Ana Sol Gutiérrez no piensa como muchos de sus connacionales de la diáspora de que el régimen de excepción proporciona plena seguridad en El Salvador y, por tanto, hay que mantenerlo aunque signifique capturas de inocentes, torturas, muertes y otras violaciones a los derechos humanos. Tampoco cree en la propaganda de la "migración a la inversa", con la que el gobierno maneja la hipótesis de que los salvadoreños de la diáspora están regresando "porque el país está en paz", cuando más bien el flujo de emigrantes sigue constante, según informes oficiales de las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Esta salvadoreña-estadounidense, ingeniera química y sistemas oriunda de Santa Ana y que por más de 16 años fue legisladora en el Congreso en Maryland, no habla sin conocimiento de causa. Su padre fue uno de los fundadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ella fue la primera salvadoreña que obtuvo un cargo público por elección en los Estados Unidos, específicamente en la Junta Escolar del mismo estado, donde sirvió por 10 años. Sin embargo, conoce muy bien la realidad salvadoreña porque, pese a que se fue a vivir a Washington desde los cinco años, mantuvo el contacto con su familia y el país.
Por eso "el fin no justifica los medios" para esta mujer de 81 años que vino a participar en las manifestaciones populares del 15 de septiembre como representante de la organización de la diáspora Nación Salvadoreña en el Exterior (NSE), con membresía en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia y que exige el cese del régimen de excepción, no para que el gobierno pare el combate de la criminalidad, sino para que lo haga con las herramientas legales con las que cuenta y en apego a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.
Sol Gutiérrez y su organización están de acuerdo con la lucha contra la criminalidad, "pero no sacrificando la democracia y los derechos y libertades de los salvadoreños", según lo expone en una entrevista con El Diario de Hoy. "Por eso era importante --explica-- que este 15 de septiembre hiciéramos un llamado a todos los salvadoreños como nación, tanto dentro como fuera del país, para ser activistas, no quedarse callados, luchar por recuperar esa libertad que se nos ha quitado".
Ella aclara que no se trata de abogar por los delincuentes y las pandillas, sino por los inocentes que han sido detenidos y que permanecen en las cárceles. Prueba de ello es que el gobierno ha tenido que liberar a siete mil personas, según han reconocido las autoridades, porque no eran fundadas las acusaciones, pero estuvieron en prisión hasta por varios meses, con todo lo que significa como el encierro, perder trabajos, dejar de mantener a sus familias, adquirir enfermedades.
"Y pueden ser más, pero no se conocen las cifras verdaderas porque no hay transparencia. Si soltaron a siete mil, ¿cuántos más inocentes estarán en prisión y cuántos han muerto, cuántos niños han nacido en las cárceles y han muerto también?", cuestiona.
Sol Gutiérrez reflexiona que muchos de la diáspora justifican el estado de excepción y hablan de que "hay y tranquilidad en el país" pero sólo hasta que ese régimen de excepción los toca a ellos y a sus familias. "Sólo porque no nos ha tocado a la familia o a la persona, pero el resto de la población está sufriendo. Hay que pensar que es un costo muy alto para los demás salvadoreños aquí", subraya.
La representante de la diáspora cita dos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como el del Socorro Jurídico Humanitario, que exponen los abusos que se está cometiendo en El Salvador y cuyas evidencias se han presentado en audiencias de la misma CIDH.
"La inseguridad ha aumentado"
Gutiérrez tiene bien claro que la "seguridad pública plena" que la propaganda oficial proclama más bien es inseguridad y terror, porque nadie puede estar tranquilo pensando que puede ser víctima de una falsa acusación y que lo lleguen a sacar a su casa y lo encarcelen. "La inseguridad ha aumentado con este régimen de excepción porque con un dedo lo pueden señalar a usted acusándolo de pandillero o de una organización criminal y que eso se justifica llevárselo preso, sin tener acceso a abogado, a un debido proceso, lo cual no existe en este país", explica.
Sol Gutiérrez no duda en calificar como "mitología" la propaganda de que "El Salvador es el país más seguro". "Esa seguridad de la que se habla nos está costando la libertad de expresión, la libertad que cada uno merecemos. Nuestros derechos humanos están siendo violados", advierte. "Ahora vemos que bajo el régimen excepción y la reelección ilegal del mandatario actual hemos retrocedido", enfatiza.
"No hay migración inversa"
"Esa supuesta 'seguridad' de la que hablan los compatriotas que vienen al país tiene un costo enorme para el resto de los hermanos salvadoreños. La pobreza se ha incrementado, hay falta de oportunidades, los jóvenes no ven un futuro en El Salvador. Por más que lo diga el presidente o la propaganda, ellos prefieren buscar otras oportunidades afuera. Eso no es un país seguro", subraya.
Un total de 36,899 salvadoreños han solicitado refugio en México hasta noviembre del 2023, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Unos 20,652 migrantes salvadoreños fueron detenidos en la frontera Sur de Estados Unidos entre enero y mayo de 2024, según la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (OBP).
Sol Gutiérrez se define como "fanática de la educación", que la llave para el futuro de los jóvenes, pero lamenta que "en El Salvador no se ha hecho ni una sola inversión en educación", ni una sola escuela, pese a que en septiembre de 2022 el presidente Bukele anunció que iniciaría la reconstrucción de 5,150 escuelas a razón de mil por año.
Sin embargo, añadió, se han construido cárceles, entre ellas la "cárcel más grande de Latinoamérica (dijo refiriéndose al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT). Para ella, el construir más cárceles y subestimar la educación de los niños y jóvenes es tener "una visión limitada y dañina".
Por lo mismo, no duda en decir que "no hay evidencia de una 'migración a la inversa', porque las cifras no las dan. Ellos sólo hablan y hablan de que todo el mundo se está regresando, pero no hay evidencia".
"Que yo sepa –y yo soy muy activa dentro de la comunidad latina y salvadoreña en Washington, en Maryland, en Virginia, no hay ningún caso… Hay muchos salvadoreños que han construido una vida y han invertido en negocios, familias con nietos, hijos estadounidenses, ellos no van a dejar todo eso por venirse a un país que no ofrece las oportunidades de educación para sus hijos ni las oportunidades económicas para sus familias", subraya.
"Les ha costado mucho a los que se fueron durante la guerra y otras épocas, pues la emigración no ha parado. Serían muy pocos y engañados (los que regresan)…Eso que dijo el presidente en Naciones Unidas de una migración a la inversa, las estadísticas ni el censo no lo muestran", agrega.
Falta de transparencia favorece corrupción
A su juicio, la corrupción se hace más propicia porque el acceso a la información se ha vedado hasta por siete años o más. "No hay transparencia por siete años. Pueden hacer lo que quieran y ninguno tiene derecho de pedir información".
"El país estará más deprimido a medida que la pobreza se incrementa, por el régimen de excepción y la corrupción", enfatiza. "Esto demuestra que hay una crisis verdadera y que no podemos quedarnos callados y hay que buscar los medios para dar a conocer la verdad de lo que está sucediendo", agrega.
"Como salvadoreños no podemos dejarnos cegar por este gobierno y por sus cuentos. Tienen que informarse y abrir los ojos", indicó refiriéndose a los salvadoreños de la diáspora. "No es posible que digan que "a nosotros no nos afecta" y que no tengan visión de país", reflexiona.