La consigna más fuerte durante la marcha que organizaciones civiles salvadoreñas realizaron con motivo de los 203 años de Independencia, fue contra el régimen de excepción y a los daños que su vigencia por casi 30 meses ha causado en personas capturadas y encarceladas arbitraria e injustamente.
Centenares de personas marcharon desde la 25 Avenida Norte hasta la Plaza Libertad, reclamando al gobierno de Nayib Bukele que elimine el régimen de excepción decretado hace casi 30 meses para contener un baño de sangre cometido por miembros de pandillas que entre el 25 y 27 de marzo de 2022, dejó más de 90 personas asesinadas.
Los marchantes también protestaron por la corrupción que existe en el gobierno que va desde el endeudamiento desenfrenado hasta la asignación de dinero a los diputados quienes lo ocupan en pagar fotógrafos o creadores de contenido, entre otras plazas, para mantener una imagen positiva ante la población.
Otro sector, el de veteranos y lisiados de guerra, reclamaban el retiro de prestaciones que por ley les fueron otorgadas, entre estas, consultas médicas y el pago de aguinaldo a lisiados de guerra, así como el desmantelamiento del Fondo de Protección a Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado (Foprolyd).
Casi a la mitad de la marcha, un grupo de personas reclamaban al gobierno y a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) la manera cómo han manejado las investigaciones sobre el desfalco financiero de (según el gobierno) $35 millones por parte de dirigentes y empleados de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI).
Estos en su mayoría, eran personas de la tercera edad quienes confiaron en COSAVI los ahorros de todas su vida, esperando ganar un poco más de intereses para poder tener una vejez digna, planes que se les vinieron abajo cuando el 9 de mayo el gobierno informó la intervención de COSAVI y la investigación de algunos de sus directivos y altos cargos ejecutivos.
La marcha contó con la asistencia de varios centenares de personas quienes, al final del recorrido, se concentraron en la Plaza Libertad.
Los afectados por el desfalco financiero criticaron al gobierno por el silencio con que hasta ahora ha manejado la situación y la lentitud en devolver los ahorros a cada socio de COSAVI, a pesar de que el 9 de mayo de este año, aseguraron que la cooperativa tenía los suficientes activos para hacer frente a sus obligaciones.
Algunos afectados entrevistados dijeron temer que la reciente muerte del gerente general de COSAVI, Manuel Alberto Coto Barrientos, sirva como excusa al gobierno para hacer algún entuerto y ya no devolver los ahorros y aportaciones a más de 10 mil socios que tenía esa cooperativa, según la memoria de labores del 2023.
Exigencia de justicia
Entre las organizaciones de la sociedad civil destacaron Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), que han enfocado sus acciones en apoyar a las familias de personas que están encarceladas o desaparecidas tras ser capturadas bajo el régimen de excepción.
Cientos de mujeres y hombres desfilaron portando afiches con las fotos y nombres de sus familiares que fueron capturados bajo el régimen de excepción y de quienes no saben nada sobre sus procesos judiciales y su estado de salud. Otros están desaparecidos o detenidos ilegalmente luego de que los jueces de sus causas les hayan decretado libertad bajo medidas y las autoridades de Centros Penales se hayan negado a cumplir tales órdenes.
El pasado 11 de julio, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias exigió al presidente Nayib Bukele, explicaciones sobre la muerte de Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez, quien murió en prisión el pasado 7 de febrero.
La ONU también le ha exigido a Bukele, levantar el régimen de excepción y garantizar el derecho a la información de las familias de las personas privadas de libertad y el derecho a visitar a sus seres queridos, además de las medidas adoptadas para garantizar que las familias reciban informes médicos y autopsias precisas.
“Quisiéramos recordarle al Gobierno de su Excelencia que en todo caso de muerte en custodia existe una presunción de responsabilidad del Estado, por lo cual el derecho internacional exige se lleve a cabo una investigación exhaustiva, rápida, independiente e imparcial de todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”, detalla el documento.
Al respecto, la salvadoreña-estadounidense Ana Sol Gutiérrez, ex congresista por Maryland, dijo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha causado un revuelo en el Congreso y el Departamento de Estado, debido a las revelaciones sobre las violaciones de derechos humanos que muchos están sufriendo en El Salvador.
“Sin derechos humanos no puede haber una democracia, una independencia en un país. Este informe de la CIDH señala al gobierno de Nayib Bukele como perpetrador de masivas violaciones a los derechos humanos, algunos considerados como crímenes de lesa humanidad” afirmó Sol, quien aseguró haber participado en la marcha en su carácter personal.
La ex funcionaria estadounidense hizo un llamado a los salvadoreños a luchar por la libertad. “Yo estoy aquí para decirles que no están solos; están acompañados por todos los salvadoreños que están afuera. No paren de luchar, no paren de hablar la verdad”, afirmó al tiempo que dijo ser parte de la organización Nación Salvadoreña en el Exterior.
Por su parte, el juez de Sentencia de Zacatecoluca, Juan Antonio Durán, aseguró que el régimen de excepción y todo el estado de cosas que hay (la Sala usurpada, el poder judicial cooptado, el fraude electoral que hizo que tuvieran mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, el uso del Ejercito para actividades de seguridad en violación a la Constitución), se ha traducido en graves violaciones a los derechos de la gente.
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Por su parte, el gobierno también realizó un desfile para conmemorar la Independencia, el cual inició en la plaza Salvador del Mundo y culminó en el Parque Cuscatlán.
El referido desfile estuvo encabezado por la Banda El Salvador, por unidades militares, policiales y de otras instituciones gubernamentales. Durante el mismo, aviones y helicópteros militares sobrevolaron la capital salvadoreña.