Acusadas de estafas informáticas, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y hurto por medios informáticos, 170 personas, entre colombianas y salvadoreñas, enfrentan la audiencia inicial este lunes en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado.
La Fiscalía General de la República (FGR) pide al tribunal que los procesados, señalados de conformar una organización delictiva transnacional, sigan detenidos mientras la investigación avanza.
El 18 de julio pasado cuando se informó del operativo de captura de los sospechosos se les señaló de alquilar cuentas bancarias y prestar nombres para recibir y mandar dinero que provenía de estafas.
Las autoridades indicaron que los detenidos operaban desde el 2020 y que el dinero que movilizado era invertido para consumar el lavado del mismo y encontraron evidencia de que ese dinero era enviado a Colombia. Desde entonces, habrían movilizado hasta $22 millones, aseguró la Fiscalía.
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En el informe del operativo se detalló que se realizaron 87 allanamientos en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Morazán, Usulután, San Vicente, Sonsonate y Santa Ana y 70 colombianos fueron capturados y otros 26 ya detenidos serían notificados de las nuevas acusaciones.
Asimismo, fueron arrestados 67 salvadoreños por supuestamente alquilar sus cuentas bancarias para mover el dinero, de acuerdo a la acusación, ellos ganaban una comisión del 20% por ello.
“Otro salvadoreño -quien se dedicaba a brindar servicio de transporte privado- solicitó préstamos bajo la modalidad gota a gota y al no poder pagar, los colombianos le proponen que se integre al negocio y le piden su cuenta bancaria, él también incorporó a su cónyuge y del dinero de otras estafas remesaron entre $90 y $95 mil dólares. Cuando se quiso retirar, los extranjeros lo comenzaron a extorsionar para que siguiera prestando su cuenta o lo matarían a él y a su familia. Esto sucedió entre diciembre de 2022 y julio de 2023”, consigna parte del informe fiscal sobre el operativo.
Al presentar la acusación formal el pasado 26 de julio, la Fiscalía agregó que más de 80 personas habían denunciado ser víctimas de la estructura, constituida por al menos 110 colombianos.
También, reveló que, a través de redes sociales, los sujetos ofrecían productos o créditos con facilidades de pagos y pedían depositar dinero a números de cuentas que ellos les proporcionaban. Las autoridades han instado a la población a no prestar sus cuentas bancarias ni brindar información personal para operaciones de las que no tenga certeza de su origen y legalidad.