"Mandamos al carajo a la Corte Suprema de Justicia, también al fiscal general". Esas fueron las palabras textuales con las que el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, se refirió a la destitución de los magistrados del máximo tribunal de justicia en El Salvador, ocurrida en mayo de 2021, un hecho denunciado como ilegítimo y que marcó el inicio de una ruptura en el orden constitucional del país, según analistas.
Villatoro dio estas declaraciones durante su ponencia en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) Brasil 2024, desarrollada entre el 6 y 7 de julio pasados en Balneário Camboriú, donde participó para exponer el "modelo Bukele".
En su ponencia, Villatoro aludía a Estados Unidos como los “globalistas” que se tomaron las instituciones y el poder judicial en El Salvador.
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"En el 2021 tomamos la decisión que, los que no querían al pueblo, nunca tomaron. Nosotros mandamos al carajo a la Corte Suprema de Justicia, a los cinco magistrados. No solo eso, también mandamos al carajo al Fiscal General de la República, qué eran los candados que tenían estos perversos globalistas para que nunca El Salvador saliera adelante, para que nunca El Salvador pudiera vivir en paz", expuso.
El funcionario salvadoreño señaló, además, que durante el régimen de excepción, se han realizado 81,100 detenciones, y apuntó que todas estas han sido de terroristas, en tanto manifestó que se han tenido 115 muertos en los penales y que estas muertes han sido de pandilleros, datos que no reflejan los informes de organizaciones sociales como Amnistía Internacional y Cristosal, entre otras, que señalan que la mayoría de las capturas durante el régimen son arbitrarias.
El Gobierno ha tenido que reconocer que han tenido que liberar a 7,000 personas, después de pasar por meses en la cárcel.
Asimismo, Socorro Jurídico ha denunciado que a dos años de la entrada en vigencia esta medida violatoria de garantías constitucionales han muerto al menos 241 personas en prisión. El 44 % falleció por muerte violenta, torturas graves y el 29% por falta de atención médica, según ha expuesto la ONG.
A los dos años del régimen, en marzo pasado, organizaciones sociales presentaron un informe en el que señalan que se han registrado a esa fecha 6,305 violaciones a los derechos humanos además de casos de detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y muertes en las cárceles.
"Los supranacionales están llorando los derechos humanos, ¿cuáles derechos humanos?", dijo Villatoro durante su intervención en Brasil.
"Nosotros simplemente movimos el punto de gravedad, en los últimos 20 años en el mundo los derechos humanos recaían o recaen sobre los criminales, nosotros le movimos el punto de gravedad y caemos sobre la sociedad, sobre la mayoría", continuó.
"Nos acusan de violar los derechos humanos, pero cuando les mostramos los datos 81,100 capturas, de esas solo hay 115 letalidades, 115 terroristas que murieron a manos de nuestras fuerzas del orden", añadió Villatoro.
Villatoro añadió que no habrá rehabilitación para los detenidos, a quienes se refiere como "asesinos seriales", en tanto afirmó que el gobierno va a asegurar que las medidas implementadas sean "irreversibles".
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La Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo aprobó en julio la vigésima novena prórroga al régimen de excepción, pese a ser una política fuertemente cuestionada por varios sectores.
El 8 de julio de este año, relatores relacionados a la defensa de los derechos humanos de la ONU expusieron al gobierno salvadoreño, que un régimen de excepción de forma permanente no es compatible con el derecho internacional y mostraron su preocupación por dos decretos legislativos aprobados por la Asamblea Legislativa que permiten juzgamientos masivos y amplían los plazos de detención, lo cual, propicia graves violaciones a derechos humanos. El Estado salvadoreño desestimó el escrito.