La promesa de Nayib Bukele de que al final de septiembre presentará un presupuesto general de la Nación para 2025 que no requerirá adquirir nueva deuda es un mensaje que va dirigido a multilaterales y calificadoras, sobre todo al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el Gobierno negocia un acuerdo para un rescate económico de unos $1,300 millones desde 2021.
Esa es la opinión de dos economistas consultados, tras el discurso del mandatario este 15 de septiembre, quienes señalan que el mensaje no iba dirigido a la población que gobierna.
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Y debido a que el tema de la deuda pública es complejo para la población en general, no se dimensiona que pueda tener consecuencias en la vida diaria.
"Este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa, por primera vez en décadas, el primer presupuesto completamente financiado sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente, ni siquiera vamos a prestar dinero para pagar intereses de las deudas que nos heredaron", afirmó Bukele.
La economista Merlin Barrera, especialista en Políticas Públicas y Comercio Internacional, expresó que "esas palabras iban para las multilaterales y las calificadoras, para tratar de convencerlos de que las cosas van a mejorar, que va a ser más disciplinado en el gasto… pero las cosas no son tan sencillas, teniendo a la mano una multitud de indicadores que muestran lo contrario".
Para la experta, con quien las cosas están más complicadas es, precisamente, con el FMI, pues ha puesto sobre la mesa tres puntos de honor: reducción en los niveles de deuda y en la magnitud del gasto, además de la derogación o modificación de la Ley Bitcoin.
Para el economista Rafael Lemus, a la población en general no le interesa el tema de la deuda, especialmente porque cuando se ha tomado fondos para financiar los presupuestos no ha visto mejoras en su vida: "La deuda no le ha ayudado a resolverle nada a la gente".
"Sin embargo, yo creo que los salvadoreños tienen nociones y también entienden que si no se va a endeudar más es porque nadie está dispuesto a prestarle", dice Lemus.
Tras el anuncio de Bukele de presentar un presupuesto autofinanciado, la revista Bloomberg publicó que los precios de los bonos de El Salvador se dispararon.
Las mentiras implícitas en el anuncio
Para Lemus y Barrera, sin embargo, hay otros aspectos a analizar en la promesa para darse cuenta de que el mandatario miente al decir: "totalmente financiado". Para los expertos, el gobierno ha adquirido una gran cantidad de préstamos de los que aún no ha recibido los desembolsos de fondos.
"El dinero que dan los organismos no entra a las arcas del Estado inmediatamente. Estos tienen ciertos requisitos que se tienen que cumplir antes de cualquier desembolso. Y estos cumplimientos se tardan unos 9 meses, cuando bien le va… el del inicio de la obra, es el año en el que menos se recibe. El dinero llega a partir del segundo año y los desembolsos se distribuyen en los siguientes años, dependiendo del tamaño del proyecto", comenta Barrera.
Por eso, para los expertos, Bukele es consciente de que hay desembolsos pendientes y que con estos financiará algunas obras. Pero eso no quiere decir que el dinero esté seguro, pues algunos organismos solicitan que exista, por ejemplo, licitación de las obras para que gane el contrato quien mejores condiciones ofrece. En El Salvador, la tendencia ha sido aplicar la adjudicación directa.
De allí que diga que el gasto corriente sí se cubrirá con los ingresos corrientes. Esto, para Rafael Lemus, es lógico, pues ningún organismo multilateral le presta a un Estado para esto. Por ello, ha tenido que recurrir a la "tarjeta de crédito", es decir la deuda interna de corto plazo por medio de Certificados del Tesoro (CETES) y Letras del Tesoro (LETES), adquiridos por los bancos locales.
Para poder usar fondos de un organismo multilateral, en específico del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el gobierno tuvo que desviarlos de su destino original.
Lemus, por otro lado, señala que hay una falacia en las palabras de Bukele, porque omite decir que en los presupuestos hasta 2026 no tiene que programar pagos para la deuda con el Fondo de Pensiones (unos $500 millones al año en amortización e intereses). Además, ha estado tomando dinero de este para gasto corriente en torno a los $1,100 millones al año desde 2023.
"Ve que allí hay $1,600 millones que no se están contemplando porque el Gobierno decidió cometer un impago… no puede hablar de que no necesitará financiamiento si existe esta condición", explica Lemus.
La otra mentira implícita en la promesa de Bukele es que durante su mandato, el Presupuesto General de la Nación ha demostrado ser un simple trámite, pues se modifica en el camino.
En los años del primer periodo de Bukele el presupuesto ha sufrido importantes aumentos, incluso superiores a los $1,000 millones en cada ejercicio fiscal. El punto más alto de esta tendencia fue 2022, que solo es superado en la última década por el presupuesto presentado por el entonces presidente Mauricio Funes en 2014.
"El presupuesto es cualquier cosa, no significa límite de gasto o límite de deuda. En el segundo mes comienzan las modificaciones. Y este gobierno nunca ha tenido un espíritu de disciplina fiscal", añade Lemus.