El 1 de junio el señor Nayib Bukele inició un nuevo período presidencial, aun cuando la Constitución lo prohíbe. En su discurso destacó que la prioridad de su régimen en los próximos años será la economía. Dijo que afrontará ese problema con medidas que él calificó como “medicina amarga”. No dio ninguna pista sobre cuáles serán, pero pidió a la masa que estaba presente que jurara “defender incondicionalmente [su] proyecto de nación, siguiéndolo al pie de la letra”.
En el período presidencial 2019-2024 el gobierno nunca presentó un plan de gobierno. Esto a pesar de que el artículo 167 ordinal 2º de la Constitución lo obligaba a hacerlo. Es previsible que en el régimen que inició este 1 de junio tampoco se presente un plan de gobierno. De manera que habrá impredictibilidad sobre la medicina amarga. Es por ello que lo poco que puede hacerse es recopilar pistas sobre cuáles pueden ser esas medidas económicas.
Una fuente de esos indicios lo podemos encontrar en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es cierto que las negociaciones entre el régimen de El Salvador y el equipo del FMI son reservadas. Y también es cierto que el régimen salvadoreño no autorizó al organismo para que en 2023 publicara el reporte del Artículo IV que contiene un diagnóstico del país y las recomendaciones que oficialmente formula el organismo. Pero algo que sí se logró publicar fue la declaración del personal técnico al finalizar la misión del Artículo IV. Tiene fecha del 10 de febrero de 2023. Las recomendaciones que en ese documento se hicieron son útiles para escrutar cuales son las probables medicinas amargas que pueden implementarse en los próximos años.
Algunas medidas propuestas el área fiscal fueron: 1. Aumentar el IVA; 2. Derogar los sistemas de escalafón salarial; 3. Reformar el cuerpo de burocrátas del Estado–; 4. Redimensionar el empleo público; 5. Eliminar el subsidio universal de GLP y focalizarlo.
En materia de pensiones se recomendó realizar un estudio actuarial independiente sobre la reciente reforma de pensiones.
En el área financiera se recomendó: 1. Realizar reformas regulatorias que restauren los requisitos de reserva a al menos el 15% de los depósitos; 2. Aprobar la Ley de Estabilidad Financiera; 3. Recapitalizar al BCR; y 4. Revisar el marco legal para los bancos cooperativos.
En cuanto al Bitcoin se recomendó: 1. Transparentar las transacciones del gobierno en Bitcoin; 2. Reconsiderar los planes de emitir los Bonos Volcán; 3. Reformar la Ley de Activos Digitales para que las garantías dadas por la ley sean equivalentes a las de las regulaciones de bolsas de valores tradicionales; 4. Auditar Chivo Wallet; y 5. Finalizar la auditoría al Fideicomiso Bitcoin.
Sobre transparencia se propuso: 1. Finalizar las auditorías sobre el gasto de emergencia relacionado con la pandemia financiado por el Instrumento de Financiación Rápida de 2020 del FMI, y el préstamo de emergencia del BID; y 2. Restaurar los estándares de transparencia fiscal antes de la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal durante la pandemia.
Respecto a las compras públicas se sugirió “estrechar” las condiciones bajo las cuales se aprueban regímenes especiales de contratación pública para casos específicos –ej.: las contrataciones para la construcción del CECOT–.
No sabemos cuál será la medicina amarga. Estos son solo indicios que se recogen de un documento del FMI. No hay predictibilidad alguna sobre qué vendrá. Lo mejor sería que el régimen transparentara sus intenciones publicando su plan. Ante la poca probabilidad de que esto ocurra, es recomendable que los ciudadanos permanezcan atentos a los indicios que surjan en los próximos meses para poder prepararse ante la inminente nueva realidad.
Abogado de la República.