Representantes del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) informaron que están preparando los elementos necesarios para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de la privación de libertad del exministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, y del exinspector general de Centros Penales, Ramón Roque.
El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó el 11 de diciembre de 2023 poner en libertad a ambos procesados, por haber cumplido dos años de detención provisional, y les dictó medidas alternas a la prisión; pero, seis meses después, ambos siguen en la cárcel.
“Estamos denunciando el secuestro de Mauricio Ramírez por seis meses de incumplimiento por su libertad”, manifestó Ivania Cruz, abogada de Cofappes.
Sin respuesta
Cruz explicó que han agotado todas las instancias nacionales para que se cumpla la orden de las medidas alternas a la prisión para ambos imputados, pero ninguna institución ha respondido, por lo que se están preparando para llevar el caso ante la CIDH.
“Como Cofappes ya agotamos la vías nacionales, escritos en la Procuraduría de Derechos Humanos, aviso penal en la Fiscalía General por el cometimiento de delitos de los directores de Centros Penales, también, ya acudimos al comisionado de Derechos Humanos, la familia ya presentó un habeas corpus a la Corte Suprema de Justicia, pero de ninguna institución se tiene respuesta”, declaró.
Cruz expuso que, 10 días después de que el juzgado ordenara la libertad, presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso del posible cometimiento de desacato por parte de Osiris Luna Meza, director de Centros Penales y el director del penal La Esperanza, en Mariona, pero hasta ahora esta institución no ha respondido.
Por otra parte, el 22 de enero de este año, el mismo Comité solicitó a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) respuesta a un escrito presentado 16 meses antes por el exministro Landaverde, denunciando sobre supuestas vulneraciones a sus derechos y las garantías constitucionales en el proceso judicial, pero no obtuvieron respuesta.
De manera paralela, Cofappes ha presentado dos escritos a la Dirección de Centros Penales (DGCP) para solicitar que cumpla con la orden judicial, pero debido a que esta no se ha acatado, el 28 de mayo de este año, informaron al comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, pero aseguran que hasta el momento el funcionario no se ha pronunciado al respecto.
📣 A seis meses del secuestro de Mauricio Ramírez Landaverde exigimos cumplimiento de resolución judicial que le otorga libertad.#LibertadParaLosPresosPolìticos pic.twitter.com/HJLNE8x24m
— COFAPPES (@cofappes) June 10, 2024
Estado en silencio
La familia del exministro Ramírez Landaverde también acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a presentar un habeas corpus, pero tampoco la Corte ha respondido.
Por otra parte, el Estado salvadoreño tampoco ha dado respuesta a una petición de información por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada el 1 de julio del año pasado.
La CIDH solicitó al Estado salvadoreño proporcionar información sobre si “las autoridades competentes han evaluado una posible situación de riesgo” que podría enfrentar el exministro al interior del Centro Penal La Esperanza, en su calidad de exfuncionario.
La petición fue realizada por la CIDH ante una solicitud de medidas cautelares a favor de Landaverde y, aunque la Comisión dio un plazo de diez días al Estado salvadoreño, este no respondió.
“Aquí se da una demostración de la falta de cumplimiento de parte de los funcionarios con las leyes y con los derechos de las personas”, enfatizó Cruz.
Las representantes de Cofappes también denunciaron el incumplimiento de la atención médica que debía recibir Landaverde, debido a que el Instituto de Medicina Legal ordenó que fuera llevado a una consulta externa en el hospital Rosales, para ser sometido a un proceso quirúrgico por una hernia, mismo que hasta la fecha no se ha cumplido.
Las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecen que “todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes. Los reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía serán trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles”.
Según información brindada por el comité de presos políticos, Ramírez Landaverde también padece diabetes mellitus grado II y de hiperlipidemia (conjunto de trastornos del metabolismo de las grasas o lípidos, que se caracterizan por un aumento en sangre de las mismas, principalmente del colesterol y/o los triglicéridos), por lo que temen por su condición de salud.
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Juicio suspendido
Mientras las representantes de Cofappes brindaban la conferencia de prensa, fueron informadas que la vista pública programada para este martes en el Juzgado Quinto de Sentencia, en contra del exministro Ramírez Landaverde y Ramón Roque, fue suspendida.
Esta es la segunda vez que la vista pública es postergada. El pasado 26 de abril, el juicio fue suspendido debido a que Medicina Legal había ordenado que Landaverde debía someterse a un procedimiento quirúrgico debido a una hernia.
“En estos momentos, teniendo la conferencia de prensa, nos acaban de avisar que han suspendido la vista pública. Esto trae en consecuencia el deterioro de salud de Mauricio Ramírez y sigue la detención de manera ilegal, porque existe una orden judicial de libertad y se está violentando tanto garantías dentro del mismo proceso”, manifestó Cruz.
En el caso judicial en el que son procesados Landaverde y Roque, la Fiscalía presentó la acusación en contra de 23 personas señaladas por el desvío de fondos provenientes de tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio (Asacambio). Sin embargo, solo ellos dos se encuentran en prisión, los demás gozan de medidas alternas a la cárcel y otros ya fueron sobreseídos.
La Fiscalía acusa al exministro de Seguridad Ramírez de ser cómplice de los supuestos actos de corrupción en los que se habrían desviado 14 millones de dólares del Estado a cuentas personales.
La abogada de Cofappes agregó que en el proceso judicial ha habido desventajas en el derecho de defensa y aseguró que hasta el momento ni los abogados ni la familia han tenido contacto con los detenidos.
“Nadie tiene garantías de enfrentar un proceso de manera justa y el cumplimiento del debido proceso con las garantías que este debe de tener”, manifestó.