La Asamblea Legislativa juramentó como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a Henry Alexander Mejía, quien fungía como magistrado suplente de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Presidirá el Órgano Judicial hsta el 15 de noviembre de 2027.
En su etapa de entrevistas Mejía afirmó que como propietario propondría analizar la Ley Orgánica Judicial porque para modernizar el sistema judicial “hay que comenzar por tener una ley moderna y así reformular el acceso a la carrera judicial”.
Cuando le preguntaron sobre su deber de independencia, Mejía expresó: “Antes de cualquier funcionario, somos seres humanos y está el principio de colaboración, sobre la base del principio de unidad, eso no requiere sumisión”.
La Asamblea también juramentó para magistraturas a Óscar Alberto López Jerez, presidente de la CSJ desde mayo de 2021 e incluído en la lista Engel desde septiembre de 2021; a Miguel Elías Martínez Cortez, quien fungía como presidente de la Cámara Ambiental de Santa Tecla; Lidia Patricia Castillo Amaya, quien ejercía como subsecretaria de Integridad y Cumplimiento de la Presidencia de la República; y Vicente Alexander Rivas Romero, quien era el primer magistrado propietario de la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo de San Salvador. Todos ellos para un periodo de nueve años.
Para las otras dos magistraturas, se eligió a José Fernando Marroquín Galo, expresidente de la CSJ y a Alejandro Quinteros Espinoza, magistrado suplente de la Sala de lo Penal. Estas dos magistraturas se eligieron por la muerte del magistrado Miguel Ángel Durel y la renuncia de Enrique Portillo. Y finalizarán el periodo hasta 2030.
Este 2024 culminaban las funciones de López Jerez, presidente de la Sala de lo Constitucional y del Órgano Judicial; y de los magistrados Leonardo Ramírez Murcia, Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, Sergio Luis Rivera Márquez y Paula Patricia Velásquez Centeno, electos para el periodo 2015-2024.
ARENA propuso para la CSJ a Óscar Antonio Cisco, magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, pues señala necesitan a una persona proba en el Órgano Judicial. Pero no tuvo respaldo de Nuevas Ideas.
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López Jerez fue electo en 2015; pero el 1 de mayo de 2021 fue nombrado por Nuevas Ideas y sus aliados como presidente del Órgano Judicial y de la Sala de lo Constitucional hasta el 30 de junio de ese año, luego de destituir a los magistrados de dicha Sala sin seguir el debido proceso.
En junio de 2021 fue reelecto como presidente de la Corte hasta el 30 de junio de 2024, pero el pasado 26 de junio, a propuesta de Nuevas Ideas, se amplió sus funciones en el cargo hasta el 23 de septiembre de este año, fecha en la que terminan las funciones de los otros cuatro magistrados.
Además, del mismo listado, se elegirá dos magistraturas que están vacantes, una por renuncia y otra por fallecimiento.
Un cuestionado proceso
La Comisión Política de la Asamblea llevó a cabo el proceso de entrevista a los aspirantes que están en el listado enviado por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que incluye a 15 candidatos y candidatas seleccionados en un proceso llevado a cabo por el CNJ y 15 seleccionados en las elecciones administradas por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES).
Tanto la sociedad civil como las fracciones legislativas de Arena y Vamos cuestionaron falta de transparencia en el proceso de elección de los nuevos magistrados, los expertos y los legisladores coincidieron en que no bastaba con la presentación de los candidatos a una entrevista, sino que faltó participación de la academia y de las organizaciones civiles.
“Faltó que permitieran que miembros de la sociedad civil estuvieran presente dentro de la Comisión, que se permitiera a las universidades poder emitir opinión acerca de los candidatos que se han presentado”, dijo Villatoro.
También señaló que Nuevas Ideas no reveló los criterios de selección de los nuevos funcionarios de la Corte, es decir, si priorizaron maestrías, años de trayectoria en la gestión pública o cuáles.
“Nada de eso se vio dentro de la Comisión, entonces, todo ese estudio es verdad hizo falta”, expresó.
Según las fracciones de Arena y Vamos la elección de las otras dos diputaciones debieron haberse hecho con los listados que anteriormente se le entregaron a la Asamblea, sin embargo, Nuevas Ideas argumentó que dichos listados ya perdieron su vigencia.
Según Claudia Ortiz de Vamos, esto no representa un debido proceso en la elección de funcionarios. Dijo que en dos ocasiones solicitó dichos expedientes a la Comisión Política y denunció que no se los entregaron. La diputada de Vamos señaló que en otros procesos de elección de segundo grado, la respectiva comisión sí le ha entregado la información y cuestionó sobre qué escondía el oficialismo al negárselo ahora.Fue la diputada Villatoro quien compartió a la ciudadanía en general un enlace en el que estaban escaneados los currículos de los 30 candidatos.
Las entrevistas de la Comisión Política no tuvieron una estructura o dinámica establecida, pues con cada candidatura hubo un número indeterminado de preguntas y de tiempo para sus presentaciones.
Entre las preguntas que figuraron a los candidatos estuvo la necesidad de reformas constitucionales, su criterio sobre el régimen de excepción y hasta el matrimonio igualitario.
No habría representación del gremio
El consorcio Observa El Salvador 2024 cuestionó días atrás la representatividad del gremio de abogados en el proceso de elección de magistrados y magistradas.
Esto, debido a que en las elecciones organizadas por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) participaron 3,622 abogados de un total de 37,800 aptos para hacerlo.
La Constitución de la República establece en su artículo 176 que para ejercer como magistrado de la CSJ se requiere que el abogado sea salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de 40 años, de moralidad y competencia notorias; haber desempeñado una magistratura de Segunda Instancia durante seis años o una Judicatura de Primera Instancia durante nueve años, o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección.
Además, se requiere estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo.
Elección "a ciegas"
Previo a la elección, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, cuestionó el proceso de elección de magistrados, dado que no se ha brindado toda la información de los aspirantes, por lo que considera que se trata de una elección "a ciegas".