Comisiones del Senado mexicano aprobaron en lo general el dictamen de reforma del Poder Judicial, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y señalada de politizar la justicia al buscar elegir a través de voto popular a jueces y magistrados.
La aprobación, que se dio sin modificaciones, ocurrió con 25 votos a favor de la alianza oficialista conformada por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT); y 12 en contra provenientes de la oposición.
Ahora, la iniciativa será discutida en lo particular para ser enviada al Pleno donde se prevé su discusión y votación el próximo miércoles.
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, denunció este domingo un intento de «demolición del poder judicial» en México, donde el oficialismo de izquierda empezó a discutir una polémica reforma a ese sector en el Senado.
«La demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende», dijo Piña en una inusual alocución por redes sociales, mientras miles de personas protestaban en Ciudad de México contra el proyecto que propone la elección popular de jueces y magistrados.
Acompañada de otros colegas, la ministra, quien el viernes participó en protestas contra la reforma organizadas por funcionarios judiciales en huelga, anunció dos propuestas elaboradas por el poder judicial.
Según esos planteamientos, la elección afectaría la independencia de los juzgadores y facilitaría el «involucramiento de grupos de poder y de crimen organizado en la conformación del poder judicial».
Piña llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a escuchar las observaciones que advierten que la enmienda socavará la impartición de justicia.
Tras la decisión en el Senado, el líder del opositor Partido Acción Nacional (PAN), el senador Marko Cortés, adelantó que el grupo votará en contra de esta propuesta “porque no resuelve, agrava los problemas. Esta propuesta es regresiva y destructiva de forma. ¿Por qué de forma? Porque hay un grave retroceso en el modelo democrático del país”, expuso.
Aseguró que la aprobación de la iniciativa “vulnera la autonomía al Poder Judicial” y que “está debilitando la figura del amparo como el principal recurso que tienen los ciudadanos contra actos arbitrarios e injustos de la autoridad, debilita sus alcances generales”.
Y afirmó que el proyecto genera “una gran incertidumbre jurídica y económica. Si no hay certidumbre, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay generación de empleo formal. Si no hay empleo formal, no hay pago de impuestos. ¿Y qué creen? Si no hay pago de impuestos, no hay programas sociales”, expuso.
Mientras que la senadora del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya Mota, manifestó que artículos del dictamen contravienen a otros artículos de la propia Constitución, así como a diversas disposiciones convencionales y tratados internacionales como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Luis Donaldo Colosio Riojas, del también opositor Movimiento Ciudadano (MC), expuso que la reforma no cubre todo el espectro de la procuración de justicia, prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica de los juzgadores, compromete la imparcialidad, la independencia, la autonomía y la constante capacitación, lo que pone en riesgo a los ciudadanos.
En contraparte, el senador Gonzalo Yáñez, aseguró que el Grupo Parlamentario del PT votará a favor de la reforma “por convicción, por conciencia y por democracia”.
Mientras que Waldo Fernández González, del PVEM, subrayó que es falso que se “destruya” la carrera de los trabajadores del Poder Judicial y que cualquier persona se pueda inscribir para ser ministro, magistrado o juez.
El dictamen de reforma se aprueba en medio de protestas, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles en contra de la iniciativa.
También ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.