La Fiscalía General de la República presentó el viernes una nueva acusación contra el exministro de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, David Munguía Payés, quien ya purga una condena de 18 años de cárcel.
Ahora, la FGR vincula al exfuncionario penalmente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por más de $300 millones, según lo ha informado en redes sociales.
“Los hechos que se le atribuyen es porque recibió en efectivo fondos que provenían de gastos reservados y fondos que eran públicos, pero se apartaron de esa finalidad y se repartieron en manos de terceros”, declaró la fiscal que entregó el dictamen de acusación presentado ante el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
La fiscal dijo que Munguía Payés recibía cantidades de dinero en efectivo que no eran parte de su salario consignado en presupuestos. “Durante el desarrollo de la instrucción se han encontrado actividades que él realizó que están vinculadas con actos de corrupción y por lo cual también se le han encontrado fondos que han llegado a enriquecer de manera ilegal su patrimonio”, agregó.
La investigación fiscal, que marca esta nueva acusación, ha establecido que el exministro se habría enriquecido de forma ilícita y participado en el lavado de tres millones $398,236.
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La Fiscalía pide al juzgado de instrucción que dicte juicio contra el exministro y que se mantenga detenido.
En mayo de 2023 David Munguía Payés fue condenado a 18 años de prisión bajo cargos de incumplimiento de deberes, actos arbitrarios y agrupaciones ilícitas cometidos en el marco de la conocida “tregua entre pandillas” de 2012 a 2014.
Al mes siguiente, la Fiscalía le hizo una primera acusación por enriquecimiento ilícito, señalándolo de “recibir $192,650 del rubro de inteligencia y espionaje” de parte de la administración del expresidente Mauricio Funes (2009-2014). Así como de recibir $955,000 por “bonificaciones mensuales y navideñas”, detalló.
Y en agosto de 2023, la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador resolvió en su contra una demanda por enriquecimiento ilícito, condenándolo a devolver $462,732.81 por una docena de irregularidades en su declaración de patrimonio.
En junio de este año, un Juzgado de Extinción de Dominio ordenó que seis inmuebles valorados en $4,6 millones y $169,000 vinculados al exministro y su familia fueran declarados a favor del Estado salvadoreño.
