Marbely Selena Medina Aguilar no tendría que estar en prisión desde hace 15 meses, porque a mediados de mayo del 2023, el juez que conoce su proceso judicial ordenó a la Dirección de Centros Penales (DGCP), cuyo titular es Osiris Luna Meza, que la pusiera en libertad bajo medidas.
Sin embargo, esta semana enfrentó la segunda audiencia. Su madre, Reyna Aguilar se enteró porque en TikTok circuló un vídeo en el que aparece Marbely. Reyna no sabe si su hija tiene conocimiento que Génesis, la bebé con quien pasó los primeros meses encarcelada, murió de neumonía en mayo del 2023, justo en los mismos días cuando un juez determinó que la joven debía ser puesta en libertad.
Marbely fue capturada el 22 de agosto de 2022, en su casa de habitación por policías que la conocían muy bien a ella y su familia, que no tenían vínculos con pandillas. Tras el arresto, Genesis pasó los primeros seis meses en la misma prisión con su madre, hasta que Reyna logró que se la entregaran, pero ya iba muy enferma, y a pesar de que hizo cuanto pudo, la bebé murió el 17 de mayo de 2023.
Marvin Alexis Díaz Lozano, originario de una zona rural de Santa Elena, Usulután, murió a finales de julio de este año, a pocas semanas de haber sido liberado, en el tiempo que estuvo en la cárcel desarrolló cáncer en los pulmones, tuberculosis y diarrea. Lo liberaron luego de que en redes sociales se viralizaron imágenes suyas en las que aparecía en una cama de hospital en estado cadavérico.
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De acuerdo con su madre, su hijo tenía orden de libertad desde hacía más de un año, pero la Dirección de Centros Penales se negó a ponerlo en libertad, hasta que el estado de salud del joven era deplorable.
Como el caso de Marbely y de Marvin, El Diario de Hoy ha conocido de muchas otras personas cuyas familias han denunciado que aunque tienen cartas de libertad, el Estado se niega a cumplir tales órdenes, violando los derechos de libertad y, a la vez, cometiendo el delito de desacato.
EE.UU. da plazo para entregar informe
El lunes anterior trascendió que el gobierno de Estados Unidos, a través del Oficial de Derechos Humanos de su embajada en El Salvador, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un informe sobre las personas que permanecen en prisión a pesar de existir orden judicial para ponerlas en libertad.
En el Oficio número SGKR 439-2024, de fecha 9 de agosto del corriente año, firmado por la Secretaria General de la CSJ, Julia del Cid, se les requiere a los Tribunales de Sentencia de la República la información antes mencionada.
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“Se requiere informen el número de casos en los que la Dirección General de Centros Penales, no ha cumplido con las órdenes de libertad giradas; debiendo en caso afirmativo, informar respecto de la situación o estado del proceso, agregando copias de las diligencias que lo fundamenten”, indica el documento.
Desde hace algún tiempo, diversas organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) han hecho múltiples denuncias públicas sobre la desobediencia de Centros Penales en liberar a personas que fueron capturadas bajo el régimen de excepción bajo cargos de pertenecer a pandillas, pero que jueces han ordenado su libertad.
Moisés Ramírez, representante de MOVIR, expone que la petición hecha por la Embajada de Estados Unidos es resultado de las constantes denuncias que organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han hecho sobre la negligencia de Osiris Luna de no liberar a personas cuya libertad ha sido ordenada por los jueces que conocen sus procesos.
Ramírez dejó entrever sus esperanzas de que otros gobiernos, a través de sus embajadas, pongan atención a las constantes violaciones de derechos humanos que sufren muchas personas encarceladas por el Estado salvadoreño.
“Es un tema muy grave el hecho de que haya personas con cartas de libertad y que no se dejan libres. Cualquier acción de un país, de una organización en favor de las víctimas es bienvenida”, afirmó.
Aunque aclaró que no tienen documentos oficiales, Ramírez considera que podría haber alrededor de mil personas que tienen carta de libertad y que por capricho de Centros Penales no salen en libertad.
Para Ivania Ramos, de UNIDEHC, la detención de personas aun cuando tienen cartas de libertad, ha sido denunciado muchas veces. “Es un hecho que era importante darlo a conocer al público por la preocupación que existe ante la falta de cumplimento de funcionarios de segundo grado; esto no se puede normalizar; no pueden los funconaros venir y no cumnplir una orden; están cometiendo delito...”, detalló.
“Todas las embajadas deberían adoptar esta posición”, comentó Cruz en relación a la petición del oficial de derechos humanos de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.