La presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, aseguró que canceló el tratado de extradición con Estados Unidos para evitar que lo use contra militares que le son leales y facilite un intento de golpe de Estado.
“Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno”, afirmó la mandataria al referirse implícitamente a Estados Unidos, un día después de anunciar sorpresivamente el fin del pacto que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes.
Según Castro, tomó esa medida en respuesta a la “injerencia” de la embajadora de Washington en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien criticó una reunión de autoridades hondureñas con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
VER: Cuatro claves sobre el fin del tratado de extradición entre Honduras y EE.UU.
Dogu expresó el miércoles a periodistas su “preocupación” por ver al ministro de Defensa, Jose Manual Zelaya, y al jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, “sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela”.
Para el gobierno hondureño, el tratado de extradición podría ser usado contra Zelaya y Hernández, leales a Castro, bajo el argumento de que se reunieron con Padrino López, sancionado por Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico.
“Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa en nuestro país. Un ataque que no podemos permitir”, afirmó Castro, en un discurso al inaugurar un proyecto eléctrico.
“No voy a permitir que se utilice, instrumente la extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras, nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas”, agregó.
“Golpe de barracas"
Por su parte, el canciller hondureño, Enrique Reina, afirmó que el tratado fue cancelado para evitar que sea usado como “arma política”.
“Aquí se puede estar en este momento gestando un intento de golpe de Estado” y el tratado de extradición “puede ser como […] un arma política en este embate” contra el gobierno de Castro, aseveró Reina en un programa de televisión.
Afirmó que la inteligencia militar detectó tras las declaraciones de la embajadora que un grupo de oficiales estaba “conspirando” para dar “un golpe de barracas” para remover al general Hernández.
“Nosotros ya pasamos un golpe de Estado, ya vivimos lo que eso significa, violencia, destierro de persecución, violaciones a los derechos humanos”, dijo en alusión al derrocamiento de su marido, el expresidente Manuel Zelaya, en 2009.
Críticas y elogios
El tratado era considerado una herramienta clave para desmantelar el “narco-Estado” que, según la justicia estadounidense, fue creado en Honduras bajo el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Medio centenar de hondureños acusados de tráfico de drogas han sido entregados desde 2014 a Estados Unidos en virtud del tratado.
El propio exmandatario derechista Hernández fue extraditado en 2022 tras dejar el poder y fue condenado en junio en Nueva York a 45 años de prisión.
Aunque el tratado fue firmado en 1912, las primeras extradiciones se registraron en 2014 gracias a un nuevo acuerdo entre Estados Unidos con el entonces presidente Porfirio Lobo (2010-2014) y Hernández, quien era el líder del Congreso.
Tras ser aliado tradicional de Estados Unidos, bajo el actual gobierno Honduras se ha alineado con Venezuela y la decisión de cancelar el tratado provocó críticas a Castro, pero también el apoyo del expresidente Lobo, quien señaló que fue una decisión “valiente”.
Un hijo de Lobo, Fabio, fue condenado en Estados Unidos en 2017 a 24 años de cárcel por narcotráfico, tras ser capturado en Haití por agentes de la DEA estadounidense.
En una carta enviada desde prisión, Hernández calificó el acuerdo de extradición como “un instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen”, aunque “conlleva riesgos de cometer errores”, como sucedió en su caso, según él.
El analista Joaquín Mejía dijo a la AFP que lo declarado por “la embajadora Dogu es lamentable, injerencista”, pues ella “se comporta como una procónsul romana”
“Esto ha sido aprovechado por el gobierno para tomar una decisión que me parece lamentable, porque al final lo que se nos quita es una herramienta que ha sido eficaz para la lucha contra el narcotráfico”, agregó el profesor de la Universidad Nacional.