Por En un intento por abordar el flujo migratorio masivo, el gobierno de Panamá ha anunciado recientemente su decisión de cerrar la selva del Darién y repatriar a los migrantes que cruzan ilegalmente. Esta medida, realizada en coordinación con Estados Unidos, ha generado una amplia gama de reacciones y ha puesto en el centro del debate la gestión de la migración en la región.
El Darién, una densa y peligrosa selva que conecta Colombia y Panamá, ha sido durante años un paso crucial para miles de migrantes que buscan llegar a Norteamérica. En los primeros meses de 2024, más de 195,000 migrantes han atravesado este traicionero terreno, enfrentando múltiples peligros, desde bandas criminales hasta las duras condiciones naturales. La decisión de cerrar este paso responde a la intención de reducir el flujo migratorio y combatir el tráfico de personas, según las autoridades panameñas y estadounidenses.
El acuerdo entre Panamá y Estados Unidos implica que este último cubrirá los costos de repatriación y proporcionará apoyo logístico y equipamiento para la operación. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por diversas organizaciones de derechos humanos y grupos de apoyo a los migrantes.
La Asociación Águeda Migrante El Salvador (AAMES) ha expresado su profunda preocupación por esta medida. En su posicionamiento oficial, AAMES sostiene que la verdadera crisis no es migratoria, sino una crisis de gobernanza y desarrollo en los países de origen. La migración forzada es un síntoma de problemas estructurales más profundos, como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y la inestabilidad política. En lugar de cerrar fronteras y repatriar migrantes, los gobiernos deberían enfocarse en resolver estos problemas subyacentes.
Cerrar el Darién puede tener consecuencias humanitarias severas. Al bloquear esta ruta, los migrantes podrían verse forzados a tomar caminos aún más peligrosos y costosos, aumentando su vulnerabilidad a explotaciones y abusos. Además, el cierre del Darién no aborda las causas fundamentales que impulsan a las personas a migrar. Sin una solución integral y cooperativa que involucre mejoras en las condiciones de vida y estabilidad en los países de origen, las personas seguirán buscando formas de escapar de sus difíciles situaciones.
Organizaciones internacionales como ACNUR y OIM también han llamado la atención sobre la necesidad de proteger los derechos humanos de los migrantes y ofrecer soluciones sostenibles. La respuesta a la migración no puede ser simplemente cerrar puertas y levantar barreras, sino fomentar la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida en los países emisores de migrantes.
El gobierno de Panamá, por su parte, se ha comprometido a respetar los derechos de los migrantes y a actuar de acuerdo con los acuerdos internacionales. Sin embargo, las preocupaciones persisten sobre cómo se implementará esta medida y cuáles serán sus verdaderos impactos en el terreno.
El cierre del Darién representa una respuesta inmediata y controvertida a una crisis migratoria compleja. Mientras las autoridades buscan controlar el flujo de personas, es crucial que se mantenga el enfoque en los derechos humanos y en la búsqueda de soluciones de largo plazo que aborden las causas profundas de la migración. Solo a través de la cooperación y el desarrollo sostenible se podrá encontrar una solución justa y duradera para esta situación que afecta a miles de personas en la región.
Director AAMES (Asociación Agenda Migrante El Salvador)