El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), junto con el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), presentó este martes el informe sobre el derecho a la libertad de expresión 2023 “Pienso dos veces antes de que aparezca mi nombre”, el cual destaca el deterioro del derecho al acceso a la información pública y el incremento de agresiones y limitaciones al ejercicio periodístico en El Salvador.
Señala que en los últimos años El Salvador ha tenido un detrimento marcado para los derechos humanos, como efecto del régimen de excepción, lo que incide en derechos como el de la libertad de expresión.
“El derecho a la libertad de expresión no está ajeno a esta realidad, es decir, ha venido sufriendo también un proceso acelerado de detrimento, sobre todo en dos de los atributos que nosotros identificamos de este derecho, que es el acceso a la información pública”, dijo Jorge Rodríguez, coordinador de OUDH.
Indicó que desde el año 2020 realizan estudios del estado de acceso a la información y año con año observan que una temática se cierra por parte de las instituciones públicas.
“Empezaron por temas de homicidios, desapariciones, violencia feminicida y en el último año, en 2023, este último fue sobre violencia sexual, que decidieron arbitraria y unilateralmente reservar información”, dijo Rodríguez.
El documento consigna que el deterioro en el ejercicio y garantía del derecho al acceso a la información es evidente y que el sistema no reacciona según el marco legal nacional e internacional, “lo que confirma la gravedad del retroceso en la negativa de la información que, por ley, es oficiosa”.
Entre los hallazgos resalta que existe un alto porcentaje de incumplimiento institucional ed las obligaciones de transparencia y advierte de “una obstaculización articulada del derecho de acceso a la información, incluyendo la propia institución responsable de garantizarlo”, en referencia al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Una constante para retrasar la tramitación de las solicitudes de información pública son las prevenciones en las que se indica que la firma no coincide con la del documento de identidad.
Afectaciones a libertad de prensa
Otro de los atributos de la libertad de expresión que se ha visto en detrimento es el ejercicio de la libertad de prensa.
“El derecho de acceso a la información pública es como ese derecho llave que me permite ejercer otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión y prensa”, dijo Gabriela Santos, directora del Idhuca.
Destacan el aumento de las agresiones registradas por parte del Centro de Monitoreo de Agresiones de la APES.
“Esta ha sido la cifra más alta, con más de 300 casos solo en un evento electoral. Datos que deberían preocupar a la comunidad internacional. A ello debemos sumar también hechos que están relacionados con socavar el ecosistema de medios de comunicación, nos referimos al cierre de algunos espacios de medios de comunicación, a la salida de periodistas de forma preventiva debido a los acosos que están enfrentando”, dijo Angélica Cárcamo, presidenta de la APES.
El informe agrega que como consecuencias a las limitaciones al ejercicio periodístico está la autocensura en función de la integridad personal, los ataques y acoso en redes sociales, la disminución del financiamiento de los medios independientes e incremento de costos operativos y la desacreditación ante las audiencias.
“Esto recarga a las personas, a la ciudadanía y por supuesto a los periodistas, porque implica no solamente estarse preocupando por la calidad de su trabajo, sino de cómo puede ser interpretado, cómo puede ser utilizado para reprimir ese ejercicio periodístico”, dijo Santos.
El informe agrega que se observa una instrumentalización de la fuerza pública para intervenir en manifestaciones civiles, principalmente en los dispositivos de seguridad para impedir que los grupos de personas se trasladen a manifestaciones y marchas.
Desigualdades de género
Además, el informe destaca las desigualdades de género en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, donde se evidencia que existe un acoso sexual mayoritariamente contra las mujeres, menor acceso a puestos de dirección, la brecha salarial y poco reconocimiento de la violencia de género.
También preocupa a las instituciones que las mujeres sufren mayor exposición a violencia directa, ataques diferenciados respecto a periodistas hombres, segregación de ámbitos de trabajo en razón del sexo.
Entre las recomendaciones del Instituto está establecer un monitoreo para cumplir con los estándares del derecho de libertad de expresión y que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) revise sus prácticas internas para prevenir las violaciones al derecho de libertad de expresión.
