Tres organizaciones civiles y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigieron la investigación por los presuntos bloqueos en el país al uso de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, ocurridos en junio y septiembre de este año, y que ha coincidido con acontecimientos nacionales y revelaciones de información por investigaciones periodísticas.
“El bloqueo de una plataforma constituye un acto de censura, pues restringe la libertad de expresión y el acceso a la información. Las interrupciones parciales o totales de internet y bloqueos de los servicios en línea son más habituales en países con gobiernos autoritarios”, dijo la APES en un comunicado.
El documento, también firmado por Article 19, Access Now y la Red Centroamericana de Periodistas, destaca que ven con preocupación los incidentes en El Salvador, “sobre todo dadas las condiciones adversas para la libertad de prensa que actualmente subyacen en el país”.
Las organizaciones señalan que de no rendirse cuentas desde el Estado, desde la o las empresas de telecomunicaciones y desde el propio Telegram sobre las potenciales causas de este incidente -incluso si son técnicas-, se podría estar a las puertas de un uso abusivo y discrecional del acceso a internet.
“Este tipo de cortes vulnera en primera instancia los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información, y potencialmente los derechos a la libertad de prensa, reunión, libre asociación y otros derechos conexos”, señalaron los organismos.
En su comunicado, la APES expone que el pasado 15 de septiembre, la organización Open Observatory of Network Interference (OONI), así como usuarios de la plataforma X reportaron la interrupción de los servicios de la aplicación de mensajería Telegram.
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La suspensión se dio mediante el bloqueo de la dirección del protocolo de internet (IP, por sus siglas en inglés) y a través de interferencia de la seguridad de capa de transporte (TLS, por sus siglas en inglés), un medio que cifra el tráfico y autentica sitios web para evitar la interceptación de las comunicaciones, expuso.
La APES identifica que la interrupción del 15 de septiembre coincide con la publicación de reportajes periodísticos sobre la muerte del exasesor de seguridad nacional del Gobierno de El Salvador, Alejandro Muyshondt, bajo custodia del Estado y la revelación de conversaciones de altos funcionarios en las que se habla de una oficina para espiar a políticos y periodistas de medios de comunicación sin subordinación al oficialismo.
“Anteriormente, desde la mañana del 1 de junio hasta el 3 del mismo mes, Telegram presentó problemas de acceso para usuarios en El Salvador. Los problemas ocurrieron durante la toma de posesión del inconstitucional segundo mandato presidencial de Nayib Bukele”, dijo la APES.
“Tras los reportes de junio, la APES entró en comunicación con organizaciones especializadas en seguridad digital como Access Now, además de poner sobre aviso a organismos regionales de protección de derechos humanos, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Solo en 2023, la Coalición #KeepltOn y Access Now documentaron 283 bloqueos en 39 países.