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Cristosal presenta informe de violaciones a derechos humanos al Departamento de Estado de EE.UU.

El director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, también se reunió con representantes de la vicepresidencia de Estados Unidos.

Por Lissette Lemus | Jul 23, 2024- 18:38

Imagen de referencia. Foto/ Fuerza Armada

Representantes de oficinas del gobierno estadounidense se reunieron con el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock para conocer el último informe sobre violaciones a derechos humanos cometidos en el contexto del régimen de excepción, informó la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de ese país.

“Debate informativo e importante sobre cómo garantizar las garantías de un juicio justo y las libertades civiles como parte de una estrategia sostenible de seguridad ciudadana”, señaló en una publicación el Departamento de Estado.

Asimismo, Cristosal agradeció la oportunidad brindadad por las oficinas gubernamentales  para conocer el informe titulado “El silencio no es opción”, una investigación que profundiza sobre las prácticas de tortura cometidas por el gobienro salvadoreño, en el contexto del estado de excepción. 

«Agradecemos a los representantes del @StateDept, el Consejo de Seguridad Nacional, @USAIDLAC y la Oficina de la Vicepresidencia de EE. UU. por brindarnos la oportunidad de presentar nuestro informe “El silencio no es opción”», publicó Cristosal en sus redes sociales. 

Según reportó La Prensa Gráfica en  la reunión donde Bullock presentó el informe participaron Catherine Newling, directora Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; Russell Porter, Director del Consejo de Seguridad Nacional para Centroamérica y Cuba; Enrique Roig, Subsecretario Adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; Scott Winton y el Asesor Especial del Vicepresidente para el Hemisferio Occidental. 

Un día después, los representantes de Cristosal realizaron una presentación del informe a medios de comunicación y organizaciones sociales en Honduras. 

Abraham Abrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, manifestó que en El Salvador la tortura es una política de Estado con la complicidad del poder judicial,  que es negada por las autoridades, pero que fue verificado por testimonios incluidos en la investigación.

El informe de Cristosal señala que han documentado la muerte de 261 personas, cuatro de ellas niñas y niños, que estaban bajo custodia del estado salvadoreño, en los 28 meses de régimen de excepción.

Asimismo llevan registro de 176 menores que  quedaron en la orfandad luego de que sus padres o madres murieran dentro de las prisiones. 

Según los datos recopilados por Cristosal, el 93% de los muertos eran hombres jóvenes y de bajos recursos económicos de los cuales un 40% eran originarios de zonas rurales, aunque en el momento de la captura vivían en el área urbana. 

La investigación de la organización no gubernamental se basa en 3,643 denuncias por abusos o violaciones de derechos recibidas entre marzo de 2022 y abril de 2024,  una muestra de 110 entrevistas y el análisis de 7,742 casos de mujeres detenidas bajo el régimen de excepción.

Además, la documentación de 265 muertes, entre las víctimas cuatro niñas y niños, y la sistematización y estudio de una muestra de 1,178 casos de personas detenidas en 2022. 

“El Estudio de más de mil casos judiciales, unido a los cientos de testimonios recogidos por Cristosal, confirma que gran parte de las personas criminalizadas por el régimen de excepción no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes”, asegura en su informe esa organización defensora de derechos humanos. 

En contraste, los representantes del Estado salvadoreño, han negado incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que haya torturas o muertes violentas dentro de las prisiones. 

“Lo primero es reiterar que en El Salvador, en los centros penales no hay torturas, aquí no se asesinan a las personas, esto no es una lucha política, ni son centros de concentración, esa aseveración es totalmente falsa”, aseguró Andrés Caballero, comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, durante una audiencia pública de la CIDH realizada el 12 de julio de 2024. 

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