En México la democracia está en juego. El Senado votó las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que rápidamente transformarían al país en una autocracia.

AMLO, como se conoce al presidente, saldrá del poder el mes que viene. Pero el nuevo Congreso, con una mayoría de la coalición gobernante, entró a principios de mes. Por eso, a diferencia de sus intentos anteriores, parece que esta vez AMLO sí logró cambiar la Constitución.

Se trata de reformas que les quitarían autonomía a agencias independientes, eliminarían prohibiciones a los militares de ejercer funciones civiles y cambiarían la forma de nombrar jueces para que sean elegidos de manera popular. La ONG Human Rights Watch ha denunciado las reformas: “Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían las salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”.

El Instituto Nacional Electoral (INE), por ejemplo, pasará a estar bajo control del Ejecutivo, prácticamente garantizando el fin de la imparcialidad de las elecciones. Otros comités federales, como el de Energía, también perderá su autonomía. La Comisión de Competencia simplemente se eliminaría.

Se ampliaría también la prisión preventiva automática, según Human Rights Watch, “exigiendo a los jueces que ordenen la detención de cualquier persona acusada de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando o delitos relacionados con la producción y el tráfico de fentanilo, sin revisar las circunstancias del caso para determinar si la detención está justificada”. Esto abre las puertas al acoso por parte de las autoridades y viola el derecho internacional que solo permite tal procedimiento en casos excepcionales.

Pero lo más preocupante es la reforma judicial. Se propone nombrar a todos los jueces de la Corte Suprema, los jueces federales y los estatales mediante elecciones populares. Este cambio sometería a los jueces, no a que sean más independientes a la hora de emitir fallos, sino a las presiones populares del momento. El partido gobernante, que seguirá siendo el mismo de AMLO, las manipularía.

Peor aún es lo que señala el senador de oposición Ricardo Anaya. A nivel nacional, los mexicanos estarían seleccionando alrededor de 6.500 jueces. Dado que el partido gobernante actual seguirá en el poder, tendrá el control total de la preselección de todos los candidatos a esos puestos. En otras palabras, los mexicanos solo podrán escoger entre candidatos seleccionados por el partido de AMLO.

Anaya destaca otro problema. Los votantes tendrán que elegir un número altísimo de jueces. En la Ciudad de México, por ejemplo, los ciudadanos tendrán que votar por 344 personas. Pero para hacerlo tendrán que escoger entre los 2.161 candidatos para esos puestos. ¿Realmente se puede esperar que la votación esté basada en una ciudadanía bien informada sobre todos esos individuos que aparecerán en las boletas?

Por último, la reforma judicial propone establecer un tribunal de disciplina. Este tribunal estaría compuesto por cinco personas que tendrán la facultad de remover jueces o diciplinarlos de otra forma. El partido gobernante, según Anaya, también tendría control total de ese tribunal. Además, sería la única y última instancia.

Todas las reformas constitucionales propuestas por AMLO socavarían la democracia y varias de ellas, sin duda, violarían el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Pero basta la reforma judicial para destruir el Estado de derecho y la división de poderes, según el intelectual Enrique Krauze, quien agrega: “Si se aprueba, no quedará dique alguno antes de retrotraernos a los tiempos desdichados en los que México era el país de un solo hombre”.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 10 de septiembre de 2024.

Vicepresidente de Estudios Internacionales y Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute y coautor del Human Freedom Index. Vásquez es columnista semanal de El Comercio (Perú).