En la sesión plenaria de este lunes, la Asamblea Legislativa aceptó las observaciones enviadas por la Casa Presidencial (CAPRES) al decreto de Ley del Registro del Estado Familiar, en el sentido de concentrar obligaciones y funciones de los municipios.
Sin ningún comentario de parte de los legisladores, se aprobó con 56 votos a favor y dos en contra.
El decreto 82 con la nueva ley fue aprobado por la Asamblea el 27 de agosto de 2024, pero no entró en vigencia al ser devuelto con observaciones de parte de la Presidencia. La nota suscrita por el presidente Nayib Bukele ingresó el 6 de septiembre y el 19 de septiembre la comisión de Niñez e Integración Social avaló el dictamen favorable para aceptar las observaciones.
En las observaciones Bukele expuso: “Advierto que en este caso, por razones de organización administrativa y conveniencia, es necesario realizar modificaciones puntuales al referido proyecto, concretamente para garantizar la operatividad del Registro del Estado Familiar”.
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“Advierto que en este caso, por razones de organización administrativa y conveniencia, es necesario realizar modificaciones puntuales al referido proyecto, concretamente para garantizar la operatividad del Registro del Estado Familiar”.
Por solicitud de Bukele, la nueva redacción reza: “Habrá un solo registro del estado familiar por municipio, que contará con un solo registrador, quien será el responsable de su administración y organización, y podrá asistirse del personal necesario para la realización de sus funciones a través de las oficinas de registro, a su cargo, establecidas en los distritos”.
En el resto del articulado elimina las menciones de “registradores y jefes” del Registro del Estado Familiar, dejando solo “registrador del estado familiar”.
Exención de renta para nuevos edificios
Además, en la agenda de la plenaria se incorporó el dictamen de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión para que se emitan las “Disposiciones Especiales para la Promoción y el Otorgamiento de Incentivos Fiscales para el Fomento del Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en Altura”, que otorgará exenciones del Impuesto sobre la Renta a nuevos proyectos de edificios de 35 pisos o más.
En uno de los considerandos del proyecto de decreto dice que se busca la promoción de estos desarrollos inmobiliarios destinados a viviendas, espacios para realizar actividades económicas, como el desarrollo turístico, hotelero y para destinarse a la prestación de otros servicios.
El incentivo fiscal es la exención del pago del Impuesto sobre la Renta las utilidades e ingresos por estos proyectos durante un periodo de 15 años, contados a partir del ejercicio de imposición en que se comiencen a obtener dichas utilidades e ingresos.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, consideró que la medida estaría “incompleta” al no incluir incentivos fiscales para el desarrollo de viviendas sociales.
“No hay suficientes incentivos como este para la creación de vivienda accesible a la población, no se encuentra vivienda a un precio accesible”, dijo.
Al igual como lo hizo en la comisión, propuso al pleno incluir en la ley un artículo para que los inversionistas, partir del tercer año de percibir las utilidades e ingresos, deban estructurar, edificar y comercializar proyectos habitacionales de interés social, cuyo precio no exceda de $25,000. La propuesta solo tuvo tres votos a favor, por lo que no se incluyó en el decreto.
Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, criticó que no se dan incentivos fiscales para la mayoría de población de escasos recursos, sino para “el gran capital”.
Presentó una propuesta de “Disposiciones especiales para la promoción y otorgamiento de incentivos fiscales para el fomento del desarrollo de proyectos habitaciones de casas de interés social”.
Indicó que las viviendas “en una colonia sencilla” rondan entre $60,000 y $70,000 y estas no pueden ser adquiridas por personas de bajos recursos; por lo que la propuesta es de incentivos para casas de interés sociales de hasta $150,000.
“Que la gente pueda tener un lugar a donde ir, que no tenga que comprar y estar en viviendas a donde después le tengan que hacer los arreglos respectivos, donde no tenga que haber tres, cuatro, cinco salvadoreños viviendo en un cuarto. A eso hay que apostarle, no a que hagan grandes edificaciones”, expresó.
La diputada pidió modificar la agenda para ingresar la propuesta a estudio de comisión, pero solo tuvo tres votos a favor.