Luego de cuatro meses detenido, Napoleón Armando Jirón, alcalde de La Paz Centro, fue liberado por orden del Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa el viernes para seguir en libertad bajo medidas con el proceso judicial por contaminación ambiental.
Jirón fue arrestado el 14 de mayo anterior horas después de que presuntamente ordenara la destrucción de unas ramadas ubicadas a orilla de la playa Costa del Sol, también fue capturado ese día César Augusto Ticas González, jefe de Catastro de la alcaldía de La Paz Centro porque que supuestamente, ejecutó la orden de destruir las 59 ramadas.
Al término de la audiencia especial en la que el edil fue liberado, una multitud celebraba su liberación. La orden de liberarlo también fue expedida hace semanas por una Cámara de lo Penal con sede en San Vicente, sin embargo, esta no había sido ejecutada por la Dirección de Centros Penales.
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Jirón se mantenía bajo arresto aun cuando en junio pasado, había sido cancelada la fianza de $10,000 que le impuso el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura. La audiencia, además, había sido suspendida en dos ocasiones anteriores.
El alcalde y el jefe de catastro son acusados por contaminación ambiental, incendio y actos arbitrarios
El hecho
La noche del 13 de mayo, decenas de ramadas propiedad de comerciantes ubicadas a orillas de la playa Costa del Sol fueron incendiadas con parte de su mobiliario dentro.
Según los acusados, dieron cumplimiento a una orden de un juzgado ambiental que supuestamente les mandataba realizar el desalojo de las ramadas, sin embargo, la juez aclaró después en un escrito que la orden era de verificar los permisos de funcionamiento a pedido del Instituto Salvadoreño Turismo (ISTU) y no de ejecutar un desalojo forzoso.
Así, Jirón y Ticas fueron señalados de sobrepasar la orden judicial, al destruir las ramadas.
Ezequiel Córdova, secretario municipal de La Paz Centro, afirmó semanas atrás que el Concejo Municipal entabló diálogo con los comerciantes afectados por el desalojo, explicó que se devolvieron sus pertenencias que estaban en las ramadas, que acordarían una compensación monetaria por los daños y que serían reubicados en otro sector de la Costa del Sol, aunque ya no la orilla de la playa, puesto que hay una ordenanza municipal que prohíbe el establecimiento de ramadas en esa zona.