoop dejó pasar las irregularidades"

A mayo de 2023, cuando la Fiscalía actuó contra la estructura que señala como responsable de la defraudación a la economía pública y de lavado de dinero, capturando a seis, según consta en un tuit, ya habían transcurrido más de dos años desde que el Insafocoop se había enterado de las irregularidades con que estaba operando Acotemic, según revelan dos informes de auditoría de esa institución a las que se ha tenido acceso.

Entre noviembre y mediados de diciembre de 2021, auditores del Insafocoop realizaron una inspección parcial a los informes financieros de las áreas contables, administrativas y de cumplimiento, pero, aparentemente, no hicieron nada para obligar a Acotemic y sus organismos de dirección, a que corrigieran el rumbo y tampoco alertaron a la ciudadanía, que siguió depositando su dinero.

Entre el 16 y el 20 de enero de 2023, los auditores del Insafocoop volvieron a llegar a Acotemic, pero contrario a la cordialidad que encontraron a finales del 2021, esta vez el presidente, Héctor Manuel de Jesús Jiménez Ayala y el gerente, Carlos Alberto Bonilla Alcantar, no ocultaron su malestar cuando los auditores les exigieron información para analizarla. Y se negaron a entregarla.

Después de que los auditores del Insafocoop elaboraran sus informes en los que dejaban constancias de que las irregularidades detectadas a finales de 2021 persistían y que habían encontrado otras más graves, como la aceleración de migración de socios y ahorrantes y el traspaso de dinero a ACOMATIC, la Fiscalía tardó varios meses en, supuestamente, desbaratar, la estructura, capturando a varios de los sospechosos.

De acuerdo con documentos a los que El Diario de Hoy ha tenido acceso, las personas vinculadas a las dos cooperativas son más de los nueve capturados en mayo de 2023. Entre quienes manejaron esas cooperativas está una persona que ocupó altos cargos en el consejo de administración, quien es hermano de un comisionado de la Policía Nacional Civil (PNC).

De esta persona, en los documentos a los que se ha tenido acceso, la Fiscalía le ha cambiado uno de los apellidos, sin embargo, El Diario de Hoy ha comprobado, documentalmente, que se trata de una persona originaria del distrito de Santa Elena y que es hermano del jefe policial.

Entre los capturados también hay un miembro de la PNC, identificado como Pablo Alexander Jiménez Benavides, quien es cabo y tenía un salario nominal de $634.23. A pesar del salario, Acotemic le otorgó varios créditos por $330,000 para la compra de inmuebles. Esta persona se desempeñó como vicepresidente del consejo de administración de Acotemic.

El Art. 48 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, establece que “Los  miembros de los órganos directivos son solidariamente responsables por las decisiones que  tomen en contravención a las normas legales que rigen a las Cooperativas, solamente  quedarán exentos aquellos miembros que salven su voto o hagan constar su inconformidad  en el acta al momento de tomar la decisión o los ausentes que le comuniquen dentro de las  veinticuatro horas de haber conocido el Acuerdo. La responsabilidad solidaria alcanza a  los miembros de la Junta de Vigilancia por los actos que ésta no hubiera objetado  oportunamente”.

ACOTEMIC y ACOMATIC afectaron a miles de personas, a 4,514, aproximadamente, según datos proporcionados por varias víctimas de la estafa.

Y lo más grave, según las fuentes es que en una reunión a la que la Fiscalía convocó el 22 de enero de este año, les afirmaron que de todo el capital que manejaban esas cooperativas, solo se podría recuperar un 10% entre inmuebles, vehículos y dinero.

Te puede interesar:  Gerentes de COSAVI se aprobaron miles de dólares en préstamos

“La Fiscaliza nos reunió en San Miguel para decirnos que no hay dinero, que solo el 10% entre inmuebles, propiedades, carros y dinero; que no nos darán más de eso. En esa reunión al oír eso, la gente lloraba y algunas señoras se desmayaron. Esto es un sufrir de cada día, la salud de uno empeora”,  comentó un afectado.

Este lunes, El Diario de Hoy gestionó la versión de la Fiscalía, pero al cierre de esta nota no habían respondido.