La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió al gobierno salvadoreño, a través de un comunicado en redes sociales, que "rinda cuentas por las revelaciones hechas por una investigación periodística, según la cual altos funcionarios del Estado habrían acordado establecer un centro de espionaje contra periodistas. El espionaje afecta especialmente a Jorge Beltrán Luna, de El Diario de Hoy; y a Carlos Dada, director de El Faro".
El planteamiento de APES a la administración Bukele argumenta que "una investigación del periodista Héctor Silva Ávalos, publicada el domingo 15 de septiembre en los medios digitales Infobae y Prensa Comunitaria, expone grabaciones realizadas por el fallecido Alejandro Muyshondt, exasesor de Seguridad Nacional del presidente Nayib Bukele. Entre esas grabaciones se encuentra una con el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro".
La investigación mencionada, continúa APES, recoge que dicha supuesta conversación entre el diputado Castro y Muyshondt "tuvo lugar en agosto de 2020, cuando Castro era secretario privado de Bukele. En esa ocasión Muyshondt y Castro habrían acordado instalar un centro de espionaje contra periodistas y opositores políticos llamado 'proyecto C815', que habría estado a cargo de un operador que estaría vinculado con ataques contra el medio digital Factum en octubre de 2019".
Además de este último caso de supuesto espionaje contra los periodistas Beltrán Luna y Dada, la APES recordó que "se suman los casos documentados por organismos internacionales de espionaje contra más de 30 periodistas mediante el software Pegasus, que la empresa NSO Group únicamente vende a los Gobiernos. Caso que ha sido debidamente denunciado ante la Fiscalía General de la República y que no presenta avances desde hace años".
APES agregó que "el espionaje contra los y las periodistas invade las esferas privadas de sus vidas, se apropia de información sobre sus fuentes, representa un gasto innecesario para el Estado; y causa un grave daño a quienes ejercen el periodismo de manera profesional e independiente".
En el comunicado, la gremial de periodistas también trajo a cuenta que, solo en 2023, ha registrado un incremento de más del 66% en las vulneraciones contra personas que ejercen el periodimo, en comparación con 2022; y que hasta julio de 2024, ya contabilizaba 101 agresiones, 34 de ellas provenientes de funcionarios o empleados públicos.
Ante este panorama, la APES exigió al Gobierno salvadoreño que rinda cuentas, a la Fiscalía que cumpla con sus obligaciones y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que "documente y denuncie públicamente esta situación, como parte de la constante vulneración de los derechos humanos de quienes ejercen el periodismo" en el país.
Por otro lado, la APES reportó que al menos 19 periodistas han reportado bloqueos sistemáticos por parte de instituciones y funcionarios públicos en la red social X (antes Twitter); son representantes de medios como Voz Pública, El Faro, Factum, FOCOS, YSUCA, La Prensa Gráfica, Infodemia, Radio Izcanal, Revista Elementos y este medio, El Diario de Hoy.
APES reportó que dichos bloqueos ocurren en las cuentas de instituciones como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Protección Civil, Casa Presidencial, Secretaría de Prensa; ministerios de Salud, Medio Ambiente y Gobernación; y de funcionarios como el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas; e incluso del presidente de la República, Nayib Bukele.