Carlos Mauricio Murcia Torres, de 39 años, está próximo a cumplir 27 meses de estar preso bajo el régimen de excepción, acusado del delito de agrupaciones ilícitas, tras ser capturado en una redada que la Policía Nacional Civil (PNC) hizo el 25 de abril de 2022, en el distrito de San Luis Talpa, departamento de La Paz.
Para cuando lo arrestaron de manera arbitraria, según su madre ( quien pidió reserva de su identidad), Carlos ya padecía de convulsiones (derivadas de su alcoholismo) y estrechez uretral (dificultad para orinar), pero en la cárcel ha desarrollado otras enfermedades, como tuberculosis, anemia, hipertensión arterial, nefropatía (enfermedades de los riñones), escabiosis, etcétera.
La madre de Carlos se enteró de que su hijo estaba grave por mera casualidad, aunque ella ya estaba consciente que la prisión le agravaría su situación de salud crítica de por sí.
El 10 de abril, una persona que conoce a Carlos vio que estaba ingresado, postrado en una camilla del hospital de Sonsonate, Jorge Mazzini; logró hacerle una foto y enviarla a la madre del detenido. El presentimiento de que la salud de su hijo se agravaría le fue confirmado con esa foto.
“Mi hijo es un cadáver. Realmente no sé si mi hijo sigue vivo. Si está vivo, yo lo único que pido es que le den la atención médica necesaria; él es muy enfermo”, afirmó la mujer en una conversación con El Diario de Hoy.
El domingo pasado fue a dejarle el paquete al penal de Izalco, en Sonsonate; quien lo recibió le afirmó que estaba en el Centro Especial de Atención en Salud (Ceas) que funciona en el recinto penitenciario. Pero la madre de Carlos tiene sus dudas, por tantos casos de gente que ha muerto y no le han avisado a los familiares, expresa.
La captura y las mentiras
Carlos fue capturado por policías de San Luis Talpa que llegaron al cantón Comalapa a hacer una redada. Él se dirigía a trabajar cuando unos policías lo bajaron de un pick up. le dijeron que estaba detenido y lo subieron al vehículo policial, llevándoselo a San Luis Talpa. Cuando los familiares llegaron a la subdelegación, un policía les dijo que ya se los iban a dar, que ya conocían que “era bolo pero no pandillero; ya se lo vamos a dar, señora”.
Luego le quitaron el teléfono para revisarlo y determinar si andaba archivos alusivos a pandillas. Tras revisar el aparato se lo entregaron a un familiar. No hallaron nada alusivo a pandillas en el celular.
“Tome, aquí está el teléfono, está limpio. Espérese que ya se lo vamos a dar”, le dijo un policía a una hermana de Carlos.
Después salió otro policía a decirle a la familia que no se preocupara, que ya se lo iban a entregar “a este bicho ya lo conocemos”.
Pero luego salió otro agente a decirle que “le compraran comida y ropa porque si no iba a andar desnudo en la cárcel”. Cuando la familia preguntó por qué lo iban a detener si ya lo conocían, dijo que en 15 días saldría.
Entre los policías que detuvieron a Carlos, los familiares señalan a uno que lo conocía muy bien, pero llegado el momento se hizo el desentendido cuando le reclamaron que estaban cometiendo una injusticia porque sabían que era alcohólico mas no miembro de pandillas.
De hospital en hospital
Aquellos 15 días se han vuelto más de 800 para Carlos. Por su parte, su familia se ha esforzado en gestionar toda la documentación necesaria para demostrar que, verdaderamente, sufre de varias enfermedades.
Constancias médicas del hospital nacional de Zacatecoluca y del hospital nacional Rosales dan fe de que Carlos sufre de episodios de convulsiones y que para contrarrestarlos debe tomar una serie de medicamentos. La familia teme que la falta de tales medicinas pueda estar agravando la situación de salud de Carlos.
Pocos meses antes de ser arrestado, fue sometido a una cirugía. Documentos del Hospital Rosales dan cuenta que el 21 de diciembre de 2021 le practicaron una cirugía para cerrarle una úlcera que lo afectaba como consecuencia de una sonda transuretral (procedimiento para tratar los síntomas urinarios que provoca el agrandamiento de la próstata) que le habían colocado tiempo atrás.
En agosto de 2022, la familia de Carlos buscó ayuda en la Procuraduría de Derechos Humanos, donde expuso los problemas de salud de él y entregó documentos médicos que respaldaban sus afirmaciones; sin embargo, hasta el momento no ha recibido la ayuda que esperaba.
“El temor de la denunciante es que su hijo tiene problemas de alcoholismo, lo que le ha generado problemas de salud como epilepsia, se le baja el potasio, el magnesio y el sodio, además convulsiona”, reza en parte un documento en que consta la ayuda que se solicitó ante Derechos Humanos en favor de Carlos.
La madre de Carlos solicita a las autoridades judiciales revisar su caso, pues considera que con su hijo se ha cometido una injusticia al mantenerlo preso por un delito que no ha cometido. Ella asegura que su hijo nunca ha tenido vínculos con pandillas y que los policías lo engañaron, tanto como a ella, al decirles que estaban conscientes de que “era bolito, pero no pandillero” y que pronto saldría libre.
No es el único caso
A principios de junio, varias imágenes de Marvin Alexis Díaz Lozano, un joven de 23 años, preso bajo el régimen de excepción, se volvieron virales en redes sociales. El joven aparecía encadenado a la camilla de un hospital y con un estado de salud visiblemente deteriorado.
Ocho días después de que el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) expusiera las fotografías que mostraban a Marvin en un estado deplorable, le retiraron los grilletes y la custodia a la que estaba sometido desde el 24 de febrero de este año, cuando fue internado en el Hospital Rosales.
Días después, el 20 de junio, Marvin fue dado de alta del hospital Rosales, pero con un futuro incierto pues, de acuerdo con documentos médicos, el joven tiene cáncer linfático y de pulmones, tiene tuberculosis y otras enfermedades que adquirió mientras estuvo en prisión durante más de 20 meses.
Marvin, quien antes del 5 de octubre del 2022 (día que fue arrestado) gozaba de buena salud, como cualquier joven veinteañero, hoy se encuentra luchando desde su pobreza contra una enfermedad terminal.
Más de 300 muertos
A finales de mayo de este año, la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que hasta el 27 de ese mes, habían registrado que 301 personas encarceladas bajo el régimen de excepción habían muerto mientras estaban bajo la custodia del Estado en diversas cárceles.
El régimen de excepción está vigente desde el 27 de marzo de 2022, cuando el gobierno de Nayib Bukele lo decretó para frenar una escalada de homicidios cometidos por miembros de pandillas, entre el 25 y 27 de marzo, a pesar de que hasta entonces, el discurso gubernamental era alabar el Plan Control Territorial con que, supuestamente, habían logrado una considerable disminución de homicidios.
Sin embargo, en documentos del sistema de justicia estadounidense, se afirma que Bukele mantenía un pacto con las tres principales pandillas para mantener bajos los índices de homicidios. Parte de ese trato era la no extradición de cabecillas de primer nivel de la Mara Salvatrucha (MS-13) solicitados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.