Magistrados de la dictadura (I)

Todas estas deficiencias nos demuestran, desde una óptica jurídica, la INCONSTITUCIONALIDAD de la designación de magistrados de la CSJ; y, desde una óptica política, la TOTAL CAPTURA Y COLONIZACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL por el bukelato, reforzando la ausencia de independencia judicial y, consecuentemente, la inexistencia de democracia en El Salvador.

Recientemente, la Asamblea Legislativa (AL) designó a “nuevos” magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), nombramientos que expanden y profundizan la colonización de instituciones públicas por parte del bukelato.

Al respecto, no sobra recordar que tanto la CSJ como el TSE no son, desde una perspectiva constitucional, instrumentos políticos y mucho menos partidista. Se trata de instituciones de control y, además, que ejercen jurisdicción -es decir, son jueces-, por lo que deberían caracterizarse por la independencia e imparcialidad.

Sin embargo, como parte del deterioro institucional diseñado y ejecutado por el bukelato, continuando con la tendencia descendente en las prácticas políticas, estas han empeorado tanto que ahora, tanto la CSJ como el TSE serán simples comparsas del dictador y su pequeño círculo de poder.

Analicemos hoy lo relativo a la designación de “nuevos” magistrados de la CSJ, fijando la atención en el proceso, totalmente viciado, y la toma de decisión, caracterizada por la exigencia de obediencia a la dictadura, siendo en realidad indiferente o intrascendente quienes son las personas nombradas. Veamos:

Proceso opaco: al contrario de los inverecundos discursos de los diputados del bukelato, el proceso no fue en ningún momento transparente, ya que en ningún momento se publicaron las hojas de vida o los atestados de los candidatos, no se efectuaron entrevistas abiertas al público, no se permitió la participación de la sociedad civil organizada y, además, las mal llamadas “entrevistas” en la Comisión Política de la AL fueron únicamente una puesta en escena, un espectáculo barato y de mal gusto, pues nadie va a creer que en una charla breve (incluso, de 12 minutos) es posible apreciar la calificación -formación, experiencia y méritos- de un candidato.
Discurso cínico: es impresionante la desfachatez de los diputados del bukelato, pues entre autoelogios al modo Chaparrón Bonaparte y Lucas, aseguraban cumplir con la Constitución y la jurisprudencia constitucional, cuando en realidad la estaban violando, tanto de forma como de fondo.
Decisión política inmotivada: la jurisprudencia constitucional nacional ya dispuso, tanto en la sentencia del 23 de enero de 2013, pronunciada en el proceso de inconstitucionalidad 49-2011, como en las resoluciones de seguimiento de tal sentencia, que si bien la AL tiene la potestad de elegir a funcionarios de elección de segundo grado, siempre y cuando se compruebe que tengan la “cualificación técnica, profesional y personal necesarias para el ejercicio de un cargo público”, es exigencia constitucional, “a partir del principio de razonabilidad, ante las diversas alternativas –como en el caso de ternas o listas de candidatos–, se debe justificar y exponer las razones por las cuales se ha optado por determinadas personas, verificando la adecuada aptitud e idoneidad objetiva en relación con la función de que se trate”; sin embargo, en la designación de magistrados de la CSJ, llevada a cabo del 23 de septiembre de 2024, no existió ninguna justificación o exposición de razones por las cuales la AL se decantó por determinadas personas, sino que, simple y llanamente, un diputado cian presentó la lista de los “elegidos” y los diputados “puyaron” el botón, estando seguro que la mayoría de los 57 diputados que votaron por los designados, ni siquiera sabían ni saben a quienes favorecían.
Designación por afinidad política y lealtad a la dictadura: el criterio determinante para la designación de los “nuevos” magistrados de la CSJ es la lealtad comprobada a la dictadura, al extremo que los elegidos han sido funcionarios judiciales que participaron en el golpe judicial de mayo de 2021, magistrados de apelación que llegaron a los cargos con motivo de la purga de jueces de septiembre de 2021 e, incluso, empleados de la Presidencia de la República.
“Techo de cristal” y menosprecio a mujeres: a pesar de que, al parecer, en el país hay más abogadas que abogados e, incluso, hay más juezas que jueces, la designación hecha por la AL el 23 de septiembre de 2024, de apenas una mujer como magistrada de la CSJ, reduciendo así en número de mujeres en la CSJ (actualmente, de 15 magistrados, únicamente 3 son mujeres), demuestra que persiste el “techo de cristal” que dificulta a las abogadas salvadoreñas acceder a la máxima jerarquía judicial, y ello que en listado definitivo de 30 candidatos a la CSJ estaban 9 mujeres.
Desdén al gremio de abogados: los 7 “nuevos” magistrados designados el 23 de septiembre de 2024 provienen de la lista que elaboró el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), lo que significa, dicho coloquialmente, que las elecciones de abogados para proponer candidatos a magistrados CSJ “son por gusto”; lo que, sin que constituya inconstitucionalidad per se, demuestra, por un lado, el pésimo diseño normativo para la elección de magistrados de la CSJ (basado en una inexistente conciencia colectiva del gremio de abogados); por otro lado, la pésima ejecución política, al menospreciar -así sea exigua- la participación del gremio de abogados en el proceso de selección de candidatos a magistrados de la CSJ (lo siento ..je, je…por los que gastaron en banners, lápices, bolígrafos y fiestas, además de hacer pública su pleitesía a la dictadura); y, finalmente, refuerza el desinterés de los abogados en participar en el proceso de elección de candidatos a la CSJ.

Por ello, expresado con respeto pero con objetividad, dejando de lado esas posturas neutrales y ese lenguaje buenista bajo el cual muchos se esconden, la reciente elección hecha por la AL confirma que, simple y sencillamente, todos los integrantes de la CSJ son MAGISTRADOS DE LA DICTADURA.

P.D.: Ya no hay espacio para referirme a la elección de los nuevos magistrados del TSE. Les comentaré en la siguiente colaboración.

Abogado constitucionalista.