A iniciativa de la bancada de Nuevas Ideas, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la Ley Integral de Comercialización Agropecuaria en las finalidades del Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA).
La ley fue aprobada el 29 de agosto de 2023 y fue reformada dos veces en diciembre de ese mismo año. El objeto de la ley es “mejorar la productividad, rentabilidad y competitividad de los agronegocios, así como de sus cadenas agroproductivas, con el propósito de disminuir las distorsiones de precios atendiendo a sus causas, reduciendo de tal manera la vulnerabilidad alimentaria del país”.
El proyecto de decreto leído establece que el CDCA, que está adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), tendrá su domicilio principal en el municipio de La Libertad Sur y no en San Salvador.
La reforma modifica la redacción del artículo 13 sobre la finalidad del CDCA, indicando que le corresponde “la formulación, implementación y ejecución de las políticas públicas que promueven el desarrollo sustentable y sostenible de formación de agroproductores y sus respectivos planes de acción para las zonas agroproductivas, mercados y administraciones centrales de abasto y centros de poscosecha; así como la seguridad y soberanía alimentaria”.
Añade que también tiene que ver con la “correcta planificación de la conectividad logística y comercialización de manera inclusiva, eficiente, eficaz y equitativa de la producción agropecuaria nacional, con el fin de promover el desarrollo sostenible de las cadenas agroproductivas del país, así como también propiciar acciones encaminadas a mantener una reserva estratégica agrícola”.
Otra finalidad del Centro tiene que ver con implementar programas y proyectos que tengan como fin “soluciones a corto, mediano y largo plazo para los diferentes problemas como la adaptación al cambio climático, crisis mundiales, sociales, económicas y políticas”.
También se reforma el artículo 22 sobre las incompatibilidad del Director Ejecutivo, la ley establece que es incompatible con cualquier otro dentro de la Administración Pública; pero la reforma le agrega también incompatibilidad con el sector privado, excepto con los cargos de titularidad del MAG o sus adscritas y el ejercicio de la docencia.
Ninguno de los legisladores de la bancada proponente emitió algún comentario sobre el contenido de la reforma.