A un grupo de mujeres migueleñas, que se dedica a la confección de uniformes escolares de las escuelas públicas, les sabe a "medicina amarga" el anunció hecho por la Presidencia de la República, en cadena nacional el pasado 5 de julio, donde el director de Centros Penales informa que los reos en fase de confianza se dedicarían a confeccionar esas prendas, lo cual implica para ellas que los proveedores quedan excluidos del programa. Pero ninguna institución gubernamental hasta la fecha les ha informado de forma oficial sobre la decisión, y lamentan días antes a la cadena nacional habían iniciado con los gastos para elaborar el segundo uniforme.
"Nos hemos quedado con los gastos y deudas de los insumos porque el gobierno solo nos da la tela, el resto como zippers, botones, peplum, hilos y otros materiales nosotros los compramos", dijo Delmy Núñez, coordinadora de proveedores de San Miguel. Muchas de las costureras y sastres participan desde el inicio del programa en el 2009.
Desde entonces estas personas han realizado la documentación cada seis meses para renovación de contrato, tras cada proveedora se encuentran de 5 a 13 personas colaborando en la confección para que puedan cumplir con en el tiempo establecido por el Ministerio de Educación; en su mayoría son madres solteras que necesitan cuidar a sus hijos mientras trabajan o mujeres mayores de 40 años que no encuentran otras oportunidades de empleo.
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Las costureras relatan que a medida fue avanzando el programa, cada una fue adquiriendo maquinaria e insumos para tener en la medida de lo posible todas las herramientas para cumplir con el trabajo, es por ello que algunas tienen créditos con maquinaria y materiales y por eso temen lo que pueda suceder.
"No le estamos exigiendo pero si le solicitamos de favor al Presidente de la República que considere nuestra situación, que no nos saque del programa del paquete escolar ,nosotros queremos seguir trabajando porque este es nuestro sustento, de aquí sacamos a nuestras familias adelante", agregó Núñez.
Algunos proveedores para poder cancelar sus deudas de préstamos bancarios están pensando en la posibilidad de vender sus máquinas , dicen que del pago del primer periodo de confección de uniformes compensaban para el segundo, la situación actual ha generado incertidumbre entre ellas y hasta problemas de salud por no tener respuestas de qué pasará en el futuro.
"Yo soy costurera desde que tenía 18 años, tengo ahora 64 y fui de las primeras en ingresar a este programa, así como la mayoría mi taller lo tengo en casa y con mi trabajo aporto en mi casa. A otras 5 personas les doy subcontrataciones, y ya ni halló que responderles cuando me preguntan si ya nos han dado las telas para hacer los uniformes", explicó Ibe Segovia. Ellas consideran que los talleres de Centros Penales podrían elaborar los uniformes de policías, soldados pero piden que se les deje a los proveedores la vestimenta de los centros escolares para no perder su fuente de trabajo. Añade que al elegir trabajar con el gobierno de lleno perdió su clientela hace más de 14 años, cuando ya no eran muchos los ingresos por los arreglos de ropa y confecciones.
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Estiman que las deudas para esta segunda entrega quedaron desde los $400 hasta los $6,000 . También estiman que entre proveedoras y ayudantes hay unas 2,000 personas que se quedarán sin empleo solo en San Miguel, muchas de ellas han expresado su preocupación y señalan que ya empiezan a sentir la medicina amarga, sumándole eso al hecho del elevado costo de la vida en El Salvador. El pasado 19 de julio un grupo de representantes de los proveedores de uniformes de la zona occidental entregaron una carta al Ministerio de Educación y una en Casa Presidencial con el objetivo de buscar una alternativa de trabajo antes de cancelar todos los contratos.
"Nos dicen que trabajemos en otras cosas, pero si ya nadie manda a hacer un traje, con eso de la ropa americana solo remiendos llegan, porque la ropa del gringo no les queda", dijo José Herrera.
"Ahorita este grupo está luchando porque se nos devuelva el trabajo porque mucha gente depende de nosotros, en mi caso tenía 10 trabajadores que los tuve que despedir y regalarles, porque eso no fue un pago, a unos les di $50 a otros les alcancé a dar $100 por el tiempo que me habían ayudado, en el gremio somos más de 10,000 los que nos quedamos sin empleo", concluyó Herrera.
Cristina Cuadra es una mujer de la tercera edad padece diabetes, hipertensión y carece de seguro social, por lo que los cuidados de su salud es uno de sus principales "gastos"; así que de sus ingresos como emprendedora dependen mucho el estado de su salud..
"El material subió demasiado sin embargo le hacemos frente por la necesidad, preferimos ganar un poquito a nada. Yo compraba una caja de hilo que trae 55 unidades y valía $50.00 ahora está a $60.00, el peplum lo compré la última vez barato valía $25.00 hoy lo compró a $45 la caja, todo ha subido de diez dólares en adelante, la vida está cara por eso solicitamos al señor Presidente que no nos deje a un lado, nosotras esto es lo que sabemos hacer y ya de aquí no nos dan trabajo en otro lugar", expresa Adalia Blanco. A pesar de las consultas en web, llamadas telefónicas y visitas al Ministerio de Educación no hay una respuesta para los y las proveedoras y señalan que hay mucho hermetismo en el tema, por lo que se estima que los estudiantes posiblemente no tengan uniformes para este segundo periodo del año.
Al consultar con directores de centros escolares de San Miguel han afirmado que no han recibido telas. Ante esta situación las mujeres jóvenes están decididas a dejar el país en busca de un mejor futuro, pues dicen que es la única posibilidad que les queda si el gobierno lejos de apoyarlas les perjudica quitándoles su única fuente de ingresos.
Entre el miedo y las amenazas por exigir su pago
Uno de los proveedores que accedió a hablar con El Diario de Hoy, bajo el anonimato por temor a represalias, narró que había buscado apoyo de un diputado de la Asamblea Legislativa para agilizar los pagos incumplidos de 2023.
"Me dice el diputado: quién sabe sí les paguen porque en muchos proyectos lo que hace es correr a las empresas", asegura este proveedor.
El afectado sostuvo que en su caso había recibido un contrato por aproximadamente $12,000 por los uniformes escolares, pero debido a los retrasos decidió vender un vehículo para solventar los pagos de los empleados, planificando comprar uno nuevo al tener el desembolso; sin embargo, cuando esto ocurrió la mora en el préstamo había subido y aún se debía dinero al personal por lo que no pudo reponer su auto. "A mi se me bajó la
moral. Da cosa saber que no nos quiere pagar", agrega.
Deudas que ascienden a $9,000
"Yo no hago de cuentas del pago de este año, pero a mi me deben como $9,000 de los uniformes que entregue el año pasado", señaló Ana Meneses, representante de la Mesa Nacional de Diálogo de los Proveedores y vocera de Textiles, como se han denominado el grupo que acuerpa a más de 3,000 afectados. Meneses señala que hay aproximadamente 360 talleres que, en la mayoría de casos, daban trabajo a las personas de la tercera edad .
"Estamos haciendo milagritos, comiendo a veces, porque nosotros gastamos para iniciar con el segundo uniforme (…), estábamos listos para confeccionar y todos están callados nadie sabe nada", sostuvo.
"Imagínese que entre todos somos unas cien mil personas que trabajamos en esto, si nos cancelan cuántas familias nos quedamos sin ingresos", dice Meneses, quien señala que los reos del programa Cero Ocio pueden retribuir a la sociedad a través de otros proyectos como la reparación vial a nivel nacional, limpieza de espacios públicos, entre otros.
"Al principio cuando él habló que iba a comenzar a trabajar en lo económico nosotros pensábamos que iba a mejorar los programas, pero vamos para atrás", recalcó.