Por La Comisión de la Verdad dedicó tres meses a recibir y buscar información, pero no siempre fue tarea fácil. Esto lo resume en su informe: “Una realidad ha de expresarse con la fuerza del denuncio: por la vía de la destrucción, o del ocultamiento de la documentación, o del soslayamiento del lugar donde fueron encarceladas no pocas personas, o donde se enterraron cadáveres, en algunos casos se ha logrado invertir la carga de la prueba y transferir a esta Comisión, al poder judicial y a la ciudadanía, la tarea de la reconstrucción de los hechos. Corresponde a la nueva administración de justicia, proseguir esas indagaciones. Y tomar las decisiones finales que considere oportunas en este trayecto de la historia”.
En su escrito La Comisión de la Verdad para El Salvador, el Comisionado Thomas Buergenthal es bastante más explícito: “Lo más difícil para la Comisión fue obtener los documentos que necesitaba. Al solicitar hojas de servicio o los expedientes oficiales de algunos oficiales del ejército -por ejemplo, información acerca de sus mandos y la ubicación de los mismos en determinados períodos durante la guerra- la respuesta solía ser que los expedientes o habían sido destruidos o no se podían hallar, o bien que estaban incompletos. No se pudo obtener acceso a los archivos de las fuerzas de seguridad. El FMLN tampoco se mostró muy dispuesto a brindar información acerca de los nombres y el despliegue específico de sus oficiales superiores u otros datos pertinentes que hubieran ayudado a la Comisión a identificar a las personas responsables de dar determinadas órdenes militares. Este aspecto de su labor se complicó aún más debido a que los comandantes superiores del FMLN que se iban sucediendo en una región dada, con frecuencia usaban el mismo seudónimo de sus predecesores. Como resultado, el testimonio de testigos en el sentido de que ‘el Comandante Gonzáles dio la orden’, para dar un ejemplo, no necesariamente servía para identificar a la persona que había prestado servicio bajo ese nombre en ese preciso momento. Esa información no siempre se pudo obtener”.
De todas formas, señala el Comisionado Buergenthal, “resultó mucho más fácil identificar a los oficiales de la Fuerza Armada que habían ordenado o cometido graves hechos de violencia, que a los comandantes del FMLN responsables de prácticas equivalentes. Cuando se trataba de un oficial del ejército, por ejemplo, una vez se sabía la fecha y el lugar de un suceso por lo general era posible identificar a la unidad militar responsable y al comandante en jefe. Esta información nos permitía establecer la responsabilidad individual después de realizar las investigaciones necesarias. Como el FMLN no aportaba este tipo de información y nuestras fuentes por lo general no lo sabían, fue casi imposible para la Comisión establecer la responsabilidad individual en muchos de los hechos atribuidos al FMLN. Gracias a una combinación de factores y de golpes de suerte, pudimos determinar la responsabilidad individual de algunos comandantes del FMLN en la matanza de muchos de los alcaldes. Lamentablemente no contamos con las pruebas necesarias en todos los casos”.
En relación con los Estados Unidos, el Comisionado Buergenthal afirma que “tenía en sus manos importante información que nunca fue transmitida a la Comisión. Para dar un ejemplo, una revisión sumaria de los documentos que fueron posteriormente desclasificados y hechos públicos por la Administración Clinton indica que el grupo interinstitucional retuvo información que hubiera facilitado enormemente la labor de la Comisión para llegar a la verdad, sin poner en peligro la seguridad nacional ni las fuentes de inteligencia de los Estados Unidos. Los documentos recién hechos públicos sugieren, además, que parte de la información que se rehusó a la Comisión por razones de seguridad nacional se refería a ciudadanos salvadoreños que algunos funcionarios norteamericanos al parecer deseaban proteger de investigación por parte de la Comisión”.
El Comisionado Buergenthal también indica que en “vista de que mis colegas pensaban, como yo, que algunos de los funcionarios estadounidenses que habían prestado servicio en El Salvador nos podrían proporcionar información útil, intenté obtener el permiso de diversas entidades de los Estados Unidos para entrevistarlos. No sorprende que algunas de ellas se mostraran más anuentes que otras. El Departamento de Estado fue de los más cooperadores, pero al menos otros dos departamentos hicieron lo posible por obstaculizar mis esfuerzos. Un organismo gubernamental esperó hasta el 19 de enero de 1993 -la víspera de la toma de posesión de la Administración Clinton- para denegar mi solicitud, la misma que había estado pendiente durante meses. El gobierno entrante revocó esa decisión. No obstante, se había perdido mucho tiempo valioso. Hubo otro organismo que llevó esta técnica dilatoria al extremo de ir prolongando las negociaciones conmigo hasta una semana antes de la fecha de entrega del Informe de la Comisión. Ya a esas alturas era imposible verificar la información brindada y, menos aún, aprovecharla de alguna manera. Estoy convencido de que lo que enfrentamos aquí no fue una política del gobierno estadounidense dirigida a impedir la labor de la Comisión, sino, más bien, una serie de decisiones tomadas por funcionarios individuales que no estaban de acuerdo con el papel que se había encomendado a la Comisión ni con la decisión formal de los Estados Unidos de brindarle su apoyo”.
Sea como fuere, el Comisionado Buergenthal señala que El National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional), una institución privada basada en Washington, D.C., fue una valiosa fuente de información, pues no solo les proporcionó numerosos documentos, sino que les dio acceso a sus archivos. Eso les “reveló el tipo de información que estaría en poder del gobierno estadounidense y nos dio la oportunidad de verificar las respuestas que habíamos recibido del grupo interinstitucional. En una serie de casos, los documentos que me había denegado el grupo interinstitucional por ser de naturaleza secreta, resultaron ser documentos que ya habían sido desclasificados y entregados al National Security Archive en virtud de la Ley de Libertad de Información. Es así que con frecuencia nos vimos ante la necesidad de comparar la información proporcionada por el gobierno estadounidense con la contenida en los documentos del National Security Archive”.
En relación con el papel de los Estados Unidos durante la guerra y la investigación que debía realizar la Comisión, en el mismo artículo el comisionado Buergental dice lo siguiente: “Cabe también hacer alusión al hecho de que la Comisión de la Verdad no se pronunciara respecto del papel que jugó los Estados Unidos y su responsabilidad en algunos de los hechos de violencia cometidos en El Salvador. Muy al inicio de nuestra labor, los Comisionados decidimos que identificaríamos a todas las personas que determináramos habían participado en graves hechos de violencia contemplados en el mandato de la Comisión, sin importar si se trataba de oficiales del ejército o del servicio de inteligencia estadounidenses o de ciudadanos de cualquier otro país. Sin embargo, consideramos que nuestro mandato no nos autorizaba a emprender un análisis de la política de los Estados Unidos ni de cualquier otro país, que pudo haber contribuido a la violencia que azotó al pueblo de El Salvador. Si las partes en los Acuerdos de Paz hubieran querido encomendarnos esa tarea, lo hubieran hecho: más no lo hicieron. Además, si hubiéramos tocado este punto desde una perspectiva distinta, nos hubiéramos visto obligados a emprender una investigación de las políticas y prácticas de los adversarios de la Guerra Fría en Centroamérica –los Estados Unidos, Cuba, Nicaragua y la Unión Soviética– para lo cual no teníamos ni el tiempo ni los recursos necesarios. A pesar de que la opinión pública y los medios de comunicación estadounidenses insistían en el papel de los Estados Unidos en El Salvador, llegamos a la conclusión de que era un tema que el pueblo norteamericano y sus representantes debidamente electos estaban en mejores condiciones que nosotros de investigar y resolver dentro del marco de su propio sistema democrático. Cabe también señalar que, si bien abundaban los rumores y las insinuaciones (todos los cuales se investigaron), la Comisión no encontró suficiente evidencia fehaciente que relacionara a funcionarios estadounidenses militares o del servicio de inteligencia con algún hecho específico de violencia. Si hubiéramos contado con las pruebas necesarias, esto hubiera quedado publicado en el Informe”.
En todo caso, la Comisión tuvo dos fuentes de información: directa e indirecta. La fuente directa fueron personas “cuyos testimonios fueron vertidos ante la propia Comisión casi siempre en forma oral y refrendando una declaración escrita. En ambos casos se contó con la presencia del declarante y con la ratificación de la declaración por medio de su firma o huella dactilar”.
La fuente indirecta se refiere a casos que “llegaron a la Comisión través de organismos e instituciones y por lo tanto, no fueron ratificados por una comparecencia personal. Igualmente, la Comisión recibió testimonios enviados por víctimas o sus familiares”. La Comisión añade que el “hecho de que un caso provenga de fuente indirecta no prejuzga sobre la calidad o la validez del mismo, ya que todo caso de este tipo de fuente llena los requisitos de la Comisión para registrarlo. Esta revisión sólo incluye casos que fueron remitidos con testimonio y datos suficientes para analizarlos”.
Exembajador de El Salvador en Francia y Colombia, exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Argelia, Colombia, Tayikistán y Francia y exrepresentante adjunto del ACNUR en Turquía, Yibuti, Egipto y México. También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.