Por Una vez más los fenómenos naturales han traído dolor y duelo a nuestro país, y los más afectados son aquellos que solo tienen un pobre techo encima y que luchan por sobrevivir, en cantones y caseríos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Se repite la historia de que el agua, tan escasa en la mayoría de las veces, se convierte en un peligroso enemigo, ante la indiferencia de las autoridades que nuevamente incumplieron sus promesas.
En 2022 el Ministro de Obras Públicas hizo una solemne promesa a los habitantes de la Colonia Santa Lucía en Ilopango, asegurando que este gobierno pondrá fin a las inundaciones que cada año sufrían, y que los gobiernos anteriores vieron con total indiferencia. Si los habitantes de la zona se hicieron ilusiones de que NI no era más de lo mismo, el despertar fue amargo y bien mojado. Dos años después el agua sigue inundando la Santa Lucía.
En el cantón El Papalón en San Miguel, una corriente de agua ingresó a las viviendas, cuyos habitantes fueron trasladadas por la Cruz Roja a un albergue cercano. Los pobladores afirman que antes el agua tenía salida hacia un predio baldío, pero tras la construcción del bypass de San Miguel, sin los drenajes adecuados, el material abandonado detiene el agua, causando la inundación. Resultado de un trabajo mal hecho y sin terminar, producto de la constante improvisación de este gobierno.
En muchos lugares, las aguas han cobrado víctimas inocentes causando deslizamientos de tierra que han destruido muchas casas sepultando a sus habitantes mientras dormían. Los familiares de las víctimas se quejan entre lágrimas, que habían aletargado a las autoridades, pero no recibieron respuesta. Hoy, a pesar de la emergencia, tampoco se han acercado y nunca recibieron visitas ni apoyo de las autoridades. El año pasado un derrumbe solo mató algunas gallinas. Nunca imaginamos que hoy las víctimas serían nuestros seres queridos.
En la zona de San Antonio Pajonal y Asunción Mita, los campesinos que con esfuerzo han logrado salvar una parte de sus cosechas, no pueden pasar la frontera para intercambio y compra de insumos, porque son perseguidos por los militares prohibiéndoles pasar al país vecino, manteniendo una orden de la época de la pandemia. No comprenden por qué las autoridades se han convertido en sus enemigos en lugar de cumplir con su deber como agentes del orden.
En Puerto Parada, año con año las inundaciones se repiten por el colapso de la borda del Río Grande, la cual fue construida hace más de 30 años por antiguos dueños de los terrenos aledaños, que luego quedaron abandonados. Y aunque durante años han avisado de este problema, nunca les han hecho caso quedando totalmente aislados, sin poder salir a trabajar ni buscar los albergues, para cuidar sus pocas pertenencias.
La ciudadanía se pregunta ¿dónde están las autoridades, que reciben los impuestos y deben por el bienestar de los ciudadanos? En gobiernos anteriores, el presidente de la República se dirigía al pueblo en cadena nacional, para expresarle la solidaridad de su gabinete, y la cantidad de recursos destinados a paliar la emergencia. Incluso algunos mandatarios no dudaron en unirse a las brigadas de socorro para ayudar a los damnificados. En la actualidad, las prioridades del bukelismo son el bitcoin, energía nuclear, inteligencia artificial, un mega aeropuerto cuyas futuras pistas ya se inundaron, y otras astralidades que aunque consuman muchos recursos, todos sabemos que jamás se realizarán. No es de extrañar que El Salvador sea el país con más víctimas mortales en la región.
Y la situación contrasta con la cuenta del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) que cuenta con $4 millones en el presupuesto, pero en los primeros meses de este año, antes de la emergencia, ya había aumentado $49 millones cuyo destino se desconoce. Otro gallo cantaría a tantos salvadoreños que lo han perdido todo, si con esos recursos el gobierno de NI hubiera cumplido con su obligación de velar por el bien común.
Maestra.