La Asamblea Legislativa aprobó, con votos de Nuevas Ideas, PDC y PCN, la vigesimonovena prórroga al régimen de excepción a partir de este 9 de agosto por el periodo de 30 días, pese a las constantes denuncias de capturas arbitrarias y muertes bajo custodia estatal que denuncian diversos organismos.
Este mismo jueves vence la última prórroga que aprobó la Asamblea, el pasado 8 de julio, con la justificación del gobierno y de Nuevas Ideas de la reducción de los índices de homicidios a “cifras sin precedentes”.
Dentro de las acciones realizadas durante la vigencia del Régimen de Excepción por los miembros de seguridad del país se han capturado a más de 81,100 personas, de las que miles de ellas debieron ser liberadas por no contar con vinculación con las pandillas.
El diputado José Chamagua justificó que el régimen permitió alcanzar al país 565 días sin homicidios durante la vigencia del mismo, desde el 27 de marzo de 2022.
"Es necesario compartir con el pueblo salvadoreño y con todos aquellos que ponen sus ojos en El Salvador, cuánto hemos avanzado. En agosto llevamos cuatro días sin homicidios; vehículos incautados 8,774; armas de fuego 4,127; teléfonos celulares que servían para comunicarse entre todos aquellos miembros de los grupos terroristas 20,586 y cercos activos tenemos nueve en total", detalló Chamagua.
"Mientras existan delincuentes vinculados a estructuras delincuenciales, vamos a continuar, no vamos a permitir que quede un solo delincuente, no vamos a permitir que quede ninguna persona vinculada a estas estructuras criminales", añadió el diputado Walter Coto.
Suspende garantías
Con la vigencia del régimen de excepción se mantienen suspendidos los derechos regulados en el artículo 12 de la Constitución referente a que la persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos, de las razones de su detención y el derecho de defensa.
Asimismo, queda suspendida la garantía constitucional del artículo 13 que establece que la detención administrativa no excederá de 72 horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente y queda sin efecto la restricción contemplada en el artículo 24 de la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la correspondencia.
Hace un mes, relatores de la defensa de los derechos humanos de la ONU expusieron al gobierno salvadoreño, que un régimen de excepción de forma permanente no es compatible con el derecho internacional y le mostraron su preocupación por dos decretos legislativos aprobados por la Asamblea Legislativa que permiten juzgamientos masivos y amplían los plazos de detención, lo cual, propicia graves violaciones a derechos humanos.
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Defensores de derechos humanos del país constantemente advierten que el régimen de excepción ha traído incumplimientos y arbitrariedades en los procesos penales que estancan los juicios de personas de las que se constata que carecen de nexos con el crimen organizado.
“Un número considerable de pandilleros y terroristas aún se encuentran en libertad, representando una amenaza para la seguridad y la estabilidad del país. La información de inteligencia indica que muchos líderes pandilleros continúan operando desde la clandestinidad, coordinando actividades delictivas y perpetúan la violencia”, señala un escrito del Estado salvadoreño enviado a la ONU.
De acuerdo a Civicus, una alianza global de sociedad civil que rastrea los sucesos más recientes en el ámbito de las libertades ciudadanas a nivel mundial, El Salvador ya aparece en la lista de países que experimentan un rápido deterioro de las libertades cívicas.
Cada una de las prórrogas se ha venido aprobando de manera exprés, por medio de dispensa de trámites, por petición de la bancada de Nuevas Ideas.