No se puede hablar de seguridad en el país cuando miles de madres siguen buscando a sus hijas e hijos desaparecidos, indicaron familiares y representantes de organizaciones civiles que acompañan a las víctimas durante el conversatorio “El fenómeno de la desaparición desde una perspectiva de género”, realizado este miércoles por el medio digital Voz Pública, con el apoyo del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia.
“No podemos hablar de seguridad cuando muchas familias siguen llorando en un duelo ambivalente, la desaparición de un ser querido y desde ahí no podemos tener un discurso triunfalista solo pensando que la seguridad esta medida solamente con la disminución de los homicidios”, expuso Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).
Juárez manifestó que según las mediciones del Observatorio de Ormusa hay una realidad que es recurrente, que la disminución de los homicidios es directamente proporcional al aumento de las desapariciones.
La representante de Ormusa explicó que datos publicados por el sitio Info Segura demuestran que de enero a septiembre de 2023 hubo un aumento de los reportes de desaparición en un 9%.
“Un discurso negacionista de la realidad de la desaparición, como un problema de seguridad, representa un subsecuente efecto de no resolver el problema y esa quizás es la peor parte del asunto”, declaró.
Para Juárez, la gran falencia del Estado salvadoreño ante las desapariciones, además de no prevenirlas, está relacionada con su política de persecución penal, en la cual la búsqueda de la personas desaparecidas no es prioridad.
En ese mismo sentido, Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu), explicó que el Estado salvadoreño no tiene dentro de sus prioridades resolver el problema de las desapariciones por falta de voluntad política.
Zepeda recordó que hasta ahora no se cuenta en el país con un marco legal específico con enfoque de derechos humanos, que ponga en el centro a las víctimas, madres y familias buscadoras, tampoco existe una política de persecución penal para buscar a quienes desaparecen.
Asimismo aseguró que no se cuentan con herramientas técnicas y científicas como un banco de datos genéticos, ni un registro único de personas desaparecidas, ni unidades especializadas dentro de las instancias de investigación.
“El hecho de que el discurso oficial recaiga sobre la disminución de los homicidios, pero invisibiliza el problemas de las desapariciones tienen que ver con un acto irresponsable, de negar una realidad que sigue afectando a miles de familias y miles mujeres”, destacó Zepeda.
Mujeres, las más afectadas
Una de esas mujeres que siguen sufriendo la desaparición de sus hijos, sin tener una respuesta del Estado, es Carmen Armero, madre de Herbert Antonio Argueta Armero. Él se encuentra desaparecido desde el 4 de agosto de 2021, sin que las autoridades hayan sido capaces hasta ahora de dar con su paradero.
La revictimización y el abandono del Estado hizo que Carmen y otras tres mujeres se unieran para formar el Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en El Salvador (Cofades), para apoyarse entre ellas en la lucha por encontrar a sus hijos e hijas. Al momento, el comité está integrado por 12 mujeres buscadoras.
“Para nosotras es muy doloroso, porque en cada caso el Estado ha estado ausente, las autoridades no nos apoyan en absolutamente nada, en mi caso, este 4 de agosto va a cumplir tres años y hasta ahora no sé absolutamente nada, del por qué fue desaparecido, quien lo desapareció”, manifestó la señora.
La familia de Carmen ha sido víctima de la violencia en dos ocasiones, la primera, el asesinato de su esposo, el cual según infomraron las autoridades fue cometido por un grupo de pandilleros que delinquían en la zona donde la familia tenía un negocio.
Luego la señora sufrió la desaparición de su hijo y aunque las autoridades no le han brindado ningún tipo de información sobre la investigación, ella tiene la esperanza de dar con su paradero.
Carmen explicó que la incertidumbre al no tener el apoyo de las autoridades es una situación que viven miles de madres que siguen buscando a sus hijas e hijos desaparecidos, por lo que ante no tener una orientación de las autoridades deben recurrir a las organizaciones para buscar apoyo.
“Eso nos ha obligado a hacernos parte de un comité en busca de solidaridad y que nos está ayudando a salir adelante de nuestro dolor, porque de parte de las autoridades no hay respuesta”, aseguró.
Juárez agregó que la falta de interés de las autoridades en la búsqueda de personas que están desaparecidas representa un dolor particularmente para las mujeres quienes deben asumir la carga de la búsqueda, la cual es obligación del Estado.
Según datos de Asdehu, organización que apoya al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y a Cofades, el 90% de las personas buscadoras son mujeres.
“Ahora atienden el hogar, ellas solas, a veces con hijos y nietos, están asumiendo las tareas de cuidado, deben trabajar para sobrevivir y obtener recursos económicos y además, ahora son madres, hermanas o esposas buscadoras”, expresó.
Zepeda aseguró que las madres de hijas o hijos desaparecidos deben recorrer una “ruta” de violencia y estigmatización, desde que ponen la denuncia en la Policía, como en las diligencias fiscales y la búsqueda en el territorio.
Por otra parte, enfrentan un problema estructural de violencia machista que las culpabiliza de la desaparición de sus hijos.
“Muchas veces se sienten culpables, porque el Estado y las sociedad las culpabiliza, porque el patriarcado impone que son las mujeres las que tienen que cuidar a sus hijos y según como los cuiden así será su destino y eso no es así”, dijo Zepeda.
En los casos documentados por la organizaciones civiles hay algunos jóvenes que fueron desaparecidos luego que se negaron a colaborar o ser reclutados por las pandillas.
La abogada de Asdehu considera importante sensibilizar a la población que “muchas veces es indolente sobre el fenómeno, las afectaciones a las familias y la necesidad que tenemos como sociedad de políticas públicas de leyes y acciones integrales por parte del Estado”.
Según datos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), desde enero de 2020 hasta junio de 2022 se registraron más de 4,000 denuncias por desaparición de personas, de las cuales más de 1,300 personas , siguen sin ser encontradas por las autoridades.
Al final del conversatorio fueron proyectados materiales audiovisuales sobre madres buscadoras. Una de ella es la madre de Marcela Rodas Hernández,
La joven de 21 años fue vista por última vez el 18 de abril de 2022 cuando salió del cuarto en la zona de la iglesia Don Rúa, donde habitaba con su novio Ricardo Alfredo Cornejo Durán, un campeón centroamericano de jabalina y desde entonces se desconoce el paradero de ambos.
La hija de Marcela, que ahora tiene nueve años, no sabe que su madre está desaparecida, su abuela le ha dicho que ella anda trabajando lejos, es por eso, que la niña con frecuencia se entristece porque su mamá no regresa.