Representantes del Movimiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana y el movimiento Busquemos a Carlos Abarca presentaron este martes a la Asamblea Legislativa una solicitud de audiencia a la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, en la que se estudian las propuestas del gobierno de reformas penales de aumento de penas a delitos y de plazo a la detención provisional.
Aunque la nota fue dirigida a la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, no fue sino hasta este miércoles en la mañana que fue recibida y sellada por la Comisión de Defensa, pese a que ésta fue absorbida por la Comisión de Seguridad Nacional con la reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL) para la actual legislatura. Es decir, la correspondencia fue enviada a una comisión que ya no existe.
Dichas propuestas buscan extender hasta 24 meses la detención provisional de personas que enfrenten procesos penales e incrementar las penas de prisión por el cometimiento de delitos comunes, como robo o hurto; reformas que ya han sido señaladas de no cumplir con la proporcionalidad y hasta violentar convenciones internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Con las nuevas reformas penales, cuyo considerando se enuncia únicamente el derecho interno y no legislación internacional, que toda norma debe aplicar y debe conllevar este binomio, es de suma preocupación cómo la detención provisional pasará a más de dos años, mientras se decide la detención jurídica de los imputados”, dijo Roxana Cardona, representante del Movimiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana.
Agregó que estas reformas trasladarían el régimen de excepción a la población en general al extender más de dos años la detención provisional.
“Al determinar la detención guardar la debida proporción con la pena, sin embargo, dicha reforma conlleva pasar más de dos años en dicha situación privativa, violentando el principio de necesidad. Igual suerte llevaría interponer algún recurso ante la sentencia condenatoria, se le estaría alargando dicha detención provisional”, señala el escrito presentado.
En cuanto al aumento de penas por delitos patrimoniales, como hurto y estafa hasta máximo de ocho años de prisión, “se observa una nula aplicación del Principio de Humanidad y de Culpabilidad de la Pena, deben observarse la responsabilidad, el dolo, la culpa atribuida y de proporcionalidad”, añade la correspondencia.
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Otro de los aspectos sería la responsabilidad civil, que a criterio de la abogada, “se está disfrazando como prisión por deuda”, al no ser cancelada y agregar a la pena un porcentaje mayor a la pena.
La propuesta de reforma al Código Procesal Penal dice que cuando la acción civil haya sido ejercida, la sentencia condenatoria fijará la reparación de los daños materiales, perjuicios causados y costas procesales. Y que se establecerá en la sentencia que “de no cumplirse las obligaciones civiles o no demostrarse la imposibilidad absoluta para ello”, la persona condenada deberá cumplir una tercera parte más de la pena impuesta o la pena máxima.
El movimiento señala que no queda claro “si se cancelará con cárcel dicha responsabilidad civil”.
La propuesta de reforma al Código Procesal Penal incluye que en los casos de administración fraudulenta las partes interesadas asumirán el costo económico para la realización de las pericias.
“En el caso de las defraudaciones, como en el caso COSAVI, pasarán a costear las propias víctimas sus propios peritajes. Entonces estamos viendo una desproporción, una justicia selectiva en este tipo de casos”, dijo Cardona.
Indicó que piden a la Asamblea que aplique el principio democrático para escuchar a otras voces de la sociedad civil en la discusión de este tema.
Pide interpelar a ministro
Por su parte, Eneida Abarca, el movimiento Busquemos a Carlos Abarca, pide que la Comisión interpele al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, respecto al caso de la desaparición del joven.
“En referencia a las declaraciones que dio el ministro Villatoro en el pasado mayo en el año 2023, que habían indicios de que Carlos posiblemente estaba vivo. Sin embargo, hasta la fecha no hay respuesta estatal, no hay respuesta del ministro Villatoro”, dijo la madre de Carlos.
Agregó que tampoco hay respuesta de parte de la Fiscalía ni de la Policía Nacional Civil. “Porque todos ellos como gobierno no están actuando con la debida celeridad, ¿cuál es el paradero de Carlos, cuáles son las diligencias que están realizando? Que hasta el momento no tenemos respuesta”, añadió.
Carlos, estudiante universitario, está desaparecido desde hace 30 meses y su madre ha realizado varias jornadas de búsqueda por su propia cuenta.