Las autoridades penitenciarias siguen sin cumplir el arresto domiciliario ordenado el lunes 12 de agosto por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador para el exministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde y el exinspector de Centros Penales, Ramón Fernando Roque Mártir, informó este miércoles 14 de agosto, Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes).
La abogada manifestó durante la entrevista de la radio YSUCA que en la instalación de la vista pública el pasado lunes los defensores alegaron el principio de igualdad, debido a que ambos tienen orden de libertad, y lograron que el Tribunal emitiera una orden de arresto domiciliario.
“Hago un llamado a los tribunales y jueces que si no se cumple las resoluciones judiciales, que tiene obligación (de cumplir) cualquier persona, sobre todo los funcionarios, ellos pueden certificar el expediente y enviarlo a la Fiscalía, para que se procese por los delitos, que Osiris Luna y el director de Mariona están cometiendo”, expresó Cruz.
La vocera de Cofappes explicó que al no cumplir una orden judicial la autoridades de centros penales podrían estar cometiendo los delitos de desacato judicial, actos arbitrarios, privación de libertad e incumplimiento de deberes.
Esta no es la primera vez que las autoridades hacen caso omiso de poner en libertad a los procesados. En noviembre de 2021 el Juzgado Sexto de Instrucción les otorgó medidas medidas alternas a la prisión y estuvieron un mes en libertad, pero ante la apelación de la Fiscalía, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador anuló la decisión y ordenó nuevamente la detención.
Ambos acusados se presentaron de manera voluntaria el 6 de diciembre de 2021, para ser capturados nuevamente y enfrentar la justicia.
En enero de 2022, el Juzgado Sexto de Instrucción emitió una segunda orden de medidas alternas a la prisión, pero un mes después la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador la revocó. Por otra parte, la jueza fue trasladada a un juzgado de menor grado.
Por tercera vez, el Tribunal Quinto de Sentencia, en diciembre de 2023, decretó medidas alternas a la cárcel para ambos procesados, pero tampoco se cumplió la orden.
Irregularidades
La abogada de Cofappes expuso otras arbitrariedades que han enfrentado en este proceso, por ejemplo, en marzo de este año a ambos imputados les realizaron un diagnóstico médico y se ordenó que fueran trasladados al hospital Rosales, con el fin de que recibiera la atención de salud adecuada, pero hasta ahora tampoco se ha cumplido.
Ante la falta de información por parte de las autoridades, lo poco que ha podido averiguar la familia es que Ramírez Landaverde padece de una hernia, la cual se le desarrolló estando en prisión y debe ser intervenido quirúrgicamente. Además tiene un diagnóstico de diabetes.
Por otra lado, Cruz destacó las limitaciones al derecho a defensa que han enfrentado en el caso, debido a que a los abogados defensores sólo se les permite una videollamada unos minutos antes de cada audiencia, obstaculizando que estos puedan prepararse como corresponde.
“El día de la vista pública (Landaverde) le informó a su defensor, vía videollamada, que aún no ha recibido la atención médica indicada. Ahí se pudo comprobar que no ha sido trasladado (al hospital), que no recibe una atención médica adecuada, que existe un deterioro en su salud es notable”, aseguró la abogada.
En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló a los dos exfuncionarios, en una caso que denominó como Aso Cambio por presuntamente desviar dinero de las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio, entre 2018 y 2019.
Ramírez Landaverde fue acusado por los delitos de actos arbitrarios y peculado y Roque Mártir por actos arbitrarios.
Cruz explicó que tanto Landaverde, como Roque, no están dispuestos a aceptar los cargos que les imputa la Fiscalía para acceder a un proceso abreviado, porque han manifestado que “no van a confesar algo que no han cometido”.
“Ellos están dispuestos a enfrentar (el proceso) no quieren caer en esa complicidad del gobierno de intentar manchar el nombre de ellos”, declaró la representante de Cofappes.
Aunque la Fiscalía acusó inicialmente a 21 personas en ese proceso, solamente Ramírez Landaverde y Roque Mártir se encuentran encarcelados, las demás gozan de medidas alternas a la cárcel, entre ellos, Marco Tulio Lima, exdirector de Centros Penales y el ex viceministro de Seguridad Raúl Antonio López.
La continuación del juicio está programada para el martes 20 de agosto.
Presos políticos
Para Cruz la falta de voluntad de poner en libertad a Ramírez Landaverde y Roque Mártir a pesar de las órdenes judiciales demuestra que son presos políticos.
“La persona que es víctima de persecución política cae en una desventaja porque están utilizando todo el aparato estatal en contra de la persona. Esto puede traer graves daños”, planteó.
Cofappes ha denunciado varios casos similares como la captura de un grupo de veteranos y excombatientes que lideraban la Alianza El Salvador en Paz, por supuestos actos de terrorismo.
“Se utiliza la judicialización de la política. Esto es muy común en gobiernos que tienen características dictatoriales, que obviamente quieren criminalizar la labor que una persona pueda estar realizando por la defensa de los derechos humanos o ante un desacuerdo en la ideología política”, señaló la vocera del comité.