El salvadoreño Vladimir Roque Cerón, de 33 años, fue sentenciado a 14 meses de prisión y tres años y medio de libertad supervisada, por el delito de conspiración de tráfico de drogas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La sentencia fue emitida por el juez del Tribunal de Distrito de Columbia, John D. Bates, luego que el 5 de marzo de este año, el imputado se declaró culpable de vender fentanilo y cocaína en el área de Washington, DC, informó el fiscal federal Matthew M. Graves.
En el mismo caso, fue sentenciado a 62 meses de cárcel y cuatro años de libertad supervisada, un mexicano identificado como Erick Rivera García, quien también se declaró culpable ante el juez.
Según documentos judiciales, Roque Cerón vendió 197 gramos de cocaína y 111 pastillas que contenían fentanilo con un peso total de 11,62 gramos, en cinco ocasiones distintas, entre el 22 de marzo y el 1 de junio de 2023.
El análisis del laboratorio de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en Inglés) confirmó que las pastillas y el polvo comprados al salvadoreño contenían fentanilo y cocaína, respectivamente.
“Se encontró que todas las pastillas vendidas por Roque Cerón contenían una dosis potencialmente letal de fentanilo (más de 2 mg/por pastilla)”, señala el informe.
Mientras que Rivera García aceptó haber servido de “protección armada” para la conspiración de actividades de narcotráfico, en las que se vendían grandes cantidades de cocaína y otras drogas en la región de DC.
El 8 de agosto del año pasado, Rivera García sirvió como protección para una venta de aproximadamente 515 gramos de cocaína.
En el momento del arresto, los investigadores le incautaron una bolsa que contenía un peso aproximado de 3,6 kilogramos de cocaína y un revólver calibre 38, cargado con cinco balas calibre.
Con él otra persona que fue arrestada, los agentes le encontraron en el vehículo una pistola semiautomática Polymer 80 de fabricación privada, un cargador extendido que contenía 22 balas de munición de 9 milímetros.
Las autoridades estadounidenses agregaron que tanto Roque Cerón como Rivera García se encontraban ilegalmente en ese país cuando cometieron los delitos.
La investigación estuvo a cargo de la División de Campo de Washington de la DEA, el Grupo de Trabajo de Calles Seguras del Buró Federal de Investigaciones (FBI, sigla en inglés) con el apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Policía Metropolitana.