Un total de 311 personas han muerto bajo custodia del Estado desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de agosto de este año, según los casos de muertes documentados por el Socorro Jurídico Humanitario, en el contexto del régimen de excepción.
“Sube a 311 el número de víctimas mortales durante el régimen de excepción. Hablamos de 307 víctimas adultas y cuatro bebés. Según lo que se ha encontrado en bases filtradas en Telegram, hay víctimas mortales en Centros Penales a las que les han puesto muerte 'sobre averiguar'. Eso significa que hay una cifra negra de muertes que se desconocen a la fecha. Estamos investigando”, publicó esa organización en su cuenta de X (Twitter).
#URGENTE Sube a 311 el número de víctimas mortales durante el #RégimenDeExcepción. Hablamos de 307 víctimas adultas y 4 bebés. Según lo que se ha encontrado en bases filtradas en #Telegram, hay víctimas mortales en Centros Penales a las que les han puesto muerte "sobreaveriguar".… pic.twitter.com/tmxecqU8IO
— Socorro Jurídico Humanitario (@SJHumanitario) August 31, 2024
Ante la falta de información pública oficial por parte de las autoridades gubernamentales, esa organización defensora de derechos humanos es una de las que contabiliza los casos de personas que han muerto dentro de las prisiones de El Salvador.
Las representantes de esa organización han denunciado en diversas ocasiones que varias de las personas que han fallecido dentro de las prisiones ya tenían orden de libertad emitidas por jueces, pero centros penales se negaron a liberarlos.
Además, han criticado que los detenidos en el contexto del régimen de excepción son juzgados por “jueces sin rostro”, es decir de quienes se desconoce su identidad, y que se les ha violentado el derecho a defensa, debido a que no se ha tomado en cuenta ningún tipo de arraigo (domiciliar, familiar, laboral, etc.).
Representantes del Socorro Jurídico aseguran que el 94% de los muertos en prisión no estaban perfilados como pandilleros y la mayoría se encontraban en el penal de Izalco o Mariona, según los casos que han documentado con testimonios de familiares, fotografías y documentos.
“El Estado violenta una y otra vez los tratados internacionales en relación al respeto a los derechos humanos”, señalaron .
Las autoridades hasta el momento mantienen la posición de que en centros penales no hay muertes violentas ni torturas.