El presidente Nayib Bukele termina su periodo constitucional el próximo 31 de mayo con un hito en la reducción de la tasa de homicidios, desde que se inició la sistematización de ese indicador de la violencia en el país.
Datos recopilados por el periodista Roberto Valencia, demuestran que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue de 3.4 en 2023, la más baja registrada desde 1994, muy abajo de la tasa de 37, cuando asumió su mandato en 2019.
Asimismo el promedio de la tasa en los cinco años de su gobierno constitucional fue de 15.1, muy por debajo comparado con la tasa de 73 en el periodo gobernado por Salvador Sánchez Cerén.
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“El Salvador cierra el año más seguro en toda su historia y se convierte en el país con la tasa de homicidios más baja de toda Latinoamérica”, publicó el presidente al finalizar el año pasado.
El mensaje de Bukele se basa en los datos oficiales que ellos mismos han brindado en redes sociales de 154 muertes violentas, lo que representa una tasa de 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Estos datos se han registrados bajo el criterios de categorización utilizados por el actual gobierno desde 2021, ignorando el Protocolo de Bogotá, el cual se tomaba como parámetro en la medición de los índices de homicidios por los gobiernos anteriores y el cual es utilizado actualmente por la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe.
El protocolo establece una serie de criterios técnicos, rigurosos y homogéneos que permiten la comparabilidad internacional y el Estado de El Salvador participó en su elaboración, a través de un representante del Instituto de Medicina Legal.
El sistema de medición con base al Protocolo de Bogotá incluye a personas particulares que mueren en enfrentamientos armados, delincuentes muertos en balaceras con las autoridades y las osamentas o restos encontradas en fosas o cementerios clandestinos, sin embargo el actual gobierno no contabiliza esos casos en sus datos de homicidios.
Al no tomar en cuenta los mismos parámetros utilizados en los años anteriores y en otros países, dificulta realizar una comparación fidedigna con otros periodos y con otros Estados a nivel de Latinoamérica.
Los otros datos
En contraste a los datos brindados por las autoridades de Seguridad, Valencia reportó en su cuenta de la red social X, 214 homicidios en 2023, al incluir 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con agentes del Estado y 20 asesinatos cometidos por particulares en presunta defensa propia.
“Si El Salvador quiere comparar su tasa de homicidios con la de Guatemala, EE. UU., Chile o México, debe registrar los homicidios bajo los parámetros del Protocolo de Bogotá, como hacen esos países. La tasa de 2.4 por 100,000 habitantes publicitada es tramposa. Es más real 3.4”, explicó Valencia al respecto.
“Los datos que dio a conocer el Gobierno excluyen homicidios que sí lo son, según el Protocolo de Bogotá, que es el sistema de monitoreo adoptado por la inmensa mayoría de países del continente”, agregó.
Los datos fueron obtenidos a través de un informe confidencial de la Policía Nacional (PNC) al que el periodista tuvo acceso.
Los datos estadísticos son de carácter público, según lo establece la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP), sin embargo, el actual gobierno ha catalogado como información reservada por siete años toda la información relacionada con los homicidios y lo único que se sabe es lo que publican en sus redes sociales.
Esa falta de transparencia ha dificultado el análisis de datos realizado por años en los observatorios universitarios y las organizaciones civiles, para lo cual ahora solo cuentan con los homicidios publicados por la PNC a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.
El último informe del Observatorio Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, (UCA) contabiliza 309 muertes violentas en 2023, lo que representa un descenso significativo al comparar los datos con los años anteriores: 659 en 2022, 1,076 en 2021 y 1,341 en 2020.
Los datos del OUDH incluyen las 154 muertes reportadas por las autoridades de Seguridad, otras variables que el gobierno ha excluido, pero además ha tomado en cuenta un porcentaje de las muertes registradas bajo custodia del Estado.
“Para este cálculo se toma en cuenta el 100% de lo reportado por el Estado (154), de las osamentas (60), de las personas particulares fallecidas en enfrentamientos armados (34), personas particulares fallecidas no contabilizadas (5 presuntos pandilleros) y el 50% de las muertes de personas privadas de libertad (56)”, destaca el documento.
Aunque el fiscal general dijo en un programa televisivo que no hay delito que perseguir con relación a las muertes en las cárceles, el Socorro Jurídico Humanitario ha denunciado en reiteradas ocasiones que aproximadamente el 44% (105) de las personas que han muerto en centros penales presentaban indicios de muertes violentas.
Aún incluyendo el 50% de esas muertes el 2023 sigue siendo el año con la tasa más baja al hacer un comparativo desde 1994, cuando se estableció el registro de homicidios en el país y tomando como referencia los datos publicados por Valencia.
Para lograr este hito el gobierno tuvo que recurrir a un supuesto acuerdo con los cabecillas de las pandillas, según lo reveló el periódico El Faro, y hacer uso de un régimen de excepción de manera indefinida.
A pesar de reportes de reducción en la tasa de homicidios, organizaciones de derechos humanos han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) múltiples violaciones a derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y posibles muertes por torturas en los penales.
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