El régimen de excepción provocó un aumento sin precedentes en la detención y condena de menores de edad en El Salvador, quienes en muchos casos, habrían sido víctimas de abusos, tortura y acoso por parte de agentes del Estado, indica el último informe de Human Rights Watch (HRW) publicado ayer.
“Si bien las cifras del gobierno son inconsistentes, el CONAPINA informó a autoridades de Estados Unidos que un total de 3, 319 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023”, destaca el organismo internacional.
Agrega que en enero de este año, 841 seguían en prisión; 262 se encontraban en prisión provisional y 579 estaban cumpliendo una sentencia.
Por otra parte, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó a ese organismo que 2, 928 menores recibieron representación legal, entre marzo de 2022 y abril de 2024.
*Nuevo informe*
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) July 16, 2024
Las fuerzas de seguridad en El Salvador han cometido violaciones de derechos humanos contra niños, niñas y adolescentes.
Algunos tenían 12 años.
Muchos han sido detenidos sin pruebas, torturados y sometidos a procesos penales abusivos.https://t.co/3qMnDeiZE6
“Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones de derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La investigación demostró que los menores detenidos fueron sometidos a condiciones deplorables como hacinamiento, falta de atención médica y que no tuvieron comunicación con abogados y familiares.
“Algunos menores han sido detenidos (recluidos) en delegaciones policiales junto a adultos, en violación a la legislación salvadoreña y los estándares internacionales que obligan a separar a los menores detenidos de los adultos”, asegura Human Rights Wacht.
En la investigación realizada entre junio de 2023 y julio de 2024, Human Rights Watch documentó 66 casos de menores que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos como: detención arbitraria, tortura, otras formas de malos tratos, y acoso policial.
“Hemos documentado a profundidad 66 casos en los que hemos podido conversar con los menores, familiares y abogados, revisar expedientes judiciales, pero eso es solo una muestra de lo ocurre con los más de 3,000, niños, niñas y adolescentes que han sido detenidos en el país y los más de 800 que siguen presos en los centros de detención”, dijo Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Juan Pappier, subdirector de la División de las Americas de @hrw_espanol explica que el régimen de excepción provocó un aumento sin precedentes en la detención y condena de menores de edad, quienes habrían sido víctimas de abusos y tortura, según el último informe. pic.twitter.com/q9FxTk16d4
— Lissette Lemus 🇸🇻 (@lissettelemusSV) July 16, 2024
Los menores narraron las condiciones de detención inhumanas, hacinamiento extremo, condiciones antihigiénicas que pusieron en riesgo su salud, así como falta de alimentación y de atención sanitaria adecuadas en los centros de detención.
Human Rights Watch afirma que en 22 casos, los menores fueron golpeados y maltratados físicamente por las fuerzas de seguridad durante el arresto y después de las detenciones, en delegaciones policiales, centros de resguardo y en los centros de menores El Espino, Sendero de Libertad, Tonacatepeque y uno para mujeres.
“Policías o soldados infligieron maltrato físico, incluyendo patadas y golpes con macanas y cinturones reiteradamente”, aseveran.
Entre los casos de tortura, están ocho menores que fueron soemtidos a quemaduras, asfixias y simulacros de ejecución por parte de las fuerzas de seguridad.
Estas prácticas habrían sido cometidas por las autoridades para presionar a los detenidos para que aceptaran ser integrantes de las pandillas o para que revelaran información y nombres de miembros de las estructuras criminales.
“Es probable que estos y otros abusos constituyan tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”, sostienen los representantes de HRW.
Abusos en procesos judiciales
Por otra parte, el organismo señala que fiscales y jueces han exacerbado estos abusos mediante violaciones del debido proceso y juicios injustos.
Según la investigación, la fiscalía presentó pruebas poco fiables o no corroboradas como testimonios por parte de la policía o informantes anónimos y a partir de estas declaraciones, los tribunales condenaron a los menores.
Asimismo aseguran que en cuatro casos de los menores entrevistados encontraron que jueces y fiscales presionaron “abusivamente” a los menores para declararse culpables de forma grupal.
“En muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura”, aseguran.
Carolina González*, de 17 años, relató a HRW que fue detenida el 1 de julio de 2022 por policías y soldados, quienes no le mostraron una orden de detención, pero la acusaron de colaborar con las pandillas.
Tras la detención la adolescente permaneció durante siete días en una bartolina policial junto a mujeres adultas.
“Un agente de la policía intentó coaccionarla para que identificara a un miembro de una pandilla, a quien ella no conocía, a cambio de ser liberada”, indica el informe.
Las violaciones a los derechos de la menor continuaron en el proceso penal, un juez presionó a Carolina y a otros siete menores para que conjuntamente se declararan culpables de colaborar con la pandilla MS-13, a cambio de penas más cortas.
Carolina asegura que el juez dijo que si uno de ellos rechazaba el acuerdo en el que declaraban su culpabilidad, todos cumplirían penas el doble de largas.
“No teníamos opción, todos queríamos estar con nuestra mamá”, manifestó la adolescente.
En ese caso todos se declararon culpables y fueron sentenciados a un año de prisión.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó en una conferencia de prensa brindada el 22 de febrero de 2024, que un total de 1, 065 menores de edad habían sido condenados durante el régimen de excepción.
La investigación reveló que las condenas de los menores, en su mayoría se han dado por el delito de agrupaciones ilícitas, con definiciones excesivamente amplias.
Piden a gobierno revisar casos
Los representantes de HRW consideran que el gobierno debería establecer un mecanismo para revisar los casos de los detenidos durante el régimen de excepción, priorizando los casos menores y poblaciones vulnerables y liberar a las personas que se encuentran detenidas sin evidencia alguna.
Por otra parte, recomiendan priorizar la persecución penal de altos líderes de las pandillas que son los máximos responsables de los delitos atroces cometidos por esas organizaciones terroristas.
“Lo que hay que hacer es focalizarse en judicializar a los miembros de la ranfla, que rindan cuenta ante los salvadoreños por las atrocidades que han cometido en el país y en liberar a las personas inocentes que no tienen porqué pasar otro día en la cárcel”, declaró Pappier.
Goebertus expuso que para poder investigar a estructuras de crímenes organizados, pasa por investigar y sancionar a sus líderes, investigar sus redes de lavado de activos, de tráfico de armas, redes de corrupción.
“Eso no pasa en El Salvador, lo que tenemos es un proceso de encarcelamiento masivo”, manifestó.
Criminalización de la pobreza
Según la información recopilada por ese organismo internacional, muchos de los menores detenidos durante el régimen de excepción vivían en comunidades de bajos ingresos, afectadas por la violencia constante, la pobreza generalizada, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y laborales.
Los menores entrevistados por HRW aseguraron que en muchos casos fueron violentados por las pandillas al intentar reclutarlos mediante la fuerza, la coacción o el engaño y luego fueron detenidos y maltratados por las fuerzas de seguridad.
Un adolecente de 16 años relató que tuvo que huir junto a su familia hacia San José Guayabal debido a que miembros de una pandilla intentaron reclutarlo y lo amenazaron con matar a su madre.
En el régimen de excepción, fue detenido por soldados que mientras lo trasladaban por la carretera, se detuvieron para simular su ejecución.
Permaneció preso en una celda junto a otros 70 menores donde era golpeado a diario por miembros de la MS-13, sin que los guardias de la prisión intervinieran ante las agresiones que sufría.
“El encarcelamiento masivo ha sobrecargado el ya frágil sistema judicial de El Salvador, que carece de capacidad para procesar el gran volumen de detenidos mediante un debido proceso que asegure que las víctimas tengan acceso a un recurso legal justo e imparcial”, enfatiza HRW.
Para la elaboración del informe, además de las 66 víctimas de abusos, el organismo internacional, entrevistó a familiares, abogados y testigos, así como varios jueces, expertos en seguridad, periodistas, líderes religiosos, miembros de la policía, exfuncionarios del gobierno, maestros y miembros de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
La investigación se realizó en dos visitas a los departamentos de San Salvador, Sonsonate y Cuscatlán, en septiembre y diciembre del año pasado.
Pappier explicó que para la investigación realizaron siete peticiones de información pública a diferentes instituciones estatales, las cuales en algunos casos les contestaron que era información inexistente, como la tasa de homicidios, en otras les entregaron información parcial.