Por Se considera el hambre como uno de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis que amenazan a los pueblos, junto con la muerte, la peste y la guerra y que el escritor Vicente Blasco Ibáñez consagró en su novela Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. En el país una gran parte de la población infantil padece de desnutrición, por la situación de pobreza en que han crecido, la falta de trabajo de sus padres, que no les permite darles una dieta balanceada.
La amenaza responde al abandono absoluto en que el gobierno de NI ha mantenido el sector agrícola, que durante estos 5 años ha tenido el mismo número de ministros, sin la experiencia ni los estudios idóneos para desempeñar esa importante cartera. Con poco presupuesto y sin escuchar las quejas de los agricultores que no logran las cosechas necesarias para su propio consumo y para llenar la demanda de la población.
Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, los créditos del sector agropecuario en el 2019 eran de 415 millones de dólares, mientras en 2023 presentan una disminución de 74 millones de dólares, lo que demuestra el desinterés del bukelismo. De igual manera la banca privada ha dejado de destinar fondos para financiar al sector agropecuario, porque gran cantidad de sus recursos van a préstamos del gobierno.
Un gran porcentaje de la verdura y hortalizas que se consumen en El Salvador, proceden de Guatemala, con precios cada vez más altos, por el incremento en la cadena de producción y que se agrava cuando se cierran fronteras o las lluvias y las sequías dañan los cultivos. La repercusión en la canasta básica ha sido inmediata: menos productos y mayores costos, pero aparentemente la indiferencia del Gobierno se mantiene, por no entrar en su agenda de prioridades.
Como solución, el bukelismo anunció que verduras y hortalizas se verían libres de aranceles, cuando estos productos provenientes de Centroamérica, nunca los han pagado. A la queja de los agricultores de la escasa producción de granos básicos, más los costos cada vez más altos de insecticidas y abonos, la solución cian fue importar los granos de México, sospechosamente de Sinaloa, que al ser más baratos que la producción local, deja en peor condición a los agricultores.
Ante las quejas por el alza de precios, el gobierno lanza tremendas amenazas con multas a quienes en los mercados aumenten los precios, dando como ejemplo que la libra de papas debía costar $0.60, lo que levantó las alarmas entre los vendedores, pues para no sufrir las consecuencias, debían vender barato aunque compraran caro. La siguiente medida gubernamental fue la creación de los agromercados que pronto dio lugar al anuncio de la construcción de las Centrales de Abastos, la primera ubicada en las instalaciones del Sitramss en Soyapango, sin que se le hubiera asignado presupuesto alguno, sino hasta varias semanas después.
En los mercados de diferentes municipios del país, los vendedores expresaron sus temores ante la posible competencia del gobierno, pero sin protestar por miedo de sufrir represalias, por el régimen. Al preguntar a los concejales de las alcaldías si este tema había sido discutido en el concejo municipal, consideran que no llegará a abordarse, porque "es una disposición del presidente, y esta es palabra escrita en piedra".
¿Ha desaparecido entonces la libertad de expresión, el derecho que al soberano le otorga la Constitución a reclamar por uno de sus derechos más básicos como es la alimentación? Es triste el panorama que perciben miles de hogares en extrema pobreza, ante la amenaza del fantasma del hambre que cada vez se ve más próximo.