Una indígena oficialista levantó su mano en el Congreso de Diputados de México para aprobar una reforma impulsada por López Obrador: que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, una reforma que amenaza su independencia, pero también la democracia y abrirá las puertas de la judicatura al narcotráfico y al crimen organizado, según han denunciado Estados Unidos y gremios empresariales y judiciales.
La misma propuesta ha hecho Netanyahu en Israel, lo que ha encontrado una fuerte oposición en su contra, ya que la población sabe que la mayor protección para todos es una judicatura independiente de la política o de cualquier clase de fuerzas fuera de lo establecido por la ley.
Al igual como sucede en El Salvador, el oficialismo de López Obrador se aprovechó de la "aplanadora" que tiene en el Congreso mexicano para imponer la reforma, pese al clamor popular, paros y manifestaciones multitudinarias para que no lo hiciera.
En su caso extremo, las dictaduras simplemente nombran jueces, magistrados, cortes de apelación, cortes de constitucionalidad, etcétera a su antojo. En Nicaragua, país que acaba de ofrecer enviar tropas a Maduro para aplastar la oposición (oposición que representa prácticamente a la gran mayoría de venezolanos, hartos de los desmanes "maduristas"), a nadie sorprende este proceder, pues en dicho país las decisiones de los tribunales son puntualmente consultadas a Ortega antes de emitirse.
Literalmente el mundo, en lo que respecta a las dictaduras vinculadas al marxismo se enfrenta a una especie de internacional del mal, que siguen el mismo guion para apoderarse de los países.
Llegará el momento en que prevaricadores perderán el derecho de ejercer
En México al menos se tomaron la molestia de definir cómo van a designarse jueces y magistrados, a diferencia de nuestro pobre El Salvador, donde de un plumazo destituyeron a los legítimos magistrados de la Sala de lo Constitucional, cesaron a los jueces mayores de 60 años y han violado la Carta Magna y torcido sus preceptos al capricho. Como si fuera un acto civilizado, el régimen se ufana de haber puesto bajo su control al Legislativo y al Judicial.
Las cláusulas que protegen a la persona de actos arbitrarios y que garantizan la limpia administración de la justicia a todo individuo que acude a un tribunal, se basan en principios milenarios, algunos recogidos en el Código del rey Hamurabi de Babilonia hace tres mil setecientos años, principios que obviamente venían desde que se fundaron las primeras ciudades (de allí el término "civilización" relacionado con ciudades) para ordenar racionalmente la vida de la gente, "dando a cada quien lo suyo".
Durante el reinado del Rey Cambises narra Herodoto, un juez que tomó dinero de una de las partes fue desollado vivo; su hijo, también juez, impartió justicia sentado sobre la piel del padre... Tal vez esa pena no encaja con nuestra época pero algunos piensan que debería aplicarse a los jueces que avalan los abusos extremos que se perpetran bajo el "régimen de excepción" que avala la tortura, los presos políticos, las "desapariciones forzosas", los peores actos como la captura reciente de José Omar Romero, hermano de Carlos Hernández, líder indigenista, por "suposiciones"...