La atención a la salud de los salvadoreños es uno de los campos que se verían más afectados si ocurren posibles despidos, pues el monto de aumento en la cuenta de indemnizaciones entre Salud y los hospitales nacionales roza los $30 millones, seis veces más, por ejemplo, que el alza en esta cuenta del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
El Ministerio de Salud aumentó el presupuesto para entregar compensaciones para personal despedido o retirado en $12.46 millones. Una parte importante de ello, $1.75 millones, se hizo en las atenciones de salud a la primera infancia, niñez y adolescencia. Otro $5.73 millones fueron en la línea de atención a la persona en las cinco regiones del país.
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Al menos 30 hospitales públicos también aumentaron su presupuesto en este tipo de compensaciones. Fueron $17.11 millones en total. El que ha experimentado el alza más grande es el Rosales, el más importante del país, con $2.59 millones. Otros cuatro hospitales superaron la marca del millón de dólares en incremento. Puede consultar la lista completa en el gráfico que acompaña este texto.
Discriminación por edades y padecimientos
Silvia Navarrete es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud. En enero de 2024, fue despedida de su trabajo en el Ministerio de Salud, proceso en el que le violaron el fuero sindical. Sin embargo, se mantiene activa en la defensa de sus colegas. Señala que estos incrementos en la cuenta de indemnizaciones son interpretados por su gremio como un preámbulo a una gran cantidad de despidos que podrían presentarse, dice, en la última parte del año.
Pero esto, aclara, no ha comenzado hoy, pues desde hace tres años se han estado solicitando a las diferentes dependencias datos como nombres, edades, tiempo de servicio y padecimientos.
Para Navarrete, está claro que estos despidos tendrán como objetivo a un sector específico: el de aquellas personas en edad de retiro y las que sufren alguna enfermedad crónica. En el caso de las primeras, se trata de aquellos que ya saben que contarán con una "pensión de hambre", que no les dará lo suficiente para una vida digna. Para la líder sindical, parece que la decisión se toma, también, por recomendación del Fondo Monetario Internacional.
"Hay una discriminación hacia las personas mayores y hacia las personas con enfermedades crónicas. El FMI siempre insiste para que se achique el Estado y tienen su teoría de que los Estados no deben ser protectores. Nuestra constitución es lo que manda, que se le asegure una vida digna a todos sus ciudadanos", comenta.
En un mundo ideal, los trabajadores en edad de retiro deberían dejar su lugar para las nuevas generaciones. Pero que en El Salvador el sistema no procure pensiones suficientemente altas para vivir solo con ellas hace difícil que alguien se pueda jubilar.
Eso es lo que explica Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna: que no se cuente con un sistema eficiente de pensiones afecta al mercado laboral. Trasciende generaciones.