El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador suspendió esta mañana el juicio del caso denominado Asocambio debido a que, al menos 46 pruebas documentales no han sido localizadas.
El Tribunal informó sobre algunos inconvenientes con los que se encontraron, entre ellos, que no se había localizado parte de la prueba, algunas cajas que contenían elementos probatorios llegaron selladas y los listados de las pruebas entregados por la Fiscalía no coincidían con los nombres que tenían en la etapa anterior.
"Es una circunstancia inusual, hay evidencia que no ha sido localizada por el Tribunal, hay cajas que están cerradas, sin que las hubieran abierto y constatado la existencia de una documentación y básicamente por eso se da esta suspensión", declaró Pedro Cruz, abogado defensor de Mauricio Ramírez Landaverde.
Aunque el Tribunal pretendía continuar la vista pública, varios de los abogados defensores expresaron que afectaría el derecho a defensa y garantías constitucionales de sus defendidos.
Juan Carlos García, defensor del ex viceministro de Justicia, Raúl Antonio López, expuso que no se puede ejercer el derecho a defensa sino se cuenta con los elementos probatorios para confrontar a los testigos que van a declarar.
“Sería importante que previo a que nosotros entrevistemos a cualquier testigo, para la defensa, tengamos los elementos probatorios documentales de los cuales echaremos mano, por lo tanto, el Tribunal y la Fiscalía tendrían que coordinar ese trabajo”, expuso.
José Azucena, abogado defensor de Luis Alonso Barrera Peñate, explicó que el tribunal de instrucción debió haber emitido un detalle de individualización de la prueba, tanto de cargo como de descargo y que cuando se instaló el juicio, había una cantidad de cajas de prueba presentados por Fiscalía, que la defensa ni siquiera sabía que existía.
“No es que no la hayamos visto, que no la hayamos individualizado o que no la conozcamos, ni siquiera sabíamos que existía. Cuándo fue la audiencia preliminar y nos comunicaron la acusación, mucha de la prueba documental que se dijo, que venía en anexos, no nos la hicieron llegar”, expresó Azucena.
Ivania Cruz, representante del Comité de Presas y Presos Políticos (Cofappes) declaró que es preocupante la situación que no se localice la prueba de la defensa porque afecta derechos y las garantías constitucionales, como el principio de defensa, igualdad, contradicción e inmediación.
«Se ve reflejado que es un desorden del juzgado de instrucción, pero también de la Fiscalía, normalmente en procesos grandes la Fiscalía hace un solo "atarrayazo", no individualiza la prueba por cada una de las personas», declaró.
El juicio del caso Asocambio se encuentra en receso debido a que la prueba documental están sin ubicar. Ivania Cruz de @cofappes explica sin prueba se violentan derechos y garantías constitucionales. @elsalvadorcom pic.twitter.com/GIoIFNuDnd
— Lissette Lemus 🇸🇻 (@lissettelemusSV) September 2, 2024
En total son 19 personas procesadas en este caso, pero solamente Ramírez Landaverde y Roque Mártir estuvieron encarcelados por casi tres años, pese a que en diciembre de 2023, el juzgado decretó que continuarán el proceso judicial bajo medidas alternas a la prisión.
Por más de ocho meses, la Dirección de Centros Penales se negó a cumplir la orden judicial, hecho que fue ampliamente denunciado por el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes).
Ahora, ambos funcionarios permanecen en arresto domiciliario, ordenado por el tribunal, en el primer día de juicio, por petición de la defensa, que alegó que se les había violentado el derecho de igualdad.